Proyectan para fin de año inicio de centro de apoyo a víctimas de violencia que impulsa el Gore
El Centro regional de asistencia a víctimas de violencia rural y urbana de connotación podría atender a unas 200 personas afectadas de manera directa en la zona. El trabajo que ejecutará la USS complementará la acción de los dos centros que tiene el Ejecutivo.
A mediados de junio se conoció la entrega de $750 millones de parte del Gobierno Regional para crear, tal como ellos mismos indicaron en su momento, "un inédito espacio de soporte a quienes han padecido los embates de la delincuencia". Se trata del denominado Centro regional de asistencia a víctimas de violencia rural y urbana de connotación, que forma parte de los ejes del plan "Biobío + seguro".
La verdad es que este tipo de iniciativas ya existen en la Región del Biobío. Desde 2018, por ejemplo, opera un plan liderado por el Ejecutivo que brinda apoyo a víctimas de violencia, aunque más bien con foco en el ámbito rural. Actualmente, el gobierno central trabaja con dos centros de acompañamiento, uno ubicado en Cañete y otro en Los Ángeles.
Desde el Gobierno Regional explican que la iniciativa que ellos impulsan -que será ejecutada por la Universidad San Sebastián (USS)- busca convertirse en un complemento al trabajo de ayuda que hay a la fecha, es decir, se abrirá como alternativa y cada víctima será quien decida libremente a qué instancia acudir, pero entendiendo que detrás también habrá una coordinación entre el nivel central y regional. Lo importante es que no haya una sobreintervención.
Francisco Navarro, abogado de la Unidad de Seguridad Ciudadana del ente que impulsa el proyecto, explica que una de las diferencias con la labor que tienen los centros de la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene que ver con el alcance, pues con el nuevo programa podrán llegar a las 33 comunas de la Región, lo que no significa que habrá una oficina en cada ciudad. La idea es que exista una casa matriz en Concepción y luego tenga un desplazamiento hacia las provincias de Arauco y Biobío.
"Esto no solamente dice relación con apoyo jurídico, presentación de querellas, porque también aborda asesorías jurídicas integrales. Muchas veces la víctima en la zona rural no puede demostrar que su delito haya sido en tal o cual, y además es posible que tenga algún problema de posesión efectiva, por ejemplo, y ahí la USS la ayudará", explica.
Otro ventaja es que este plan, que tiene un plazo de dos años, tendrá presupuesto para desembolsar dinero en peritos. "Cuando nos enfrentamos en un juicio penal, necesitamos como medio probatorio el informe de algún perito, ya sea psiquiatra, psicólogo, forense, etc., y muchas veces los centros del gobierno central no los tienen", agrega, pero aclara que esta no es una suerte de competencia, sino que el objetivo "es llegar donde ellos no pueden llegar, una especie de complemento que viene a fortalecer el trabajo en Biobío".
Plazos y mecánica de trabajo
Tras la aprobación del financiamiento por parte de los consejeros y consejeras regionales, el programa se encuentra hoy en la Dirección de Presupuesto, para posteriormente pasar a la visación por parte de la Contraloría, la firma del convenio y la entrega de los recursos. De ir por buen camino, se espera poner en marcha este plan a fin de año, o a más tardar en enero próximo. La ejecución considera una primera fase de 24 meses.
El centro tendrá una cobertura en las 33 comunas de la Región y la ayuda podrá activarse luego de que la persona afectada concrete la denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros o en la PDI, o bien de manera espontánea y directa en el centro. Listo eso, podrá recibir asesoría legal de forma gratuita junto a un acompañamiento psicosocial.
"La atención que se brindará tendrá un formato de triada por parte de abogados, trabajadores sociales y psicólogos", precisan desde el Gobierno Regional.
Diego Lapostol, abogado, académico de Vinculación con el Medio USS y encargado del programa, cuenta que el equipo estará integrado por unos diez profesionales, quienes dado el actual contexto de violencia estiman llegar a unas 200 víctimas directas en la zona.
"Se ofrecerá un acompañamiento integral no sólo a las víctimas, sino también a su círculo familiar más cercano, acompañamiento que consiste en varias etapas que pensamos que serán nucleares para un óptimo resultado. Consideramos el acompañamiento continuo a la víctima y su familia, ya que, por la naturaleza de los delitos, la experiencia nos ha indicado que la representación por sí misma no es suficiente", sostiene Lapostol.
De este modo, la idea es brindar contención, atenciones jurídicas integrales, "pero no sólo en el ámbito penal, sino que también en otras materias que requieran de su asistencia", así como también psicológicas y sociales, y acompañamiento durante la judicialización de su caso y seguimiento post representación.
De acuerdo al profesional, esta mecánica tiene muchas similitudes al trabajo que se desarrollan en las clínicas jurídicas, sobre todo respecto a los protocolos de atención. Agrega que a diferencia de otras iniciativas, lo que se busca aquí es entregar una ayuda integral que abarque más materias.