Medidas presupuestarias que inquietan a la Región
Las autoridades advierten que la actual propuesta de glosa no recoge el tradicional mecanismo para hacer efectivas las subvenciones que se entregan a las organizaciones sociales. Desde el Congreso, en tanto, se muestran preocupados por la merma de los denominados "fondos espejo".
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Los ánimos al interior del Gobierno Regional no fueron los mejores una vez que el Ejecutivo fijó en $111 mil millones el monto inicial asignado para Biobío en el marco de la discusión presupuestaria del año 2024. La idea de los representantes emplazados en Prat 525 era alcanzar los $161 mil millones, es decir, la cifra entregada representó una baja de 31% respecto a las aspiraciones de los consejeros regionales y el gobernador Rodrigo Díaz. De eso han pasado algunos días y el desasosiego continúa, pero también se suman otras preocupaciones que tienen que ver con restricciones en el uso de los recursos y una eventual afectación a las organizaciones sociales de la zona.
Desde la comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión del cuerpo colegiado levantan las alarmas. El presidente de la instancia, Andrés Parra, explica que a la fecha existe desconocimiento sobre las subvenciones que año a año se entregan a estas entidades, ya sea juntas de vecinos, clubes deportivos o de adultos mayores, entre otros entes con personalidad jurídica, a fin de que puedan postular a fondos que abarcan temas de seguridad, deporte, cultura, mujeres, medioambiente o vulnerabilidad. Para este año, de hecho, un 8% de los fondos regionales serán destinados a este tipo de iniciativas, proporcionando como máximo $5 millones a cada proyecto.
"Eso no se establece en esta propuesta de glosa presupuestaria, sino que dice que habrá una definición entre la Dipres y la Subdere, que establecerán la forma. Todos los años venía claramente estipulado en la glosa del presupuesto, entonces nos preocupa, porque no sabemos si hay una restricción, no sabemos qué va a decir la Subdere en enero o febrero", desliza el consejero Parra, quien enfatiza que tradicionalmente, como esto quedaba aprobado en la Ley de Presupuesto, las bases del concurso eran elaboradas por el Consejo Regional en los dos primeros meses de cada año, "con la idea de que el concurso fuese rápido y cerrar el 15 de abril, entendiendo que esas bases también van a toma de razón de Contraloría".
El socialista agrega que "no se le puede quitar una de las cosas principales que hace el Gobierno Regional, que es la relación con las comunidades. No puede ser que por este manto de dudas que genera el caso Convenios terminemos castigando a los dirigentes sociales. Eso sería un error, porque hay que incentivar la participación ciudadana", resalta.
Su par comunista Tania Concha se suma al cuestionamiento, "ya que nadie sabe qué va a ocurrir con ese 8%", algo que a su juicio se suma "a otras cosas que la Dipres está zanjando y que a estas alturas ya deberían estar sancionadas". En vista de este asunto puntual y la merma en el erario regional, la consejera precisa urgente una reunión entre los gobiernos regionales y la Dipres para resolver las inquietudes.
El independiente James Argo (ex UDI) sostiene que el tema de las subvenciones es un aspecto sensible, pues va directamente a beneficio de las distintas organizaciones. "Por razones que desconozco, el gobierno y la Dipres lo dejaron fuera. Espero que eso se pueda reponer o que expliquen cuál es la herramienta para poder entregar estos valiosos fondos, ya que en caso contrario pierde la gente (...) Si eso no queda claro, se tendrían que buscar otras alternativas para abordar las necesidades que tienen las diferentes agrupaciones", afirma.
En paralelo, surge otro punto relacionado a los activos no financieros, que se asocian a las típicas compras de vehículos o maquinarias, proceso en donde postulan los municipios. Andrés Parra denuncia que esa línea y su forma de ejecución tampoco está clara en la propuesta 2024, razón por la que asegura que es una mala señal el hecho de que el Ejecutivo "haya innovado tanto en la propuesta de glosas presupuestarias".
Las preocupaciones del congreso
A nivel del Congreso, explican que en el actual contexto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha presentado algunas restricciones, como en los recursos de transferencias directas que están en 7 mil UTM en el actual erario ($444 millones). Para 2024, sin embargo, el Ejecutivo espera que las asignaciones que sobrepasen las 3 mil UTM ($190 millones) y que efectúe cada gobierno regional tendrán que contar de forma obligada con el visto bueno de sus consejeros y de la Dipres.
