Recientemente recibimos en Concepción la visita de representantes de Tknika, centro impulsado por la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, cuyo eje fundamental son la investigación y la innovación aplicada. En la ocasión, pudieron conocer experiencias locales en torno a la innovación, la cual es el motor de su trabajo y, sobre todo, como estrategia de desarrollo que los mantiene a la vanguardia en la formación profesional europea. Pero ¿qué tanto sabemos o qué tan relevante es la innovación?

La innovación ha sido durante siglos el motor que ha impulsado el desarrollo en comunidades y países. Desde los inicios de la civilización, la humanidad ha demostrado una capacidad innata para crear, mejorar y adaptar soluciones a los desafíos que enfrenta. La innovación no solo ha revolucionado industrias enteras, sino que también desempeña un papel vital en la mejora de la calidad de vida y el progreso económico.

A nivel comunitario, la innovación puede tener un impacto transformador. La capacidad de encontrar soluciones locales a problemas específicos crea un sentido de empoderamiento entre sus habitantes. Los proyectos innovadores pueden abordar cuestiones como el acceso a servicios básicos, la salud, la educación, el transporte y la energía, mejorando así la vida de las personas. Cuando las comunidades se convierten en incubadoras de ideas y tecnologías, el desarrollo sostenible se vuelve una posibilidad más realista y, sobre todo, co-construido.

Un ejemplo destacado es el de las tecnologías de energía renovable implementadas en áreas rurales con dificultades de acceso a la electricidad. Los sistemas solares y eólicos descentralizados han proporcionado una fuente confiable de energía a comunidades antes desatendidas, impulsando actividades económicas y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.

Para impulsar el desarrollo a través de la innovación, es esencial si fomentar una cultura que valore y recompense la creatividad y el pensamiento disruptivo. Esto implica promover la colaboración entre instituciones educativas, centros de investigación y empresas, ya que la sinergia entre estos actores puede desencadenar soluciones innovadoras nunca antes pensadas ni menos propuestas.

Además, los gobiernos deben crear un entorno favorable para la innovación, mediante la implementación de políticas que faciliten la protección de la propiedad intelectual, el acceso al financiamiento para proyectos innovadores y la eliminación de barreras burocráticas que dificulten el emprendimiento.

El futuro del desarrollo de la humanidad depende en gran medida de la capacidad de abrazar la innovación. La tecnología continúa avanzando a un ritmo vertiginoso y aquellos que se resisten al cambio corren el riesgo de quedarse atrás. Por ello, es fundamental que las comunidades y los países hagan propio el desafío de la innovación y lo utilicen como una poderosa herramienta para mejorar la calidad de vida de sus comunidades, proteger el medio ambiente y promover un crecimiento económico sostenible.

Durante el primer semestre de este año fui parte del ejercicio de anticipación "Chile Crea Futuro al 2050", convocado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. La instancia reunió a más 100 expertos a imaginar el país que queremos totalmente nuevo, con miras al 2050. El trabajo se orientó a cuatro fenómenos de cambio: dos de ellos como fuerzas transformadoras, asociadas a la revolución digital y la revolución biológica, y dos preocupaciones: la crisis de la democracia y además la sustentabilidad de la vida en el planeta, que fue la mesa en la que participé junto a colegas de diferentes sectores de la sociedad y con diversas trayectorias profesionales y políticas.

El ejercicio central -que no se puede analizar en forma convencional- consistió en discutir sobre escenarios futuros, en virtud de variables de contexto nacionales e internacionales, de manera de construir un escenario con un Estado democrático altamente capaz y con una alta preservación de biósfera y su biodiversidad. Tal como plantea parte del informe final donde se indica, en primer lugar, la importancia de comprender que nuestra prosperidad -tanto social como económica- está ligada a la preservación de una naturaleza sana; y, en segundo, la necesidad de que el Estado desempeñe un papel efectivo y eficiente en los territorios, lo que requiere modernizar la gestión pública enfocada en las personas, aprovechando las tecnologías digitales.

El documento también enfatiza que, hoy más que nunca, las promesas de bienestar y equidad social requieren un compromiso transversal con promover un desarrollo económico sostenible, planteando la necesidad de integrar la sustentabilidad como un pilar fundamental en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado.

