Flor Arbulú Aguilera

El lunes pasado, la Comisión de Salud del Senado se reunió con la ministra del ramo, Ximena Aguilera, y su par de Justicia, Luis Cordero, y otros actores para analizar el nuevo fallo de la Corte Suprema contra las Isapres que deja sin efecto el alza de las primas GES de 2022 y ajusta el valor de las mismas, lo que se suma al anterior dictamen sobre la tabla de factores que indica la devolución de dineros.

Para el senador PS Juan Luis Castro, quien preside la citada Comisión, esta nueva resolución "cierra un ciclo, de más de un año, de una judicialización extrema de los propios afiliados contra sus Isapres por sentir que hubo abusos, porque se terminó comprobando que efectivamente cobraron de más en materia de tabla de factores y primas GES", algo que se está viendo en la Ley Corta que debe entrar en vigencia en noviembre.

El parlamentario y doctor espera que ésta propicie, además, "un escenario legislativo que vaya un poquito más allá de la Ley Corta en cuanto a generar una transición. Transición necesaria a modelos de salud de seguros complementarios, por ejemplo, entendiendo que las Isapres, como las hemos conocido, son un sistema que ha tenido un fracaso en el tiempo".

"Atención privada va a haber, seguros privados van a seguir existiendo, el punto es cómo, desde el escenario de hoy -que es bastante feble, bastante frágil y más bien oscuro en lo económico-, se pasa a un sistema donde las personas que lo deseen en Chile tengan atención privada, pero bajo reglas claras, nuevas y que se respetan", sostiene.

-¿Usted cree que deberían todos estar Fonasa y tener seguros complementarios?

-Hoy día, si uno saca la cuenta, hay casi 8 millones de personas que siendo Fonasa tienen seguros adicionales, complementarios. O sea, es una modalidad que se ha ido extendiendo (...). Una estampida masiva y abrupta recargaría el Fonasa y haría más insostenible las listas de espera. Me parece que la libertad de elección es lo que debe primar, no bajo condiciones impuestas de quiebra, sino bajo reglas nuevas que permitan que la gente opte por los caminos que estime y eso se hace con un modelamiento nuevo. Es decir, nunca en Chile le vamos a negar a la gente que quiera tener acceso a la atención privada.

-¿Falta conocimiento sobre cómo funciona Fonasa?

-Más que información, yo diría que acceso, porque no hay que olvidar de que Fonasa tiene un gran mundo de personas de los grupos A y B que son los más precarios, donde no hay capacidad de copago, o bien, es muy limitada. (...) Creo que hacia el futuro debiésemos tener coberturas privadas razonables para gente que tenga una capacidad de copago y un seguro público Fonasa, que hoy día tiene al 80% de la población, pero que le dé rango de seguro público, es decir, que se preocupe de ir al rescate de las personas que están más necesitadas (...). A eso voy con cómo hacemos una transición desde un modelo que ya ha tenido un fracaso y una sentencia judicial muy contundente, a un modelo de atención privada que permita, con reglas nuevas, que haya seguros privados, pero no el estilo de las Isapres (...). En ese plano creo que, sin esperar el colapso del sistema privado, haciendo cumplir el fallo, evitando que la gente quede desamparara, tenemos la oportunidad, desde el punto de vista político, de generar un ambiente que permita iniciar una reforma, no digo concluirla, para que el mundo de las Isapres se vaya reconvirtiendo.

-¿Hay preocupación por las tres Isapres que anunciaron que ya no van a vender más planes?

-Claro, lógico, porque son ajustes que tienen que ver con una rebaja de los ingresos que van a tener, porque si el próximo mes ya cambian los precios de las primas GES significa que tres Isapres van a recibir, sólo por ese concepto, casi un 55% menos de ingresos. Por lo tanto, es obvio que tienen que hacer adecuaciones, porque la fuerza de venta tenía un parámetro de precio y planes que va a cambiar, y va a volver a cambiar en noviembre cuando la tabla de factores va a ser una sola. O sea, son los escenarios consecutivos que van a rodear el sistema de Isapre y que obviamente todos ellos apuntan a menores ingresos de su recaudación, eso es un hecho. Y por lo mismo, advirtiendo que eso puede llevar a un eventual colapso, caída, es momento de que el conjunto reflexione qué quiere hacer para el futuro, o de lo contrario, nos sentamos a esperar la caída de las Isapres y luego la caída de las clínicas. Eso no es lo que quiere el país, a nuestro juicio.

