Por Redacción

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso dos querellas por fraude al Fisco en el marco del Caso Convenios: contra el representante legal de Fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez (suspendida en RD), Daniel Andrade (ex RD); junto al exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, Carlos Contreras (ex RD), luego de que Contraloría ratificara la existencia de corrupción en las asignaciones de fondos públicos.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la acción legal: "Es algo que tiene mucho sustento y esperamos que esto avance", porque "aquí lo que importa es que quienes cometieron actos irregulares y cayeron en corrupción, respondan al país".

La autoridad también dijo que es relevante "que (las fundaciones) devuelvan el dinero, que recuperemos el dinero. Ya hemos recuperado bastante parte, nos faltan $90 millones (de Democracia Viva), que esperamos que a través de juicio puedan recuperarse".

Acerca de una eventual salida por el Caso Convenios, como ya ocurrió con el exministro de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio Jackson, hecho que desencadenó, además, un cambio de gabinete, Montes afirmó que "yo no voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez, yo voy a cumplir la labor mientras el Presidente (Gabriel Boric) me encargue las tareas que estoy desarrollando".

La ministra vocera, Camila Vallejo, respondió ante las críticas a su par de Vivienda: "La responsabilidad política que tiene el ministro Montes es de haber liderado todas las acciones necesarias para enfrentar esto con total y absoluta transparencia. Un ministro que jamás se ha escondido, que siempre ha estado enfrentado a los medios de comunicación y al Congreso Nacional en todas las preguntas, porque no tiene nada que esconder".

La titular de la Segegob explicó que Montes "ha entregado toda la información que le corresponde entregar al Consejo de Defensa del Estado, a la Contraloría, al Ministerio Público. Ha iniciado procesos de modificación al modelo de traspaso de recursos mediante los convenios de transferencia, ha establecido también responsabilidades políticas junto con el Presidente en aquellos casos donde se han asumido responsabilidad político por malas decisiones".

"Entonces, es un ministro que si tiene alguna responsabilidad política es la de liderar las acciones necesarias para esclarecer los hechos, encontrar los responsables y establecer justicia en los casos donde se han cometido irregularidades o delitos", aseveró Vallejo.

Las otras fundaciones

El presidente de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), señaló que "se debían querellar contra las personas que resultaran implicadas, en este caso el exseremi de Vivienda y el representante de Democracia Viva, pero esperamos también que el Consejo de Defensa del Estado actúe con todas las demás fundaciones que están presentando problemas".

El Ministerio Público actualmente investiga a 47 organizaciones a lo largo de todo el país, por lo que Castro llamó al CDE a que "también tome en cuenta la acción de los gobiernos regionales (Gore) a lo largo de Chile", porque "me parece también importantísimo que esta arista se aclare cuanto antes".

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió ayer al proyecto de reforma de pensiones, donde afirmó que "si para la derecha ceder es que el Gobierno mande toda la plata a la capitalización individual que administran las AFP, eso no va a ocurrir".

Esto debido a que, según la secretaria de Estado, "no mejora las pensiones a las personas ahora, se las mejora en 30 años más, y en eso hay que tener un gran sentido de responsabilidad y realidad".

En medio del debate, "no hemos tenido señales de la oposición en torno a ceder en la negociación de pensiones, por el contrario, lo que antes decían en torno a que había que derivar un 3% a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y un 3% a capitalización individual, ya se les olvidó, y ahora quieren que el 6% vaya a capitalización individual que administran las AFP y, la verdad, es que eso no nos va a servir para solucionar el problema", señaló Jara.

Luego de agredir la noche del viernes en el Aeropuerto de Santiago a un funcionario de la PDI, Anita Alvarado fue formalizada ayer en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de oposición a la acción de la autoridad y maltrato a obra de personal de la Policía de Investigaciones.

El incidente ocurrió luego que Alvarado llegara al terminal aéreo a dejar a un familiar que viajaba fuera de Chile. Tras ingresar a la zona de embarque, un subinspector de la PDI le pidió abandonar el lugar, solo permitido para pasajeros, pero ella se habría negado, y luego de forcejear agredió al funcionario. Además se confirmó que se encontraba bajo la influencia del alcohol durante el hecho.

El tribunal le aplicó la medida cautelar de prohibición de acercarse al funcionario y firma mensual. Además fijó 90 días de plazo para la investigación.