"Esa es la propuesta del gobierno, pero eso será muy discutido por los parlamentarios, no la rebaja, pues algunos parlamentarios, incluidos los del oficialismo, piensan que las transferencias deben ser cero, es decir, ha impactado fuertemente la entrega de recursos a fundaciones que, francamente, realizaron proyectos que no sirven para nada", puntualiza el diputado DC Eric Aedo.
Agrega que la experiencia de las fundaciones también será un aspecto clave a la hora de otorgarles fondos, ya que a los dos años que propone el nivel central se le podría sumar un tercero.
Respecto al punto planteado por los consejeros, Aedo cree que es algo que sí se puede discutir y reabrir en la discusión. Al ser parte de la comisión de Hacienda y de la cuarta subcomisión mixta de presupuesto que ve los erarios de los gobiernos regionales, reconoce que no tiene ningún problema en resguardar la situación de las organizaciones sociales, "pero los consejeros regionales tienen que hacerse cargo de la indecisión y falta de fiscalización respecto a los presupuestos regionales, porque eso los llevó a esta situación. Ahí falta una autocrítica".
Más allá de lo anterior, el diputado se muestra inquieto por una restricción que no aparece de forma directa en la discusión de los gobiernos regionales, sino que en el presupuesto del Ministerio de Transportes, en los recursos espejo. "Durante 2023 ese presupuesto fue de $700 mil millones y para 2024 son $400 mil millones, y eso es una complejidad, porque esa disminución impactará muy negativamente en los gobiernos regionales. Es una baja de 40% en los recursos espejo del sistema de transporte, y se supone que esos dineros son para obras de infraestructura de transporte y que en regiones se ocupan también en temas de multicanchas o proyectos sociales", advierte.
Para Flor Weisse, representante UDI por el distrito 21, es normal que las autoridades que forman parte del Gobierno Regional se sientan hoy temerosas, sobre todo después de experimentar una situación gravísima asociada al caso Convenios. "Aquí, lamentablemente, pagan justos por pecadores (...) Se paralizan los traspasos de recursos y mucho de lo que estaba encausado en las regiones, porque las cosas no se hicieron bien, por eso hay que tomar una medida general y este es un costo que paga la Región, es decir, la incertidumbre y el no tener claridad", afirma respecto a los cuestionamientos expuestos por los consejeros.
En su análisis, la expresidenta del Consejo Regional sostiene también que esto era algo que se veía venir, "pues con todo lo que ocurrió era evidente que algo iba a suceder; esto tiene que mejorarse y deben haber medidas correctivas, y eso implica un período de adaptación por todo lo que hay que generar como mecanismo de acción a la hora de fortalecer los estándares de exigencia en el uso de recursos públicos".
Por último, el diputado PEV Félix González plantea que en toda esta discusión será importante buscar, de forma paralela, medidas que sean efectivas para garantizar una buena ejecución de los dineros fiscales. Esta semana, de hecho, González expuso a la comisión de Gobierno de la Cámara Baja un proyecto que se sustenta en tres elementos: devolver a los consejeros regionales la posibilidad de votar todos los proyectos, generar una plataforma que obligue a los gobiernos regionales reunir los expedientes técnicos de los proyectos e iniciativas de inversión y establecer la obligatoriedad de concursar los planes en los que existan traspasos de recursos públicos a entidades privadas sin fines de lucro para evitar la utilización del procedimiento de asignación directa con este tipo de organizaciones.
Al igual que Eric Aedo, el ecologista pone paños fríos a la preocupación del Consejo Regional por las subvenciones de los organismos sociales. Desde su punto de vista, ese es un asunto que de todas maneras quedará zanjado en la discusión presupuestaria, "con un porcentaje que no debiera ser muy distinto (al actual), entendiendo también que hay proyectos que son a privados sin fines de lucro y que tienen más de una cuota anual".
"La mayor preocupación tiene que ser en la transparencia del gasto", recalca el diputado, quien enfatiza que incluso los proyectos de menor cuantía tienen que pasar por bases con criterios objetivos y no arbitrarios.