Por Agencias

El líder de la organización ultraderechista Proud Boys en Seattle, Ethan Nordean, fue condenado ayer a 18 años de prisión por el ataque al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.

El pasado mayo, tras un juicio de cuatro meses, Nordean y otros tres cabecillas de ese grupo nacionalista, incluido el líder, Enrique Tarrio, de origen cubano, fueron declarados culpables de conspiración sediciosa.

Su condena iguala a la más alta emitida hasta ahora contra un imputado por el ataque, la de 18 años que recibió en mayo el fundador del también grupo ultraderechista Oath Keepers, Stewart Rhodes, igualmente por la conspiración para que el expresidente Donald Trump (2017-2021) siguiera en la Casa Blanca.

La Fiscalía había solicitado 27 años de cárcel contra Nordean, también conocido como Rufio Panman, a quien se vio encabezando con un megáfono a un grupo de manifestantes poco antes de que comenzara esa revuelta, que intentó impedir la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre Trump en los comicios de 2020.

Cuatro condenas

Su veredicto se une al de otros tres cabecillas o miembros destacados de esa organización pronunciado esta semana.

Ayer también, Dominic Pezzola, quien rompió con un escudo policial robado la primera ventana por la que los manifestantes entraron al Capitolio, recibió 10 años de cárcel, pese a que la Fiscalía había pedido 20 años.

Y el jueves tuvieron su veredicto Joseph Biggs, lugarteniente de Tarrio, y Zachary Rehl, el exlíder en Filadelfia, para los que se dictaron 17 y 15 años de prisión, respectivamente, mientras que el próximo martes será el turno de Tarrio.

Rehl, Biggs, Nordean y Tarrio fueron hallados culpables en mayo de conspirar para cometer sedición. Pezzola se libró de ese cargo, pero se le consideró culpable de asalto, resistencia a un agente de la autoridad y robo de bienes gubernamentales.

Según el Departamento de Justicia, el ataque comenzó a las 10:00 de la mañana, cuando Biggs, Rehl y otros convencieron a unas 200 personas para ir desde la Elipse, el parque situado al sur de la Casa Blanca, hacia el Capitolio, saltándose múltiples barreras de seguridad.

A lo largo del proceso, los fiscales mostraron mensajes y vídeos publicados por los propios acusados y otros miembros del grupo, que llamaban a la violencia y a la revolución contra el cambio en la presidencia.

Jornada violenta

Ese 6 de enero de 2021 unas 10.000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio. Hubo cinco muertos y cerca de 140 policías heridos.

Desde entonces, más de 1.000 personas han sido arrestadas prácticamente en los 50 estados del país por delitos relacionados con el ataque y más de 350 han sido imputadas por asalto u obstaculización del cumplimiento de la ley.

Aunque no directamente por el ataque, el propio Trump está imputado tanto en Washington como en el estado de Georgia por sus intentos para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.

Trump se declaró no culpable en esos dos casos y en los otros dos casos penales abiertos contra él, en Florida por llevarse de la Casa Blanca papeles clasificados y en Nueva York por pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar durante la campaña de 2016 un "affaire" del pasado.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó ayer el accionar de la Justicia en la investigación por el atentado que sufrió hace un año la vicepresidenta del país, Cristina Fernández.

"Hace un año atentaron contra la vida de la vicepresidenta, Cristina Fernández. Fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática", expresó el jefe de Estado en la red social X (antes Twitter).

El mandatario señaló que la causa judicial por el atentado "avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho".

"Cuando cumplimos 40 años de democracia, la Argentina debe preservar su institucionalidad. Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia", añadió el presidente.

El ataque fue perpetrado el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel, un brasileño de entonces 35 años, se acercó la vicepresidenta mientras ésta saludaba a seguidores frente a su domicilio en Buenos Aires, quienes le mostraban su apoyo ante acusaciones de delitos de corrupción en su tiempo como presidenta (2007-2015).

Sabag Montiel gatilló un arma cerca del rostro de Fernández pero no salieron las balas.

Por el caso, cuya investigación fue liderada por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, fueron detenidos y procesados, además del atacante, su novia, Brenda Uliarte, y Gabriel Nicolás Carrizo, quien manejaba un vendedor de dulces del sector.

