Por Nicolás Álvarez Arrau

A partir del 24 de septiembre comenzará una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur. Hace unos días, el Senado respaldó por 19 votos a favor y dos abstenciones -una de ellas del senador local Sebastián Keitel (Evópoli)- la solicitud del Presidente Gabriel Boric, en orden de extender la vigencia de la medida en la Región de La Araucanía y en la provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío.

Previamente, en la primera semana de septiembre, la Cámara Alta mantuvo una sesión en la que se informó que en lo que va de año la zona en cuestión contabiliza 110 atentados, prácticamente 300 bienes destruidos y siete personas fallecidas. Al inicio del debate, además, el Senado acordó, en forma unánime, enviar un oficio al Presidente para solicitar la asignación de recursos extraordinarios al Fondo de Emergencia, que, tal como se explicó en la instancia, es el que permite apoyar el estado de excepción.

Dicho oficio fue despachado el 7 de septiembre y hasta este lunes aún no tenía respuesta del Ejecutivo. Los tres senadores del Biobío coinciden en la necesidad de abultar hoy los recursos para enfrentar la violencia, más aún después de días complejos que terminaron con una docena máquinas de vialidad quemadas en Alto Biobío. Dicen también que los dineros extra permitirían resolver algunos asuntos pendientes, como la reposición de escuelas o iglesias afectadas por el terrorismo.

Las necesidades

Para el senador Enrique van Rysselberghe (UDI), sin estos recursos económicos no sería posible que el Ejército, la Armada y Carabineros estuvieran desplegados en la Macrozona Sur, por lo que el estado de excepción constitucional "sería sólo una declaración de buenas intenciones". Lo que sucede, advierte, es que el despliegue de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el territorio de la Macrozona Sur sólo ha aumentado durante este 2023, es decir, "en los últimos meses se ha destinado más personal, equipos, medios de transportes, bases e instalaciones, lo cual implica un aumento de los gastos de esta partida, por lo que es necesario que el Gobierno le inyecte nuevos recursos si quiere mantener este estado de excepción constitucional en lo que queda de este año".

Sebastián Keitel, en tanto, explica que esta solicitud se hace producto del aumento de atentados y los requisitos de quienes hoy se desempeñan resguardando la seguridad de la zona. "El Fondo de Emergencia cuenta con recursos que no son infinitos y, por lo tanto, dada la extensión del estado de excepción requiere necesariamente ir creciendo en la medida que las necesidades de equipamiento para las fuerzas de orden se van haciendo cada vez mayores para enfrentar a los violentistas", plantea

Sin embargo, agrega que es necesario evaluar si es mejor tener un fondo común para este tipo de situaciones o si ese financiamiento se debe distribuir de manera directa en el presupuesto para las Fuerzas Armadas o Carabineros.

Desde la vereda oficialista, el senador PS Gastón Saavedra plantea que los recursos que podrían sumarse deben ir en ayuda de colegios, iglesias, sedes vecinales y postas que se han quemado en el contexto de violencia. "Hay que actuar rápidamente y reponer la presencia del Estado y de esta inversión pública necesaria y urgente. Por eso se hace esta petición", dice.

El legislador insiste en que hay tareas pendientes y que se requieren más recursos financieros, pero además de eso una capacidad técnica que pueda estar agregada a todos estos procesos, de tal manera que existan los fondos y al mismo tiempo estén listos los proyectos de reposición de la infraestructura destruida.

Distrito 21

Diputadas del distrito 21 se suman a esta solicitud. De acuerdo a Joanna Pérez (Demócratas), es vital acrecentar este Fondo de Emergencia debido a que el personal de Fuerzas Armadas y Carabineros que resguardan las provincias de Arauco y Biobío "están en condiciones que son muy insuficientes para el rol que tienen que ejercer".

"Por ejemplo, Cañete, Contulmo y Tirúa tienen que tener vehículos blindados, tienen que tener blindadas sus comisarías y retenes y hay que dotar de personal, porque cada día la zona se complica más. El Gobierno tiene que anticiparse, y ahí se han destinados recursos, pero más en La Araucanía que en Arauco o Biobío", cuestiona Pérez.

Su par de la UDI, Flor Weisse, coincide y afirma que hoy se necesita mayor recurso humano, "algo que está asociado directamente con recursos financieros y logísticos". Con dineros extra, indica, sería posible efectuar una fiscalización del territorio mucho más activa, "pues hasta ahora la cobertura sólo se aboca en las rutas principales y sin la periodicidad y permanencia que debe tener".

"Para tener más recursos se requiere decisión y voluntad política de querer que el estado de excepción realmente tenga un efecto y cumpla su fin. Yo veo debilidad en el Gobierno, porque los despliegues en cuanto a control son bastante escasos", subraya Weisse.

A través de una alianza entre la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Ministerio de Educación y la Corporación Nacional de la Madera (Corma), se dio inicio a talleres "Escuelas preparadas" para profesores, encargados y/o directores de establecimientos educacionales rurales, con el fin de difundir, educar y concientizar a toda la comunidad escolar sobre el riesgo de convivir con un paisaje de vegetación e incrementar la responsabilidad comunitaria e individual para la prevención de incendios.

La iniciativa, que comenzó a desarrollarse este año, tiene como ejes principales incorporar al Plan Integral de Seguridad Escolar un protocolo de emergencia con espacios de autoprotección y zonas de manejo y fomentar las limpiezas y despeje de la vegetación alrededor de los recintos educacionales.

El director regional de Conaf Biobío, Rodrigo Jara, señaló que "no solamente buscamos transmitir conocimientos a los profesores para que lo compartan con la comunidad educativa, sino que también el levantamiento de un diagnóstico de vulnerabilidades y amenazas con el fin de prevenir incendios de vegetación en la Región". Agregó que "es importante mantener estos vínculos con diferentes actores como el Ministerio de Educación, los Daem y las empresas forestales, que nos permitan prepararnos de mejor manera para el próximo período de mayor ocurrencia de incendios".

Una sesión mixta entre las comisiones de Equidad de Género y Seguridad Ciudadana del Consejo Regional se realizó hace uno días para abordar el aumento de casos de violencia de género en la Región del Biobío. En la instancia, se expusieron acciones a desarrollar para fortalecer programas e iniciativas que contribuyan a la prevención y educación respecto a este tipo de delitos.

La consejera regional y presidenta de la comisión de Equidad de Género, Javiera Vargas, explicó que la sesión tuvo por objetivo oficiar la participación del Gobierno Regional en el Consejo Regional de Seguridad Pública, entre otras iniciativas. "Buscamos mejorar los programas que hoy están siendo trabajados desde el Gobierno Regional. Uno apunta a una multiplataforma, la cual se encuentra ratificando el modelo de gestión que enlaza a todos los que están encargados de la gobernanza de prevención del delito de femicidio. Por otro lado, las víctimas y su alrededor terminan con un daño irreparable, por lo tanto, el enfoque de esta comisión es hacer solicitudes para ser partícipes de los consejos de Seguridad Pública, mejorar e implementar cada uno de los programas que están siendo promovidos por el Gore Biobío", señaló.

A la fecha, la Región registra seis femicidios consumados, cuatro más que el año pasado.

La encargada de la Unidad de Género del Gore, Camila Hermosilla, explicó que hay acciones que tienen que ver con oficiar a quienes correspondan para poder ser parte del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), sesionar en torno al aumento de los femicidios con la Comisión Regional de Seguridad Pública o desarrollar algunos programas en convenio con los 33 municipios.

6 femicidios consumados registraba la Región del Biobío hasta la semana pasada, según el Gobierno Regional.