-Pasando a otro tema, en junio pasó a la Cámara de Diputados y Diputadas la ley que modifica el otorgamiento y uso de licencias médicas. ¿Cuán importantes es esta?

-El sistema de licencias médicas no se ha reformado nunca en democracia. Es un sistema un tanto obsoleto que genera muchas suspicacias, tiene muchas burocracias además que impiden que a la gente se le autorice o se le pague a tiempo, cuando está realmente enferma; se ha prestado para abusos. Esos abusos los estamos tratando de combatir con este proyecto de ley que ya se despachó del Senado. Pero a mí me preocupa que en la Cámara lleve dos meses y no se ha tratado. Lo he hecho ver, porque aquí se trata de contener costos tanto en Fonasa como en las Isapres. Hoy día se gasta más de la mitad de la cotización en Chile sólo en pagar licencias médicas, o sea, la mitad del 7%, como nunca antes, se está gastando solo en el subsidio de incapacidad laboral y esas son cifras desmesuradas. (...) Pero también yo le pido al Gobierno que rediseñe la arquitectura del esquema del subsidio de incapacidad laboral. Por ejemplo, en Chile, no es aceptable que una licencia de 10 días se pague desde el cuarto día, eso es un perjuicio directo a las personas enfermas, debiera haber un periodo de carencia único, no segmentado por tantos días de otorgamiento, porque se generan incentivos perversos (...). Todo esto tiene que reformularse. Lo mismo la estructura de las Compin en las regiones que tienen muy poco personal, que son lentas, que les cuesta resolver los problemas, que se demoran en los pagos, que la gente tiene que ir a uno y otro peritaje a veces. O sea, es una estructura frágil para una demanda cada vez más creciente.

-El Minsal reveló que más de 19.000 personas fallecieron estando en una lista de espera durante el primer semestre del 2022. ¿Qué se podría hacer?

-Esta es una cifra bastante dura y creo que debe golpear la conciencia política de la autoridad, en cuanto que hay 80.000 personas que son GES o AUGE, y están en espera. Ojo con esto, recordemos que el GES establece tiempos máximos de espera. Esas personas están haciendo espera, promedio, de cinco meses más por sobre lo que dice su plan GES y además hay 19.000 que han fallecido en esa espera. Estamos frente a un problema significativo y esto se refleja en cáncer, sobre todo, que es la primera causa de muerte en Chile. Entonces este es un llamado de atención que ya hicimos hace dos semanas a la autoridad sanitaria, sobre cáncer especialmente y sobre listas de espera que, si bien reconocemos que los tiempos de espera han disminuido, no así los volúmenes de gente esperando ni tampoco la mortalidad. Y, por lo tanto, aquí sigue siendo una prioridad, ahora presupuestaria y de gestión porque son ambos caminos que tienen que ir de la mano, que logre combatir y reducir significativamente esta lacra social que es la espera.

-Se está llegando súper tarde con el tema del cáncer.

- El cáncer desde el 2019 es la primera causa muerta. En la mujer es el cáncer mamario y en el hombre el cáncer de próstata. Estamos frente a un fenómeno dramático, donde la prevención se ha quedado atrás, porque en ambos casos es posible advertir por el método de prevención diagnóstica. En el caso del cáncer mamario es muy duro pensar que en Chile sólo cuatro de cada 10 mujeres se hacen una mamografía preventiva.

-En eso fue fundamental que ahora la mamografía se puede hacer sin orden médica.

-Por eso lo hicimos, porque nos pareció ayer una válvula de compresión ante la pasividad de no hacer campaña preventiva comunicacional o el desconocimiento de las personas de sus derechos de medicina preventiva. En el caso del hombre, si bien no es un examen enteramente predictivo, pero el antígeno prostático caramba que ayuda a detectar cáncer de próstata, más el examen técnico. Queremos liberarlo también de la orden médica, hay un proyecto de ley que estamos impulsando en ese sentido.