Justicia proyecta capacitar a 12 funcionarios locales por Plan Nacional de Búsqueda
El gobierno está a la espera de que la Contraloría tome razón del decreto que permitirá formalizar los recursos y en la Seremi ya se realiza un proceso de revisión de formularios y de estudio. Agrupaciones tienen esperanza, pero reconocen que no será una tarea sencilla.
El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia que anunció el gobierno a fines de agosto nació con la idea de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino final de las víctimas de desaparición forzada en la dictadura de Augusto Pinochet, que en Biobío suman 149, cifra que representa más del 10% del total nacional y que ubica a la zona como la segunda más golpeada de Chile. Así, se espera, por ejemplo, reconstruir las trayectorias de estas personas, avanzar en el establecimiento de verdad judicial y extrajudicial, ubicar, recuperar, identificar y restituir restos mortales, promover la participación informada en los procesos de búsqueda, así como la memoria, brindar atención integral a familiares y desarrollar medidas de sensibilización y promoción sobre desaparición forzada.
Por el momento, el Ejecutivo sigue a la espera de que la Contraloría tome razón del decreto supremo respectivo, a fin de poder iniciar de lleno con las acciones propuestas por el plan. La esperanza del nivel central es que esto se logre sí o sí dentro de este año, aunque entienden que todo depende del órgano contralor.
Un vez que esto se vise, comenzará un proceso de capacitación que a nivel regional busca incluir a los 12 funcionarios de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, entendiendo que habrá una etapa inicial de recopilación de información por medio de testimonios. Según Claudia Soto, titular regional de la cartera, el Ministerio se ha encargado a la fecha de dar insumos a los seremis y funcionarios para ordenar el plan de búsqueda, "así que estamos en eso, revisando formularios para el caso de sitios de interés, testigos o víctimas no calificadas. Tenemos que aprender a manejar esos formularios y ya nos llegaron instructivos, insumos y trabajo de estudio, pero ahora aviene todo el proceso de capacitación".
La capacitación
La seremi explica que con la toma de razón de Contraloría ya se podrá comenzar a trabajar de forma directa en la recopilación de datos y antecedentes, pues ese visado da legalmente las herramientas que moverán la maquinaria pública. Asimismo, se impulsará la capacitación ya mencionada, que es coordinada desde Santiago y que busca, en términos generales, preparar a los equipos regionales a la hora de recibir a personas que precisen "contar cosas que puedan servir para encontrar a otras personas y que no se sepan aún". La mecánica sobre cómo se recabará la información no fue detallada en esta oportunidad, aunque sí se indica que la recopilación no sólo se centrará en lugares relacionados con inhumaciones ilegales, sino también en el paradero de víctimas no calificadas y en aquellos casos donde no se llegó a una convicción firme.
"A diferencia de otras regiones, nosotros tenemos un abogado encargado del programa de Derechos Humanos. Él va a estar encargado de las gestiones. Eso sí, pedí que en Biobío todos nos capacitemos, los 12 funcionarios, porque asumo que alguien se pude enfermar o estar en otras actividades fuera de la oficina, entonces lo ideal es que haya una persona designada, pero todos al mismo tiempo deben estar lo suficientemente capacitados para recibir a la persona que llegue y no decirle que vuelva otro día", plantea Soto.
Toda la información recibida por la Seremi será sistematizada y enviada a Santiago, de tal manera que el nivel central realice las posteriores gestiones de búsqueda.
Expectativas
Las agrupaciones locales reconocen y destacan el avance que esto representa, ya que es la primera vez que el Estado formaliza una acción de ayuda para buscar a los detenidos desaparecidos. Reconocen también que se tratará de un trabajo de largo aliento y que, efectivamente, será complicado dar con el paradero de todas las víctimas.
Ester Araneda, fundadora de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Concepción, sostiene que en su caso "nunca hemos perdido la fe de encontrar a nuestros familiares y esto creo que nos ayudará, porque nunca hemos rechazado ninguna propuesta. Esta propuesta para nosotros es también una esperanza, sabiendo que a muchos no los vamos a encontrar, y por eso hemos luchado 50 años (...) En este tiempo hemos llamado a los que saben qué pasó con nuestros familiares, pero nunca nos han respondido, ya que hay un pacto de silencio muy grande".
En esa línea, llama a todas las personas que tengan información seria a que digan dónde están la víctimas desaparecidas de la dictadura.
La presidenta de la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos, Yolanda Concha, agrega que "todas las esperanzas están puestas en este plan y abogamos por que esta vez haya un método para que los asesinos hablen y entreguen la información que se necesita en este país para resolver la situación de los detenidos desaparecidos (...) La información hoy existe, sólo falta aunar los criterios para poder estar al tanto, y creemos que pueden estar las facilidades para que la información sea entregada".
50 años de trabajo llevan las agrupaciones locales en miras de dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.