El recurso de protección es sin lugar a dudas uno de los más importantes aportes de la actual Constitución al Estado de Derecho. Creado por el Acta Constitucional Nº 3 de 1976, e incorporada a la Carta Fundamental de 1980, se trata en verdad de una acción de tutela de derechos y libertades constitucionales. Durante sus casi cincuenta años de existencia, el recurso de protección se fue transformando en una eficaz herramienta de amparo de dichos derechos y libertades, incluso en el período de interrupción democrática, en el que agentes del estado violaron gravemente dichos derechos, en especial la vida y la integridad física y síquica.

El recurso de protección hace posible que las Cortes de Apelaciones adopten todas las medidas destinadas a restablecer el imperio del Derecho cuando, a causa de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, se hubiere privado, perturbado o amenazado el ejercicio legítimo de algunos de los derechos y libertades amparados por este recurso. La acción puede interponerse tanto respecto de conductas de órganos estatales como de particulares, y la decisión de la respectiva Corte de Apelaciones puede ser apelada ante la Corte Suprema.

En su diseño original este instrumento ampara fundamentalmente sólo derechos y libertades clásicos (derecho a la vida, igualdad ante la ley, debido proceso, derecho de propiedad, libertad de expresión, etc.), y no abarca los derechos sociales que consisten en prestaciones. Esta limitación es acorde a un principio esencial del constitucionalismo, el de separación de poderes, en virtud del cual la adopción de políticas públicas es de competencia de los poderes legislativo y ejecutivo, pues son ellos los que tienen a su cargo la gestión económica y financiera del Estado, y por ende, la asignación de los recursos que permiten diseñar y otorgar prestaciones.

No obstante, en los últimos años la jurisprudencia comenzó a ampliar la cobertura del recurso de protección a derechos no incluidos bajo su tutela, como por ejemplo el derecho a la salud, mediante la interpretación de éste a la luz del derecho a la vida, de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad. Esta vía ha dado paso a una especie de judicialización del diseño del sistema de salud, que, de acuerdo a lo previsto en la propia Constitución, corresponde a un modelo mixto, estatal y privado. Como es de público conocimiento, aquello se ha traducido en una avalancha de recursos de protección en contra de las instituciones de salud previsional (isapres). Además, en el último tiempo las sentencias que los acogen no sólo han cuestionado el modelo privado a cargo de estos organismos, sino que además han intervenido directamente con la adopción de medidas claramente contrarias a lo previsto en las normas legales y administrativas que regulan dicho modelo. Todo esto con el agravante de que las decisiones de la Corte Suprema respecto de los mecanismos de ajustes de precios de los contratos de salud y de las primas GES, han sido adoptadas sin ajustarse al efecto relativo de las sentencias, al darles aplicación a quienes no han sido parte de los correspondientes procedimientos de protección, y, además, con efecto retroactivo.

No cabe duda de que los poderes legislativo y ejecutivo han sido negligentes respecto del evidente déficit del modelo legal de las instituciones de salud privadas, que fue puesto en evidencia por el Tribunal Constitucional en 2010 (sentencia rol 1710). Lamentablemente desde ese entonces las autoridades políticas no se han hecho cargo del problema, y su omisión ha sido cubierta de manera indebida por los tribunales, que han invadido atribuciones que no les corresponden, lo que hoy tiene en vilo no solo a las isapres, sino que en la práctica a todo el sistema de salud.

El proceso constitucional en actual desarrollo abre una oportunidad para darle a Chile una buena y nueva Constitución, elaborada en democracia. Esto incluye la expresa incorporación del Estado Social, la posibilidad de ampliar el catálogo de derechos sociales, así como el adecuado reconocimiento y tutela de estos. El anteproyecto de la Comisión Experta recoge estos avances, incluida la ampliación del recurso de protección para derechos sociales consistentes en prestaciones. Sin embargo, la redacción adolece de un importante defecto, pues no se hace cargo del grave problema originado por el activismo judicial invasivo de competencias propias de los poderes legislativo y ejecutivo. El Consejo Constitucional debe corregir este error, a fin de que el recurso de protección respecto de estos derechos sólo sea procedente en contra de actos u omisiones ilegales que impliquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de prestaciones contempladas y reguladas expresamente en la ley y en las normas complementarias de desarrollo y ejecución respectivas. De esta forma se impedirá el activismo judicial, resguardándose el principio de separación de poderes, y se logrará encauzar la acción de protección para lo que realmente es: un medio de tutela de derechos, y no un instrumento de elaboración de políticas públicas.

José Ignacio

Martínez Estay Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.