La vicepresidenta siempre ha cuestionado a la Justicia por solo enviar a juicio oral a esos tres imputados y no investigar si hubo instigadores o vinculaciones políticas en el ataque.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró ayer que el país centroamericano vive en la actualidad un "golpe de Estado", orquestado con el objetivo de evitar su investidura y la de su partido político el próximo 14 de enero.

En una rueda de prensa junto a su vicepresidenta, Karin Herrera, el mandatario electo acusó a la fiscal general, Consuelo Porras, como una de las principales promotoras del "golpe de Estado".

Además, señaló al fiscal Rafael Curruchiche, a la Junta Directiva del Congreso, a un juez penal y a "otros actores corruptos" como los instigadores del "golpe de Estado", al "intentar romper el orden constitucional y violentar la democracia".

La denuncia de Arévalo de León llega en la misma semana en que la Junta Directiva del Congreso, del partido Vamos, del presidente, Alejandro Giammattei, suspendió a la bancada legislativa del Movimiento Semilla, que llevó al académico de 64 años a la presidencia.

Además, esta misma semana el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral canceló al partido de manera provisional, y en ambos casos fue por orden del juez penal Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público (Fiscalía) que dirige Porras.

Las intenciones por cancelar al partido por parte del Ministerio Público se iniciaron el 12 de julio, después de que Arévalo sorpresivamente se colara a la segunda vuelta en las elecciones del 20 de junio, y han sido catalogadas como "ilegales" por diversos expertos y analistas, además del mismo excandidato.

Desde entonces, la Fiscalía allanó la sede del Movimiento Semilla y también el Tribunal Supremo Electoral, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 durante la fundación del partido.

Arévalo de León explicó ayer que "el grupo de políticos y funcionarios corruptos, que se niegan a aceptar este resultado, pusieron en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia".

De acuerdo al actual diputado, dicho "golpe de Estado" se está "llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas, e ilegales, en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente".

El académico hizo un llamado a toda la población "a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular" para "derrotar a las fuerzas golpistas que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza".

La investidura de Arévalo de León está programada para el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

Precisamente al respecto, el legislador indicó que ve "una contradicción" en el proceso de transición, que según Giammattei, empezará el próximo 4 de septiembre. "Por un lado vemos la formalidad protocolaria del presidente (Giammattei) y al mismo tiempo existe este plan consecutivo de golpe de Estado", explicó Arévalo de León.

Con visita de la oea

La denuncia de Arévalo de León coincidió con una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que otorga al secretario general del organismo, Luis Almagro, una mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala.

La iniciativa, impulsada por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU. y la República Dominicana, fue aprobada por aclamación, es decir, con el aplauso de la mayoría de los embajadores que representan a los 34 países que son miembros activos de la OEA.

La resolución pide a Almagro, que viajará a Guatemala la semana próxima para supervisar la transición, que se reúna con representantes del Ministerio Público (Fiscalía).

Específicamente, el texto le solicita que traslade al Ministerio Público "la importancia de la separación de poderes" por ser "esencial para el ejercicio de la democracia" y, además, que destaque que "el uso del ordenamiento jurídico como una herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable".

Almagro estuvo en Guatemala en agosto durante cuatro días para verificar el proceso electoral y durante dicho período se reunió con las autoridades del Ministerio Público, incluyendo el fiscal Curruchiche.

El secretario de la OEA advirtió en reunión extraordinaria que "cualquier otra opción" que no sea la investidura de Arévalo de León el próximo 14 de enero "será vista como un rompimiento constitucional".

La eliminación de los scooters eléctricos de alquiler en París, decidida el pasado abril en un referéndum, entró en vigor ayer, lo que coincidió con que el Gobierno central francés oficializó un endurecimiento de las normas para el uso de este medio de transporte a nivel nacional.

En París se estima que había cerca de 15.000 scooters eléctricos de libre servicio en las calles, operados por compañías que tenían contratos para operar hasta ayer. Su renovación fue objeto de un votación ciudadana en abril: 89% se opuso. En 2022 estos vehículos protagonizaron 459 accidentes.