Por Karlyng Silva Leal

Con una baja adhesión y principalmente marcada por la participación de dirigentes del transporte público, juntas de vecinos y estudiantes, se desarrolló ayer la marcha y paralización parcial convocada por la Mesa de Trabajo por el Transporte Público de Concepción. Previo a la movilización, los dirigentes recibieron una respuesta por parte del Ministerio de Transportes, asegurando que no responde a sus demandas ni garantiza las mejoras que requiere el servicio que se presta en la capital regional.

Finalmente cerca de un centenar de personas marcharon desde la Plaza de Tribunales hasta la Delegación Regional y posteriormente al Gobierno Regional para entregar nuevamente el petitorio firmado por organizaciones de la sociedad civil en apoyo a los conductores respecto a demandas sobre el servicio de transporte, tales como recorridos, frecuencias, horarios, además de condiciones laborales de los trabajadores en materia de seguridad y regularidad, entre otros.

Al respecto, José Coronado, vocero regional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público del Biobío explicó que "aquí están mayoritariamente los dirigentes, los que tienen fuero sindical. Le manifestamos al seremi que esta equivocado, que el perímetro de exclusión así como está no sirve, entendemos que falta una regulación en el transporte público, pero no a costa de los trabajadores".

Respuesta de TRANSPORTES

Coronado señaló que la respuesta del Ministerio a las demandas del gremio y la ciudadanía son evasivas y dilatan las soluciones hasta el año 2026. "En el documento que recibimos dice que los dos proyectos de ley que tenemos en el Senado estaban con suma urgencia y eso no es real, por lo que tememos que se pierdan. Se trata de las cabinas de segregación para proteger la integridad de los trabajadores bajo las agresiones externas y la modificación de la ley que permita suspender el pago del subsidio a los empleadores del transporte público cuando estos no le paguen a sus trabajadores lo que corresponde".

El seremi de Transportes, Héctor Silva, agregó que la respuesta ministerial fue principalmente sobre temas legislativos. No obstante, agregó que "el otro punto que se contestó en la carta tiene que ver con el medio de pago electrónico que ya hemos señalado se está implementado, y que una vez que entre en regulación el perímetro de exclusión existirá la posibilidad de que esto sea una realidad".

Respecto a la efectividad del perímetro de exclusión para solucionar las demandas de los transportistas, principalmente sobre regulación laboral, horaria y de remuneraciones; Silva sostuvo que la nueva regulación permite generar las condiciones para avanzar en esa dirección.

"La nueva regulación obliga a las líneas a tener un listado de todos los conductores y sus contratos. A partir de ese elemento básico, el Ministerio del Trabajo tiene que hacer las fiscalizaciones. Como Transportes estamos apurando la instalación de esta nueva regulación para hacer estas exigencias efectivas y en paralelo avanzar hacia el medio de pago electrónico, que es lo que en definitiva permita exigir y tener certezas sobre el ingreso al sistema y que los contratos de trabajo estén acorde a lo que se requiere", explicó.

Baja adhesión

Debido al paro parcial con una baja adhesión y la movilización que se desarrolló al medio día, desde la Seremi de Transportes reportaron que los servicios regulados del Gran Concepción tuvieron una frecuencia normal en comparación a otras jornadas. De esta forma a las 7:30 de la mañana la operación fue del 89% en comparación al día lunes; a las 8:00 horas aumentó a un 92%; alcanzando un 99% a las 9 horas.

En el Gran Concepción, el recorrido entre Chiguayante y Hualqui fue el que presentó la mayor baja de operación durante la movilización, alcanzando hasta un 19% menos de recorridos en comparación al día anterior.

Una serie de manifestaciones en distintas rutas de la región fue el punto de partida del paro indefinido de profesores en Biobío, esto en el marco de una convocatoria nacional tras recibir una respuesta deficiente por parte del Ministerio de Educación al petitorio entregado al Gobierno respecto a distintas problemáticas que afectan actualmente al gremio.

