En las últimas décadas, la industria siderúrgica de Chile ha enfrentado desafíos significativos, y hoy en día, uno de los actores clave de esta, la empresa siderúrgica CAP Acero, más conocida localmente como Huachipato, se encuentra en una situación crítica. Sin embargo, es esencial comprender la importancia estratégica que tiene la existencia de una empresa siderúrgica sólida para el país.

Huachipato, con sede en la región del Biobío, ha sido una parte fundamental de la historia industrial chilena. Durante más de 70 años, ha contribuido al desarrollo económico y tecnológico del país, proporcionando acero para una amplia gama de industrias, desde la construcción hasta la manufactura.

Sin embargo, en los últimos años, ha enfrentado una serie de problemas financieros y operativos que han puesto en riesgo su supervivencia. Estos desafíos incluyen la competencia global (muchas veces "desleal"), la obsolescencia tecnológica y la falta de inversión para modernizar sus instalaciones. Además, la reciente crisis económica exacerbada por la pandemia de COVID-19 solo ha empeorado su situación.

De acuerdo con informaciones aparecidas en distintos medios, la siderúrgica arrastra más de US$1.000 millones de dólares en pérdidas desde 2009, y solo el primer semestre de este año, la empresa CAP Acero reportó un saldo negativo de US$279 millones. Desde la CPC Biobío ya se levantó la voz de alerta, ello pues esta compleja situación pone en riesgo 1.200 empleos directos y otros 1.200 indirectos, así como la totalidad de su cadena productiva que suma una cifra cercana a los 20 mil puestos de trabajo.

Para comprender la relevancia de Huachipato y la industria siderúrgica en Chile, es necesario considerar además su importancia estratégica. El acero es un componente esencial de la mayoría de las industrias, incluyendo la construcción, la manufactura de maquinaria, el automóvil y la construcción naval e industria de defensa. Por lo tanto, una producción de acero local sólida es fundamental para la economía y el desarrollo industrial del país.

Además, la producción de acero tiene un valor estratégico en términos de seguridad nacional y soberanía económica. Dependiendo en gran medida de las importaciones de acero, un país se arriesga a vulnerabilidades en caso de interrupciones en el suministro global o fluctuaciones en los precios internacionales.

La situación de Huachipato enfatiza la importancia crítica de mantener una industria siderúrgica sólida en Chile. La siderurgia no es solo una relevante fuente de empleo, sino también un pilar fundamental para la economía y la seguridad nacional. Por ello, estimo, es hora (aunque muy tarde sí) de tomar medidas audaces y estratégicas para revitalizar esta industria y garantizar su futuro en un mundo cada vez más competitivo y globalizado, la industria del acero en Chile debe reflejar una fortaleza incuestionable y no la debilidad que hoy, lamentablemente, representa.

"¡Tan lejos, tan cerca!". Parafraseando a la película de Wim Wenders, la realidad de dos zonas geográficas vecinas, la Región del Biobío y la provincia argentina de Neuquén, podría también resumirse así.

Se trata de dos regiones unidas por la Cordillera de los Andes, en una zona habitada desde antes de la llegada de los españoles por el pueblo Pehuenche.

En línea recta entre Concepción y Neuquén hay 497 kilómetros, sin embargo, por carretera son 706 kilómetros, que se pueden hacer en 9 horas a través del Paso Pino Hachado, pasando por Zapala y Cutral Co.

Integrar ambas regiones ha sido un trabajo que ha demorado varios años, pero que hoy ya rinde sus frutos: el año 2022 más de 4 mil contenedores provenientes desde Argentina llegaron hasta los puertos del Biobío, para ser embarcados rumbo a los mercados del Pacífico, principalmente Estados Unidos, pero también Asia.

Se trata de exportaciones de fruta fresca (manzanas y peras) que encuentran una ruta más rápida para llegar a sus mercados de destino utilizando los puertos del Biobío.

