Por Karlyng Silva Leal

A más de 6 meses del incendio que afectó a la residencia Castellón bajo administración del Servicio Mejor Niñez en Concepción, el inmueble volverá a ser ocupado por los adolescentes que se encuentran con medidas de protección por parte de tribunales. Así lo indicó la directora regional, Andrea Saldaña, tras confirmar que el proceso que se estaba desarrollando para instalar una residencia transitoria en el sector que fue suspendido, al mismo tiempo que se inició un sumario administrativo.

En junio el servicio firmó un contrato con el propietario de una vivienda ubicada a 400 metros aproximadamente del Parque Nacional Nonguén, allí iban a ser trasladados los adolescentes que residían en el recinto de Castellón y que el 18 de marzo fue afectado por un incendio. Este proceso que siguió adelante con la adecuación del espacio e implementación de medidas de seguridad, pero fue suspendido esta semana con la comunicación formal al propietario.

Residencia transitoria

Lo que motivó esta decisión, según explicó Saldaña, es que para adecuar el inmueble se requiere realizar una serie de intervenciones con permiso de la municipalidad, lo que fue también analizado con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, logrando aclarar que las modificaciones necesarias no podrían concretarse.

"Se le informó al propietario esta decisión el día lunes de manera formal y nosotros ya suspendimos el pago del arriendo y durante esta semana se empiezan a trasladar algunos muebles que ya estaban instalados. Al momento de firmar el contrato estaban los antecedentes y se le instruyó al propietario un plazo para regularizar, sin embargo aclaramos que ese plano no sería factible de concretar en ningún momento, porque el sector no permite la construcción de viviendas", detalló la directora.

Esta residencia siempre tuvo el carácter de transitorio, a la espera de encontrar otro recinto que cumpliera con los requisitos técnicos y administrativos que permitiera realizar una instalación definitiva. En este contexto, Saldaña sostuvo que "se ha instruido un sumario administrativo que ya está en curso, ya se han hecho las primeras diligencias de manera que logremos despejar los antecedentes que se tuvieron a la vista para las gestiones administrativas que implica toda definición".

Adolescentes

Si bien el recinto cuenta con una nómina de 11 adolescentes, actualmente son 5 los que están residiendo en cabañas que fueron habilitadas en Coliumo tras el incendio en Castellón, ya que algunos se encuentran bajo internación provisoria o procesos de vinculación familiar.

"Hemos definido que los adolescentes que hoy están en Coliumo se trasladarán en un plazo acotado, durante las próximas semanas, a la vivienda de Castellón porque ya fue acondicionada y el inmueble fue totalmente habilitado después del incendio (...) y seguir el contrato de arriendo de esa propiedad de manera provisoria, porque seguimos buscando espacios más propicios para desarrollar los planes de intervención de cada uno de los jóvenes que atendemos", planteó la directora.

Entre los adolescentes que vuelven a este inmueble, se encuentra el que fue internado producto del incendio por quemaduras en sus vías aéreas, al igual que el personal que estaba trabajando en dicho momento.

Por ello, Saldaña sostuvo que "estamos preparando acciones junto a los vecinos y al municipio que han sido informados, de manera que podamos articular y visualizar todos los planes de contingencia que nos permitan de alguna manera tomar todas las acciones para enfrentar este periodo de la mejor forma, con el menor impacto para los adolescentes y nuestros equipos".

Además, producto del siniestro registrado se inició un sumario interno que continúa en curso, al igual que una investigación penal respecto a uno de los adolescentes que fue formalizado como presunto autor del incendio y se mantiene en internación provisoria.

5 adolescentes de los 11 que tienen medidas de protección en la residencia actualmente, son los que serán trasladados

Ayer inicio el juicio por acoso laboral y sexual en contra de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, proceso iniciado en el marco de una serie de acciones vulneratorias que habría cometido el alcalde Javier Guiñez en contra de la funcionaria municipal Elisabet Vega, quien actualmente se mantiene contratada por el municipio pero ausente por contar con licencia médica.

Tras ser reprogramado en agosto de este año, con fecha 28 de septiembre se dio inicio al proceso, sin la presencia del alcalde, con la declaración de cuatro testigos por parte de la demandante, así como la entrega de testimonios de dos de los cuatro testigos que la defensa del municipio llevó al juicio; la declaración de los testigos restantes quedó fijada para el próximo 17 de octubre, dando continuidad al proceso.

Previamente, desde la Dirección Jurídica del municipio sampedrino se comunicó que además de los testigos presentarían prueba documental para desacreditar los hechos vulneratorios que la demandada denunció.

No obstante, en caso de que la demandante gane el juicio, al tratarse de una causa laboral, el municipio arriesga el pago de una multa, la entrega de 1 a 11 sueldos en favor de la trabajadora e impartir un programa de capacitación por parte de la administración para evitar la ocurrencia de hechos similares.

Cabe recordar que el inicio del juicio fue reprogramado pues uno de los jueces integrantes de la Octava Sala del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción tomó la decisión de inhabilitarse, ya que de forma personal formaba parte de un comité de adelanto de la comuna de San Pedro de la Paz, pudiendo existir a su juicio algún tipo de conflicto de interés.

"La seguridad es uno de los temas más importantes que hemos trabajado desde la delegación presidencial, eso es algo que no cambia con la renuncia de una persona u otra, los equipos de Prevención del Delito siguen trabajando, seguimos en comunicación con la Subsecretaría a nivel nacional para que ese trabajo no se detenga ni por un instante y desde luego ya estamos trabajando en poder encontrar a la persona que reemplazará a Mauricio Torres".

De esta forma la delegada regional Daniela Dresdner describió cómo se está desarrollando el trabajo en la zona luego de que el actual coordinador regional de Seguridad Pública anunciara su renuncia esta semana, dejando el cargo vacante a partir del 13 de octubre, esto en medio de una serie de eventos relevantes para la región, precisamente, en materia de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación de Municipalidades del Biobío, valoró el trabajo de Torres en la región. "Él participó personalmente en las coordinaciones y operaciones, por lo tanto es importante indicar que en el poco tiempo que estuvo hizo más que las autoridades anteriores, ya que el coordinador anterior estuvo bastante ausente repecto a las intervenciones en terreno. Respecto a esta comparación, el rol de Torres tuvo más peso en este tipo de acciones", aseguró.

En otra línea, sobre la persona que pueda asumir el cargo, Rivas planteó que dada la sensibilidad del tema seguridad en la actualidad, se requiere que el Estado respalde estos cargos, evitando la vulnerabilidad en que se encuentra la toma de decisiones que enfrentan la delincuencia. "Quien asuma el cargo el día de mañana debería contar con garantías que le permitan jugar un rol mucho más incidente en lograr más seguridad para cada uno de nuestros territorios, y así saber que están respaldados por un Estado que le pone recursos y protección a quienes nos cuidan", finalizó.