Así lo indicó el presidente regional Biobío del gremio, Jorge Barriga, quien además explicó que, al cierre de esta edición, aún se evaluaba la convocatoria a docentes a marchar en las provincias de Concepción, Los Ángeles y Lebu en esta jornada, pues ayer el Ministerio de Educación entregó una nueva propuesta por lo que el jueves en lugar de una marcha en Santiago se realizará una consulta nacional sobre la continuidad de la movilización.

Desde la Seremi informaron que en la región el paro registró durante la jornada de ayer una adhesión del 26,9% de la totalidad de establecimientos educacionales municipales, Servicios Locales de Educación Pública (Slep) y particulares subvencionados.

Demandas

Tras reunirse en la plaza de los Tribunales en Concepción, más de un centenar de docentes marcharon hasta la Seremi de Educación, en donde entregaron una carta a la seremi Elizabeth Chávez que contiene las 8 demandas que motivan la movilización del gremio.

La seremi se encontró fuera de la sede ministerial con los docentes, recibió el documento e indicó que se analizará su contenido y se entregará para que el Ministro de Educación pueda dar también una respuesta a las demandas. Además, señaló la preocupación de la cartera respecto a que los estudiantes puedan continuar recibiendo su alimentación, por lo que se han determinado acciones para mantener este proceso en curso.

Jorge Barriga destacó entre los puntos de su petitorio dar respuesta a la deuda histórica de profesores que llevan 42 años esperando y que fue una de las promesas de campaña de este gobierno y que en la última propuesta del Ministerio se comprometía una reparación del 25% a casi 70 mil profesores. También, apuntó al reconocimiento de la mención de las educadoras diferencial y de párvulo, ya que si bien el gobierno inició una mesa de trabajo al respecto, esta solo incluye a las educadoras de párvulo.

En otra línea, sobre el fortalecimiento de la educación pública, Barriga apuntó al financiamiento de la educación pública que mantiene en una crisis financiera a las municipalidades y Slep; la necesidad de revisar la Jornada Escolar Completa (JEC) que había sido pensada para potenciar áreas como las artes, ciencias, entre otras, pero que ante la presión de las pruebas Simce ha contribuido a aumentar las horas de matemática y lenguaje.

"También abordamos el aumento excesivo de violencia escolar en los establecimientos, tanto profesores como asistentes de la educación hemos sido víctimas de amenazas y agresiones; apoderados que sacan armas y en otros casos incluso hiriendo a puñaladas a los docentes. La situación recrudeció tras la pandemia y nos ha obligado a levantar esto como una demanda desde el Colegio de Profesores", agregó.

La propuesta entregada por el Ministerio ayer apunta a un proyecto de ley para reparar la deuda histórica a la totalidad de los docentes afectados, iniciando por los casos más urgentes a partir del 2024 y analizar las menciones profesionales bajo el compromiso de constituir una mesa de trabajo con el Colegio de Profesores incluyendo a educadores diferenciales y de párvulo, lo cual se proyecta hasta el mes de noviembre.

Durante la jornada de ayer se desarrolló una audiencia relacionada a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el Caso Convenios, en que una de las aristas mantenía como imputada y querellante a Camila Polizzi respecto a su rol en el uso de la Fundación En Ti para realizar proyectos financiados por el Gobierno Regional.

De esta forma, en medio de una audiencia de carácter reservada, el Juzgado de Garantía de Concepción determinó que Polizzi quedara solo en calidad de imputada, excluyéndola como víctima en la misma investigación en que ella se había querellado en contra de sus ex socios Matías Godoy y Sebastián Polanco.

Tras la audiencia, Pablo Ardouin, defensor penal público explicó que con la resolución del juzgado, la institución continuará representando a Polizzi, como lo ha hecho desde principios de agosto hasta el final del proceso respecto a su calidad de imputada en la investigación.

Respecto al secreto de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía, el defensor sostuvo que "se resolvió que el registro de las actuaciones judiciales y las resoluciones dictadas en la presente causa son públicas para los intervinientes, o sea, defensores, querellantes, tienen acceso a todos los registros judiciales, salvo los terceros (...) Por lo menos para nosotros se garantiza el derecho de defensa al poder acceder a los registros".