Por Redacción

El paro de la Confederación Fenats Nacional, de los Trabajadores de la Salud Pública, se extenderá al menos hasta las primeras horas de mañana, luego de un llamado por 48 horas para evitar el despido de 6.300 trabajadores a honorarios que ejercieron durante la pandemia de covid-19, así como la falta de reconocimiento a la carrera funcionaria, asignación técnica universal e incentivo al retiro.

La presidenta de la Fenats, Karen Palma, al cierre de esta edición dijo a Radio Bío-Bío que "no hemos tenido una reunión con la ministra (de Salud) Ximena Aguilera", quien permanecía en La Moneda.

En la comisión de Salud del Senado, horas después, la dirigente afirmó que se están manifestando por "la decisión de terminar el contrato a trabajadores que fueron tratados de héroes y heroínas durante la pandemia".

"Se trató de plantear que a estos 12.300 (funcionarios) covid-19 se les acabó la tarea, se les acabó el presupuesto (al Ejecutivo) y que por eso tenían que despedirse. Y hemos salido a decir fuertemente que el sector llegó a tener 32.000 trabajadores a honorarios covid", detalló Palma.

"Entendemos que la pandemia bajó sus niveles, estamos en una situación mucho mejor de lo que tuvimos en algún minuto, y que estos trabajadores tenían que ir dando término a sus funciones. Lo que no nos explicamos es que, después de un tiempo, los empleadores, en este caso servicios de salud, el ministerio, a esos trabajadores les plantearon que iban a cambiar sus funciones y que estas iban a ser permanentes, en programas, atención de camas UCI (cuidados intensivos), pabellones, y estos trabajadores accedieron, hace más de un año", recordó la dirigente.

"Hoy se plantea que de esos 12.300 trabajadores, por un tema presupuestario, solamente se pueden quedar 6.070 y el resto debe ser despedido. Sabemos de directores de hospitales y de servicios que incluso han generado informes técnicos de la repercusión sanitaria que tendrían estos despidos" y los han enviado en forma privada a las autoridades, señaló Palma, en tanto que el viernes ya fueron desvinculadas 2.500 personas.

Nota de protesta

La ministra Aguilera y la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, ayer también fueron citadas a la comisión en el Congreso. Ambas se ausentaron y enviaron excusas.

El presidente de la instancia, senador Juan Luis Castro (PS), dijo que "cuando queremos conversar temas tan sensibles, que no venga la autoridad no es solamente doloroso, sino que es casi una provocación, perdónenme que se los diga", por lo que se decidió enviar "una nota de protesta a La Moneda ante la ausencia de las personas que hoy (ayer) estaban convocadas".

"Esto es unánime, para que sepan los dirigentes gremiales acá. Pero, ¿saben qué es lo más doloroso? Que (esto ocurra) en un Gobierno de izquierda, en que se busca dar satisfacción a los grandes anhelos del pueblo, y en este caso el pueblo chileno se va a ver severamente perjudicado con las bajas coberturas, con aumentos de listas de listas de espera y todo lo que esto implica", agregó el médico.

Su par de RN, Francisco Chahuán advirtió que "no vamos a aprobar la partida (de presupuesto) de Salud mientras no se reincorporen todos y cada uno de los trabajadores que estaban en la primera línea en covid".

El Gobierno necesitará reunir los votos de un tercio del Senado para aprobar el veto ingresado a la Ley de usurpaciones, es decir, 18. Ante esto, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó ayer que "creo que sí" están los votos.

Uno de los aspectos que sustituyó el Presidente Gabriel Boric fue el de la legítima defensa privilegiada, o autotutela, sobre el que Elizalde recordó en radio Cooperativa que "fue rechazado por un número significativo de senadores, también de diputados, que superaron con creces el tercio".

El presidente del PC, Lautaro Carmona, agregó en ADN Radio que "alguien justifique que el privado pueda defenderse y usar la fuerza para contener una pretérita usurpación, es abrirle paso no a la ley de la selva, sino a la ley del oeste".

Esto, a juicio del timonel, hará que "el que tenga mejor capacidad de armamento o la mejor posición, es el que va a resolver algo que debiera resolver el Estado mediante la vía judicial".

Su par de la UDI, Javier Macaya, pidió al Ejecutivo que "no sean el vagón de cola del PC", porque "creemos que el error más grave que ha cometido el Gobierno en materia de seguridad, siendo el tema más relevante para los chilenos, es la agenda de seguridad".

"El mismo error que cometieron con los indultos en enero, que al final termina la ciudadanía asumiendo que al Gobierno no le preocupa tanto el tema de la seguridad, están cometiendo ese mismo error con el veto a la Ley de usurpaciones", indicó el senador.

Macaya agregó que el veto "altera la voluntad que mayoritariamente expresó el Parlamento hace un mes atrás (cuando se aprobó la Ley), que se votó favorablemente incluso con votos de la centroizquierda".

El diputado Miguel Mellado (RN) señaló al respecto que "si el veto no desdibuja el proyecto que se votó en el Congreso, que ayuda a las personas que tienen sus predios usurpados en La Araucanía o los sitios tomados en todo el país, viene bien".

El Banco Central (BC) publicó ayer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que registró una caída de 0,9% al comparar con el mismo mes del 2022, una baja que es mayor a lo estimado por los expertos, que en la Encuesta de Expectativas Económicas apuntaban a un retroceso en torno a -0,2 por ciento.

"La serie desestacionalizada disminuyó 0,5 por ciento respecto del mes precedente y retrocedió 0,9% en doce meses", reveló el instituto emisor.

De acuerdo al comunicado, la variación anual se explica por "la caída de los servicios, compensada en parte por la producción de bienes", mientras que el crecimiento desestacionalizado "estuvo determinado por el desempeño de los servicios".

En tanto, el Imacec no minero "presentó una disminución de 1,3 por ciento en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior".

Con este resultado, el índice regresa a la baja tras el registro de julio, que obtuvo un alza de 1,8% y sembró el optimismo.

"no nos deja tranquilos"

Ante estos datos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que "es una cifra que no nos deja tranquilos. Habríamos preferido, por supuesto, cifras mejores".

Para el secretario de Estado, la cifra se explica porque "si uno mira la desagregación de esta cifra, lo que vamos a ver es que el componente negativo está concentrado en el sector de servicios y está fundamentalmente explicada por el paro de profesores que afectó a la educación pública durante una semana en el mes de agosto y además por la suspensión de clases con motivo de los temporales que afectaron a la zona centro-sur durante ese mes. Eso explica prácticamente la totalidad de la cifra negativa mensualizada".