Transcurridas un par de semanas desde nuestro gran encuentro anual, y con la necesaria pausa para hacer una reflexión adecuada, quisiera compartir algunas conclusiones que hemos comentado en CPC Biobío sobre lo que observamos en Impulsa 2023.

Más allá de la gran capacidad de convocatoria de nuestra multigremial, la alta asistencia registrada de principio a fin en la actividad nos evidenció dos cosas.

En primer lugar, comprobamos que existe interés y preocupación transversal por el porvenir social y económico de la Región del Biobío y sus habitantes. Pareciera de toda lógica, pero también podría darse que la gente estuviese saturada de información o tal vez fuese indiferente al escenario que enfrentamos. Y en un momento que asoma como trascendental para Chile y nuestra zona, se hizo patente que las personas quieren ser protagonistas de nuestro futuro.

La amplia concurrencia también nos confirmó que las conversaciones que planteamos son pertinentes y están conectando con los diversos sectores que representamos y también a nivel de opinión pública. Recordemos que en su quinta versión, Impulsa se enfocó en ahondar sobre lo fundamental que es la colaboración entre varios actores claves de los ámbitos público y privado, para recuperarnos como región y país.

En pocas palabras: no faltó nadie. Estuvo el gobernador regional, la delegada presidencial, alcaldes, los parlamentarios, los académicos y -por supuesto- el sector privado. Es decir, llegaron todos los que quieren construir una pujante y mejor Región del Biobío.

Respecto a la industria privada, hubo amplia presencia del sector productivo tradicional de nuestra región, lo que llamamos nuestras "empresas ancla". Además de su relevancia en términos históricos y de volumen, existió consenso sobre la importancia de cuidar sus condiciones para evitar lo que se denomina "suma cero", en que no se puede compilar desarrollo social y productivo si a las nuevas actividades se van restando las que siempre han estado tirando del carro como la forestal, pesquera y manufactura.

También contamos con una alta presencia de emprendedores, muchos de ellos quienes buscan progresar en la industria basada en conocimiento y tecnología. Ahí, el convencimiento que nos quedó es que se debe aprovechar esa masa crítica y el gran talento regional, a través de políticas públicas pro desarrollo y crecimiento de empresas medianas escalables e internacionalizables desde Biobío.

Como conclusión de las señales y mensajes que observamos, podemos afirmar que hay un terreno fértil para que florezca una actitud renovada y distinta, tanto pública como privada, para atraer inversiones a la región en un momento bisagra para nuestro futuro.

Tenemos que promover que los buenos proyectos avancen, no frenarlos, todos empujando para que se dinamicen las iniciativas que agregan genuino valor al Biobío.

La diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha. Debemos empezar a actuar hoy. Ese es el impulso que hoy necesitamos como región.

En un mundo en constante avance y rápida modernización, es esencial tomarse un momento para reflexionar sobre el poder transformador de la solidaridad y su papel fundamental en abordar uno de los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad: la pobreza.

Desde la recuperación de la democracia Chile ha sido un ejemplo mundial en el trabajo de la reducción de la pobreza, pues según la Encuesta Casen de ese período el 40% de los chilenos vivían en condiciones de pobreza, cifra que hoy descendió considerablemente al 6,5%. En ese entonces, la respuesta inmediata del Estado fue diseñar mecanismos innovadores para combatir la pobreza como, por ejemplo, la creación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.

Los principios institucionales de este servicio público están intrínsecamente ligados a la solidaridad, abarcando todas las regiones del país, llegando a alrededor de 15 mil personas en las 33 comunas de la Región del Biobío. Su enfoque está en resolver los problemas de la pobreza multidimensional a través de soluciones innovadoras, manteniendo siempre en el centro a las personas y sus necesidades, posicionándose como la incubadora social del Estado.

En este sentido, el FOSIS ha sido pionero en el Estado en diseñar iniciativas con enfoque de solidaridad e innovación social como, por ejemplo, el programa Innova FOSIS, un programa de pilotaje de proyectos sociales que desde 2018 convoca a la sociedad civil, el sector privado y la academia a presentar soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos de la pobreza y la vulnerabilidad social. Aquellos proyectos con atributos replicables son elegidos para ser escalados a política pública y/o sean un insumo para otros programas sociales.

