La conmemoramos el 50° aniversario de uno de los capítulos más oscuro de nuestra historia, el Golpe de Estado de 1973, evento que marcó profundamente a la sociedad chilena no sólo por el legado de sufrimiento y de violaciones a los Derechos Humanos de las que muchos fueron víctimas, sino que también por las profundas divisiones sociales que esos hechos provocaron en la ciudadanía; heridas que aún no cicatrizan pese a los avances en justicia y memoria que se han realizado desde el retorno a la democracia.

A lo largo de estos años hemos aprendido a recordar y honrar a las víctimas, pero muy poco hemos reflexionado sobre cómo sanar y avanzar como nación. Es por ello que, en medio de esta introspección histórica, resaltar la importancia de la educación emocional como un camino hacia la sanación y la construcción de un futuro más resiliente y empático resulta fundamental.

Lo anterior resulta particularmente relevante cuando consideramos que el marketing político suele utilizar emociones como la rabia y el miedo para generar aversión y distanciarse del "otro bando", siendo este el motivo por el cual la única manera de pasar de la división a la colaboración sea por medio de trabajar nuestra educación emocional en el ámbito político, por cuanto esto posibilitará el desarrollo de emociones pro sociales como la gratitud, la bondad, la colaboración y sin duda la compasión, así como la conciencia social sobre el otro y el trabajo colaborativo.

La educación emocional nos enseña a comprender, expresar y gestionar nuestras emociones de manera saludable. Nos brinda las habilidades para empatizar con los demás, resolver conflictos de manera constructiva y tomar decisiones informadas. En un país que ha experimentado tanto dolor y división, la educación emocional puede ser un camino hacia la reconciliación y la construcción de una sociedad más unida.

De esta forma, partiendo de la base que durante la dictadura muchos chilenos vivieron el miedo, la ira, la tristeza y la pérdida en carne propia, le educación emocional nos permite reconocer y procesar estas emociones como paso esencial para sanar y avanzar. Asimismo, promueve abordar estas situaciones con empatía y respeto, facilitando el diálogo entre personas con diferentes perspectivas y experiencias, lo que es fundamental para construir puentes y superar la división.

En este 50° aniversario del Golpe de Estado en Chile la invitación es a reflexionar sobre nuestro pasado y comprometernos a construir un futuro en el que la educación emocional sea una prioridad. Tal como nos insistió tantas veces Humberto Maturana, el desafío del país está en trabajar desde la colaboración, el compañerismo, la bondad y el altruismo. Sólo así lograremos alejarnos de la polarización e instrumentalización actual, transitar hacia una reconciliación real, honrar verdaderamente a los hechos y garantizar que nunca más se repita una tragedia como la que vivimos.

Según cifras del Minsal, los egresos hospitalarios en Chile (públicos y privados) debido a trastornos mentales y lesiones autoinfligidas por año mostraron un aumento sostenido del año 2016 al 2019, de 29.941 a 36.604.

Ante el Día mundial de la prevención del suicidio, el 10 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud propone como lema este año el "Crear esperanza a través de la acción", con el fin de crear conciencia sobre la prevención del suicidio en todo el mundo a través de intervenciones efectivas.

La falta de conciencia sigue siendo reconocida como una barrera para solicitar ayuda frente al riesgo suicida, en especial de parte de quienes sufren de trastorno de depresión o falta de control de impulsos, consumo abusivo de sustancias o hayan presentado ideación suicida anteriormente, entre otros.

Frente a la necesidad de crear conciencia, se recomienda que cada sector de la comunidad se proponga la tarea de planificar intervenciones efectivas, dirigida hacia 2 enfoques principalmente: la promoción de estilos de vida saludable o generadores de bienestar, y la disminución y/o detección precoz de aquellos factores de riesgo asociados al suicidio. Así, cada sector debiera analizar cómo podría dirigir intervenciones efectivas a ambos enfoques.

Por ejemplo, en el sector laboral se recomienda un mayor esfuerzo en la mejora de condiciones y clima de trabajo (no es sólo hablar de Burnout); en el educacional, sostenedores, docentes y apoderados acogiendo las necesidades socio-emocionales tan particulares de las etapas infantil y adolescente (la prevención de bullying no es el único tema a abordar); en el de desarrollo social, alcanzar un mínimo estándar de calidad de vida.

