Programa por Ley de Inclusión Laboral considera a 20 empresas locales
La iniciativa mantiene cinco fiscalizaciones vigentes y otras cinco se concretaron, cumpliéndose la normativa en su totalidad.
Hace cinco años entró en vigor la ley 21.015, denominada Ley de Inclusión Laboral, que actualmente obliga al empleador cuya empresa supera los 100 trabajadores a contratar al menos un 1% de funcionarios con discapacidad o que cuenten con pensión de invalidez.
En la Región del Biobío se creó una mesa de inclusión laboral y la Dirección del Trabajo está ejecutando un programa local de fiscalización con 20 empresas del sector público y privado, que se extenderá hasta fines de septiembre, de las cuales 5 están en proceso y otras 5 ya lo culminaron, sin evidenciarse infracciones a la ley.
La seremi del Trabajo y Previsión Social, Sandra Quintana, detalló que es clave fortalecer la fiscalización a empresas y promover la visibilización de la discapacidad, pues la implementación de la ley en la región ha sido lenta, y "se han implementado leyes que van empujando un poco el tema, sin embargo, no se logra lo que uno espera".
Fiscalización regional
El 1 de julio, la Dirección del Trabajo comenzó a ejecutar un programa de fiscalización con 20 empresas, entre ellas universidades y del retail, y se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre. La directora regional del Trabajo, Roxana Rubio, sostuvo que "actualmente existen 10 fiscalizaciones en curso, de estas cinco están terminadas y cinco en proceso. De las que ya están terminadas, ninguna cuenta con infracción en materia de inclusión laboral, cumpliéndose el porcentaje mínimo de contratación exigido por la ley".
Otras acciones consideran la constitución de una mesa de inclusión laboral, levantada en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para abordar y resolver distintas aristas, tales como la gestión de capacitaciones para personas discapacitadas que no poseen estudios, y la creación de proyectos en torno a las necesidades vigentes.
Además, se realizó un curso de capacitación para personas con discapacidad, enmarcado en el Consejo Regional de Capacitación que comenzó a operar el pasado 1 de agosto, y desde la Seremi del Trabajo acompañarán a agrupaciones en campañas de visibilización de la discapacidad. "Nuestro objetivo es capacitar y lograr la empleabilidad, es bastante ambicioso dado las condiciones en las que estamos", afirmó la jefa de la cartera en la región.
Sensibilización
En ese contexto, también precisó que tanto en el Biobío como a nivel país se ha evidenciado avances insuficientes sobre inclusión laboral, y las principales limitantes que se observan en las empresas son la adecuación de horarios, de espacios laborales y la disposición de un acompañante para quien tiene la condición de discapacidad, durante los dos primeros meses de trabajo.
A esto se suma una brecha entre el sector privado y público, pues en este último se ha constatado un mayor cumplimiento de la norma y, según indicó la autoridad regional, donde más se ha evidenciado es en los municipios. Un ejemplo de ello es Joseph Flores, quien desde hace nueve años trabaja en la Municipalidad de Tomé, y en abril de 2023 fue contratado definitivamente en la Oficina de Discapacidad.
"Nací a los 6 meses y medio con una parálisis espástica en el lado izquierdo, me costó estudiar, aprender, pero saqué cuarto medio. Estuve un año en la casa, porque para todo hay que tener título. Antes no se veía esto de la inclusión, había mucha menos conciencia de la persona con discapacidad, era muy difícil, y todavía lo es un poco", declaró.
El funcionario municipal contó que dicha oportunidad laboral le permitió tener una mayor responsabilidad administrativa, ya que está a cargo de la oficina, y también forma parte de la mesa de inclusión laboral. Pese a esto, señaló que aún se evidencia una falta de empatía en la comunidad general. "Hay gente que pasa por tu lado y te ayuda, pero la otra persona que está al frente te queda mirando, no se ponen en lugar de uno", dijo.
En ese sentido, la seremi del Trabajo enfatizó en que se debe avanzar bajo la línea del fortalecimiento de la fiscalización empresarial y en la sensibilización de las empresas, con una mirada de inclusión social desde el empleador, pero al mismo tiempo en impulsar un reconocimiento general de la discapacidad hacia la comunidad.