Registro de Deudores de Pensiones
El Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos ha superado los 112 mil inscritos, de los que 109.248 son hombres y 3.498 son mujeres, de acuerdo con un reciente reporte del Registro Civil.
La deuda que acumulan a nivel nacional sobrepasa los 102 mil millones de pesos. Por regiones, el ranking de incumplidores lo lidera la Región Metropolitana, con 42.184, seguida de Valparaíso, con 15.033, y nuestra Región del Biobío con 11.606.
Esta normativa establece un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos adeudadas; mejora el acceso a la información financiera de los deudores, haciendo responsable al Estado de investigar los fondos disponibles en las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros y/o de inversión que el deudor posea, y garantiza que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad. Si existe al menos una mensualidad de pensión de alimentos adeudada, se puede solicitar al tribunal que ordene la búsqueda activa de patrimonio, a través de una medida de retención de fondos que tenga el involucrado en cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión, y cuentas de ahorro previsional voluntario. Este registro da cuenta de la magnitud del problema, ya que son derechos vulnerados de niños y adolescentes.
El 18 de noviembre de 2022 comenzó a regir en plenitud la ley 21.389, que creó este registro nacional, para perfeccionar el sistema de pago en favor de los hijos. La iniciativa había sido promulgada en el Diario Oficial del 18 de noviembre de 2021, por el entonces Presidente, Sebastián Piñera. Establece doce medidas para penalizar a quienes deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. El Registro Civil está a cargo de mantener esos datos, que influyen en la retención obligatoria de fondos, desde créditos otorgados; de las devoluciones de impuestos; de la compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones; además de establecerse trabas para obtener la licencia de conducir y el pasaporte. También la se considera un delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, pues eso vulnera la autonomía, el patrimonio y la subsistencia de quienes tienen a cargo los hijos.
Para ingresar al Registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. Los alimentarios deben solicitar al tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si éste no hace el pago una vez realizada la liquidación, el tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores, mecanismo electrónico remoto, gratuito e inmediato, que puede ser consultado por cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.
Entre las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.
Según una encuesta realizada en 2020 por el Ministerio de la Mujer y Cadem, el 46% de las mujeres no convivía con el padre de sus hijos y de éstas, un 65% no recibía contribución alguna de pensión. Sólo el 16% de los deudores se hacía responsables del pago.
Las causas por pensiones de alimentos se encuentran entre las más vistas por los Tribunales de Familia del país. Son parte del 53% de las situaciones que esos juzgados conocen mensualmente, junto a la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos.
Entre las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran la retención de las devoluciones de impuestos y la imposibilidad de renovar documentos.