"Las FF.AA. han sido esenciales para llegar a los resultados que tenemos"
A prácticamente dos años del inicio de la medida presidencial en las provincias de Arauco y Biobío, la autoridad regional sostuvo que aún se requiere para acortar la brecha de rezago con seguridad y atacar el crimen organizado.
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"Lo que queremos es seguir entregando esa certeza a la ciudadanía de seguridad, que ha permitido recuperar el desarrollo económico, el movimiento que tenían estas comunas como en este verano, mientras nos seguimos haciendo cargo del problema del crimen organizado y esa es la razón por la que se debe mantener el estado de excepción".
De esta forma la delegada regional Daniela Dresdner describió la importancia y necesidad de mantener el estado de excepción en las provincias de Arauco y Biobío, esto a dos años de que fuera implementado el 17 de octubre del 2021 bajo el gobierno de Sebastián Piñera y que se decidiera volver a implementarlo un mes después de iniciado la administración de Gabriel Boric, en el marco de los graves hechos de violencia que afectan a las regiones del Biobío y La Araucanía.
La autoridad destacó en este balance que en el delito ícono de sustracción de madera se registra un 180% más de detenidos, es decir, 146 personas durante este año. También han disminuido los robos de vehículos en un 9,7% mientras que la recuperación de los mismos aumentó en un 26% y las detenciones por receptación subieron un 40%. Las causas asociadas a violencia rural han disminuido un 28% en comparación al 2022 y los hechos incendiarios a agosto de este año han bajado un 24%.
-¿Cuáles son los principales resultados que ha tenido el estado de excepción en la Región?
-Vemos el resultado del estado de excepción con súper buenos ojos. Hemos tenido resultados concretos con el trabajo de las FF.AA., Carabineros y la PDI, con una disminución de la violencia rural en la Macrozona Sur de un 31% entre 2021 al 2022, y adicionalmente este año volvió a bajar casi un 10%, pero en Biobío tenemos datos aún mejores: los ataques incendiarios han bajado un 38% en comparación al 19% en la macrozona, los detenidos aumentaron un 300%, asociados también a las orgánicas radicales.
También tenemos avances en la presencia del Estado en esas zonas, algo que nos preocupaba mucho y que está asociado a la gran inversión del Plan Buen Vivir, en que cerca de $100 mil millones son para la Región, con inversiones concretas que están en distintas etapas, además de reuniones con las comunidades, trawünes, y a partir de eso tenemos la certeza de que hay reivindicaciones justas que no están asociadas a los delitos de bandas de crimen organizado, como lo hemos podido constatar con las investigaciones que hemos visto recientemente.
-La medida que lleva el nombre de "excepcional" ya se volvió algo constante. ¿Hasta cuándo será necesaria?
-Hay una discusión legislativa y claramente un estado de excepción tiene una característica excepcional, pero creo que más bien tiene que ver con ponerse al día con las herramientas que tenemos para poder generar el combate de la mutación de los delitos al crimen organizado. Un delito que en la ruralidad tiene dificultades por el gran territorio que hay que cubrir, donde además se suma la presencia de organizaciones radicales que dicen estar asociadas a conflictos de recuperación de tierras, pero que en lo concreto cometen delitos y complejizan la situación.
Carabineros por sí solo no alcanza a cubrir todos los espacios, por lo tanto las FF.AA. y su rol han sido esenciales para llegar a los resultados que tenemos hoy. (...) Entendemos que hay brechas gigantescas respecto de la llegada del Estado, como caminos, agua potable, postas, colegios, etc., y para que sea efectiva tenemos que garantizar la seguridad, es algo que está corriendo en paralelo y el trabajo de las FF.AA. nos ha permitido llegar a las necesidades y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.
-¿Entonces esto no se puede hacer sin estado de excepción?
-No diría que no se puede hacer, sino que probablemente tendríamos mayores dificultades. Lo más importante tiene que ver con poder entregarle una seguridad real a la ciudadanía, es decir, que se sientan tranquilos de vivir ahí, de poder abrir su negocio. La presencia militar expandida permite que las investigaciones de la PDI y el Ministerio Público avancen de mejor manera, con resultados que nos permitirán desbaratar todas estas bandas que generan la mayoría de estos problemas, para que esa seguridad luego se mantenga por sí misma.
-¿Qué se considera para mantener la medida y cómo se comparte esto con los alcaldes?
-Hay una preocupación transversal sobre cómo sacas el estado de excepción después de tanto tiempo y creo que esto tiene que ver con los indicadores que nos van a decir cuándo es pertinente salir; tienen que ver el punto de vista de la seguridad sobre la cantidad de detenidos, bandas desbaratadas, pero también con la presencia e inversión del Estado, la recuperación del espacio público, y esa conversación la mantenemos constantemente con los alcaldes de la zona. No hay ningún alcalde que quiera que saquemos a las FF.AA. de estos territorios, pero también han dicho claramente que la inversión allí ha aumentado de manera significativa.
-¿Sigue siendo sostenible la presencia de las FF.AA. en la zona?
-Se ha invertido para habilitar distintos lugares, ya que cada vez que se pide una avanzada de las FF.AA. hay que habilitar dónde estarán. Ha sido un trabajo constante para llegar a una condición aceptable de habitabilidad de las tropas, pero claro que genera problemas logísticos. Sin embargo, todos somos parte del mismo Estado y gobierno, las FF.AA. están muy disponibles en lo que haya que apoyar para poder seguir avanzando en esta tarea de entregar seguridad.