En ProChile hemos definido como parte de la estrategia de la Oficina Regional de Biobío visibilizar la oferta exportable del sector logístico local al servicio de las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro, para atraer cargas no solo del sector frutícola y agrícola en general, sino también para servir al desarrollo gasífero y petrolífero del yacimiento "Vaca Muerta" y prospectar posibles alianzas entre YPF y empresas chilenas.

Una muestra de este interés trasandino es el seminario realizado en agosto recién pasado en Neuquén, denominado "Encuentro de emprendedores, innovación y Pymes" organizado por la Embajada de Chile en ese país, la Oficina Comercial de ProChile en Buenos Aires y la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén.

El encuentro tuvo como objetivo que las empresas de esa provincia trasandina de más de 700 mil habitantes conociesen con mayor profundidad las posibilidades de hacer negocios con Chile, incorporando conocimientos sobre la oferta chilena de servicios logísticos, de proveedores para minería y energía, la oferta turística y las posibilidades de establecer encadenamientos productivos entre ambos países.

Estos nuevos pasos que avanzan hacia la integración entre Biobío y las provincias de Neuquén y Río Negro, son una oportunidad que deben aprovechar empresas e instituciones regionales. Desde la Oficina Regional de ProChile en Biobío ponemos todas nuestras capacidades a disposición de las empresas locales que busquen sumarse a este proceso, para ofrecer servicios logísticos y de proveedores para la industria petrolera y agrícola argentina, con miras a mejorar su competitividad e integración al mundo.

Hace algunos días, la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt) finalizó el proceso de diálogo nacional para el desarrollo de la política pública "Habitar de forma sostenible el territorio rural", donde participaron la sociedad civil, el sector público y privado, con el objetivo de hacer diagnósticos y promover cursos de acción ante la creciente proliferación de parcelaciones en terrenos rurales. A partir de la información reunida en estos encuentros, el Gobierno elaborará un proyecto de ley con el fin de generar una regulación para estas zonas y así alcanzar la necesaria sostenibilidad.

Queremos resaltar este proceso participativo con actores que poseen distintas perspectivas, donde se evidenció un consenso que busca regular y atender la situación a corto y mediano plazo.

Los diálogos se realizaron en las regiones Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Los Ríos y Aysén, instancias donde las instituciones entregaron sus visiones, las que revelan las dificultades generadas por los loteos existentes a lo largo del país.

Entre ellas están que los predios que antes correspondían a suelos agrícolas hoy son áreas residenciales, lo que resta espacio a la producción de alimentos. Otra situación detectada se refiere a la escasez hídrica, lo que lleva a que muchas parcelas no tengan posibilidades de contar con el suministro mínimo de agua.

A esto se suma un problema ambiental: la pérdida de biodiversidad, pues áreas con valiosa flora y fauna, pasaron a ser habitadas.

Al mismo tiempo, el desarrollo habitacional sin control lleva necesariamente a que estos sectores requieran de servicios básicos que deben ser financiados: extracción de basura, redes sanitarias, eléctricas y vialidad, así como nuevas escuelas y centros de salud para atender a las comunidades. Es aquí donde se hace necesario que la evaluación social proyectos incorpore la posibilidad de la habilitación del territorio antes de generar las parcelaciones o nuevas viviendas en estas áreas.

En paralelo, surgen alertas que hemos comprobado en este último tiempo, donde la ruralidad evidencia la falta de planificación del territorio, cuando tenemos eventos naturales extremos y se genera ocupación de espacios en zonas de riesgo.

El sinnúmero de complejidades, lleva a que la autoridad haya tomado el camino de la regulación. Algunas opciones corresponden a la aplicación de instrumentos de planificación territorial, los que deben ampliarse o bien modificarse para contemplar los espacios rurales.

Algunas posturas apuntaron también a generar una "ley de aportes a la comunidad rural", para hacer contribuciones a las pequeñas comunas rurales.

Con todo, el objetivo de las regulaciones es que la habitabilidad en estos territorios llegue a ser sostenible, respetando el medio ambiente, contando con los servicios básicos y limitando el desarrollo en sitios de riesgo.

Esperamos que se puedan producir los acuerdos para generar los proyectos de ley necesarios para la implementación de lo planteado por la Comisión Interministerial.