Esta visión de Estado, con una mirada de sustentabilidad que puede y debe irse instalando para que sea abrazada por todos los actores del país, implica una profunda comprensión de nuestra dependencia de la naturaleza, de más y mejor democracia, de mejores acuerdos basados en ciencia ética y de la revolución digital para, por un lado, dar dirección a las posibilidades que aporta la revolución biológica que contribuyan a la salud y bienestar y, por otro, que facilite las tareas cotidianas para todas y todos. De esta manera, estos ejes integrados implican una incidencia alta del mundo científico, en lógica transdisciplinaria, reconociendo diferentes perspectivas y saberes.

Asimismo, depende de una toma de decisiones con gobernanzas fuertes, co-creativas, basadas en evidencia, que den un marco ético al desarrollo tecnológico. Así, y solo así, podremos enfrentar y superar las amenazas a la calidad de vida, la inclusión y desafíos del desarrollo como la escasez hídrica o la pérdida de empleos. Del mismo modo, será posible responder a los desafíos globales que incidirán a nivel local, por disponer de sustentabilidad y resiliencia tanto en las nuevas esferas para la toma de decisiones de impacto nacional, regional o comunal, como en los territorios donde la sustentabilidad de la vida se juega día a día.

Esperemos que el esfuerzo de anticipación llegue a quienes tienen responsabilidades de liderazgo, y que al 2050 podamos estar satisfechos del trabajo hecho durante años para asegurar la sustentabilidad y, esperemos, para garantizar la vida en el planeta.

Lamentablemente, muy pocos países en el mundo alcanzarán a cumplir los objetivos que plantea la Agenda 2030. Ya se piensa que es muy posible que antes del 2030, se deban revisar las metas a nivel global y local, ajustarlas a la nueva realidad, alargar el plazo establecido y hacer frente al fracaso, con honestidad. Sin duda, la pandemia del Covid19 produjo un impacto negativo dramático en el ritmo de avance que llevábamos, para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un retroceso del orden del 4% a nivel mundial. En América Latina, ese retroceso llegó al 10%, exacerbando las desigualdades y develando los enormes nuevos desafíos en áreas como la salud, la educación y el crecimiento económico.

En el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, -donde he tenido el honor de participar como parte de la delegación del país, en el rol de directora ejecutiva de Pacto Global, Chile presentó su Tercer Informe Nacional Voluntario (INV), describiendo el progreso alcanzado en el cumplimiento de los ODS, dando cuenta sobre los avances y desafíos en relación con la Agenda 2030. Destaca, en relación a otros países, la incorporación de un estudio que recaba datos e información relativa a la contribución del sector privado a este avance. Este fue llevado a cabo por Pacto Global, con el apoyo de catorce organizaciones y gremios del país, elaborado con el apoyo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.

En esta línea, el compromiso y los esfuerzos de los países deben ser permanentes y continuos, independientemente del gobierno de turno, junto con la participación de diversos actores y partes interesadas, impulsando la acción y fortalecimiento de políticas para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. No lograr cumplir plenamente con la Agenda 2030, implica desafíos adicionales en términos de desarrollo sostenible, igualdad, justicia social y protección del medioambiente. La no consecución de los ODS sin duda resulta en un mayor deterioro de la calidad de vida de las personas, la persistencia de desigualdades y brechas sociales, así como impactos negativos en el ecosistema.

El informe de Chile refleja un trabajo desarrollado en el tiempo, de diálogo con las comunidades de los distintos territorios del país, para conocer sus necesidades y también incluye a jóvenes y niños, algo inédito respecto de la metodología utilizada por otros países.

Creo firmemente que haber visibilizado la contribución del sector privado, demuestra que un país requiere de un rol activo de la empresa, en inversión, generación de fuentes de trabajo, producción de bienes y servicios, y que la empresa hoy, toma un papel protagónico para producir avances no solo en lo económico, sino también en los aspectos sociales y medioambientales, cuando aplica estrategias que integran estos aspectos y prioriza un comportamiento consciente respecto de construir una sociedad más equilibrada, un mayor bienestar social y un genuino cuidado de nuestro planeta.

Chile se ha posicionado favorablemente en comparación con otros países de la región y ha sido reconocido a nivel global por sus avances en la implementación de los ODS. No obstante, es necesario continuar trabajando en los desafíos pendientes, que son muchos, y fortalecer los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en el país.