Los efectos de la corrupción
La corrupción es un fenómeno que ataca de preferencia a los países latinoamericanos y a las democracias jóvenes, y que genera un impacto negativo en el desarrollo, por la desconfianza en el sistema institucional y por el mal uso de recursos que podrían utilizarse en áreas deficitarias.
Por años, Chile había sido reconocido como una nación alejada de los excesos y la corrupción, sin embargo, esa imagen se ha ido perdiendo progresivamente, mientras se conocen hechos delictivos en gran parte de la sociedad. Empresarios que se coludieron para ganar más dinero con los medicamentos, con el papel higiénico o que estafan al Fisco; políticos que fueron financiados por poderes económicos; instituciones de las Fuerzas Armadas que cometieron fraudes con recursos públicos, entre otros.
Entendida como el uso de bienes, servicios, recursos públicos y normas legales para favorecer intereses privados, la corrupción es percibida por las personas como un fenómeno preocupante. Las encuestas que se dan a conocer con cierta regularidad ofrecen una mirada global a las tendencias en materia de percepción de este fenómeno, así como también de sus denuncias concretas, evaluando las instituciones y el actuar de instrumentos de política y de gobierno en el control de la misma. El tráfico de influencias, los pagos ilícitos y el mal uso de recursos fiscales son, por lo general, los casos más mencionados por la gente, ya sea para ganar una licitación, acelerar un trámite o influir para la entrega de algún permiso.
Un reciente estudio de la consultora Ipsos reveló que el 76% de los chilenos cree que hay un alto nivel de corrupción en el país, en medio del escándalo de aportes estatales a fundaciones ligadas a personeros y partidos afines al gobierno. En el caso del Estado, pese a que un 31% considera que tiene los medios para actuar con probidad y transparencia y fiscalizar, el 56% opina que no fiscaliza su propio actuar. También existe desconfianza sobre las prácticas de las empresas privadas. Los principales cuestionamientos se encuentran en relación a que no son transparentes en relación a sus resultados comerciales y sus ganancias o transparentes en precios de sus productos y condiciones de servicio.
Pero el problema no se presenta sólo a nivel de las instituciones, sino también a nivel personal. Hace unos años se conoció que 437 mil chilenos mintieron para obtener un bono estatal para la clase media, entre los cuales había unos 37 mil funcionarios públicos, en un hecho que si bien no es homologable a los casos anteriormente mencionados, parece revelador de la laxitud con que se aborda lo correcto y lo ético. ¿Qué nos ha pasado? En el debate acerca del grado en que este problema se da en el país, suele predominar la convicción de que tales situaciones son excepcionales, comparadas con otros países. No obstante, los estudios muestran cómo este problema se va instalando en el país, va carcomiendo a las instituciones y la confianza de la gente, porque la corrupción es una especie de cáncer que ataca los fundamentos de la sociedad y la democracia.
Según un estudio realizado por la ONG Transparencia Internacional, un tercio de los latinoamericanos pagó sobornos para acceder a servicios públicos, concluyendo que existe un alto nivel corrupción en Latinoamérica. También es preocupante la cantidad de personas que no denuncian debido a que perciben que las presentaciones no tienen efecto. Cuando la ciudadanía tiene la percepción de que vive en un país corrupto, no sólo pierden los respectivos gobiernos, sino que se deteriora la confianza y se afecta la credibilidad en la institucionalidad. Cada cierto tiempo un nuevo escándalo nos recuerda que el deterioro del comportamiento es real, porque para muchos, todo vale con tal de conseguir sus objetivos. Lo bueno es que nos sorprendemos, pero lo malo es que hacemos poco por erradicar esa conducta, que cada vez se va haciendo más frecuente.
Un estudio de la consultora Ipsos reveló que el 76% de los chilenos cree que hay un alto nivel de corrupción en el país, en medio del escándalo de aportes estatales a fundaciones.