En la actual gestión del servicio, también se ha priorizado trabajar en iniciativas que respondan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, creando recientemente un programa que se enmarcar bajo el objetivo de "Hambre cero", denominado EcoMercado Solidario, el primer banco de alimentos público en la Región del Biobío, cuyo propósito es garantizar la alimentación de las familias más vulnerables.

Otro programa de innovación social es el "Juntos Más Barato", iniciativa piloto que busca fortalecer el principio de cohesión social, es decir, el trabajo comunitario y solidario de las y los vecinos junto al acompañamiento del Estado. El objetivo es que aquellas familias que han visto reducido su poder adquisitivo puedan acceder a la canasta a precios más asequibles y justos a través de compras colectivas.

Iniciativas como estas enfrentan a la pobreza con sentido de solidaridad y hoy en día, este valor obliga la generación de ideas innovadoras, por tanto, es necesario crear espacios de articulación entre los diferentes sectores, para así entregar propuestas orientadas al bienestar y la felicidad de las personas.

Como sociedad estamos siendo testigos de una de las mayores crisis que ha vivido la humanidad. Los actuales patrones de producción y consumo han generado un problema climático global, que tiene entre sus principales consecuencias una creciente escasez de agua.

Esta situación nos pone en la encrucijada de privilegiar su uso para el consumo humano y el funcionamiento de los ecosistemas, o destinarla al sustento de procesos de desarrollo y crecimiento económico.

Nuestro actual proceso constituyente no está ajeno a esta problemática. Prueba de ello es que más de 30 iniciativas populares de norma tenían al recurso hídrico como principal protagonista.

Dos de ellas han logrado reunir las firmas requeridas y deberán ser discutidas con la posibilidad real de ser integradas en la propuesta de nueva Constitución. La primera, 'Agua para la vida', defiende que los usos y la gestión del agua deben basarse en los principios de justicia ecológica y social, en pos de asegurar la vitalidad y buen funcionamiento de los ecosistemas, lo que contribuiría a mejorar la calidad y la disponibilidad del agua para el consumo humano, fines ecosistémicos y otros usos que sostienen cualquier modelo de desarrollo posible.

La segunda, 'Certeza jurídica para el uso del agua', por contra partida, aboga por priorizar primeramente el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas en tanto bienes, sin consideraciones de tipo ecológico, social o de justicia.

Esta propuesta, parece desconocer y pasar por alto las últimas innovaciones y modificaciones regulatorias en temáticas hídricas que han buscado priorizar el uso del agua para el consumo humano, y de las prácticas que se han estado instalando recientemente en la institucionalidad, como por ejemplo, los pilotos de gestión integrada de cuencas.

Estas dos propuestas parecen seguir replicando la división social y de pensamiento en nuestro país. Lamentablemente la urgencia que implica tomar decisiones con respecto a declarar constitucionalmente el derecho al agua potable y saneamiento como un derecho humano, debe estar por sobre todos los ismos, los partidismos y los individualismos. ¿Sabe usted que, a nivel de la región, sólo 2 de las 20 cartas fundamentales no declaran este derecho explícitamente?, una de esas es la chilena.

Nuestro modelo de gestión del recurso hídrico ha sido y sigue siendo cuestionado por organizaciones internacionales, movimientos ciudadanos (incluidos los indígenas) y organizaciones de la sociedad civil. Si bien hoy el gran problema de la escasez hídrica que azota al país es también producto del cambio climático y la disminución de las precipitaciones, una de las causas fundantes es la privatización del agua y su sobre otorgamiento bajo una gestión centrada en el modelo extractivo.

En este contexto, resulta urgente pensar y centrar las bases en un modelo de desarrollo que ponga la vida de las personas y los ecosistemas en el centro, ya que de lo contrario será imposible asegurar un futuro sostenible para nosotros y las futuras generaciones.