Aunque resulte más evidente la labor que tiene el sector salud, reconocido por la comunidad en general, debido al trabajo multidisciplinario desde la medicina, enfermería, psicología, entre otros, se recomienda aumentar los esfuerzos de la salud pública hacia intervenciones de promoción de salud, detección y prevención de trastornos de salud mental y atención prioritaria en las personas con factores de riesgo.

Finalmente, la misión que se propone aquí se vuelve más ambiciosa, sin embargo, no imposible: la de mirar la prevención del suicidio como una misión colectiva intersectorial de responsabilidad social.

En los últimos meses, hemos sido testigos de eventos climáticos extremos que han devastado nuestras comunidades: incendios forestales y lluvias torrenciales han causado estragos en diferentes partes del país.

Ambas emergencias comparten algo en común y es la existencia de información previa que nos permite anticiparnos y actuar de manera preventiva, lo que ha permitido a autoridades e instituciones proteger a la población y evitar que las tragedias sean de mayor magnitud.

Si bien ambas emergencias están influenciadas por el cambio climático, existe una diferencia fundamental en cuanto a su origen. Mientras que las inundaciones son provocadas por condiciones geometeorológicas específicas, los incendios son responsabilidad de las personas.

El hecho que ocurran en nuestro país alrededor de 7 a 8 mil incendios por temporada, la mayoría provocados por personas de forma intencional o negligente, no es una situación normal en comparación con otras naciones, ya que Chile es bastante pequeño, en comparación a otros países con 50, 200 ó 300 millones de habitantes, donde la ocurrencia apunta a un origen natural. Según las estadísticas de la CONAF, en la última temporada se registraron casi 7 mil incendios a nivel nacional, de los cuales más de un tercio fueron intencionales y más de mil se desconoce su causa.

El problema se agrava aún más en ciertas regiones como Biobío y La Araucanía, donde más del 60% de los incendios son intencionales. Es escandaloso observar comunas donde el 70, 80 e incluso el 90% de los incendios son provocados intencionalmente y que se debe abordar de manera urgente.

Acá los datos: Las regiones que tuvieron mayor intencionalidad en incendios con causa conocida en el país, son Biobío, con 1.177 emergencias y La Araucanía con 815. En Biobío las mayores comunas con incendios intencionales, fueron: Curanilahue con 184, Tomé: 159, Los Álamos: 196, Lebu: 161, Los Ángeles 176 y Mulchén: 127. En tanto, en Araucanía, Collipulli: 223, Galvarino: 64, Lumaco:80, Angol: 97 y Ercilla:76.

Es importante entender que el enfoque no debe centrarse únicamente en la respuesta y el combate a los incendios. Si bien es crucial contar con estrategias eficientes para controlar y extinguir los incendios, debemos prestar mayor atención a la prevención y tomar medidas para evitar que las personas sigan generando incendios de forma negligente o intencional.

Es esencial establecer una reacción coordinada ante estas emergencias, ya que con el avance de la tecnología, es posible prever con semanas de anticipación las condiciones climáticas extremas que pueden propiciar los incendios. Sin embargo, estos datos deben ir acompañados de protocolos de acción y de una movilización oportuna de recursos para prevenir y mitigar los daños.

Tenemos que tener distintas formas de trabajar la emergencia, con patrullajes preventivos para detectar cualquier anomalía. El Estado de Excepción demostró que el día 03 de febrero de este año, la cantidad de incendios bajaron de 90 a 40, pero lamentablemente se decretó cuando el 80% del daño ya estaba hecho.

Finalmente, es fundamental abordar la gestión de los bosques de manera integral. Tanto las empresas forestales como los particulares tienen la responsabilidad de invertir en la prevención y protección de los bosques. Esto implica gestionar adecuadamente la vegetación y los combustibles para reducir la propagación de los incendios y tener bosques más resilientes.

En definitiva, los incendios requieren de una responsabilidad compartida entre las autoridades, instituciones y la ciudadanía, que den una respuesta coordinada y eficiente. Además, debemos ser conscientes que necesitamos leyes ejemplificadoras para quienes provocan las emergencias, ya que solo así podremos proteger nuestras comunidades y garantizar un futuro más seguro y sostenible.