Plazos para avanzar en transparencia
Una seguidilla de medidas para retomar las confianzas y entregar una señal de transparencia han sido propuestas en las últimas semanas de parte de los distintos integrantes del Gobierno Regional, ya sea por el equipo del gobernador Rodrigo Díaz como también por los consejeros regionales, en respuesta a la compleja situación provocada por las investigaciones penales y administrativas por el caso Convenios.
En medio de los avances investigativos del Ministerio Público, que mantiene en secreto las investigaciones que lleva adelante, la preocupación política por volver a contar con la confianza ciudadana y, sobre todo, por asegurar de mejor forma que no volverá a ocurrir una situación como la actual es evidente y, de alguna forma, esperable. Hay que considerar que las indagaciones penales pueden avanzar en la búsqueda de delitos en torno a las asignaciones directas de fondos públicos a diversas organizaciones y fundaciones, pero también es posible que realizadas las diligencias necesarias por parte del órgano persecutor no se llegue a la convicción de que hay delito en todas las causas sino más bien negligencias o que, en otro escenario, los delitos sean de menor gravedad de los que se ha estimado.
En una breve pero contundente aparición ante la opinión pública, la fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Biobío, María José Aguayo, detalló esta semana que actualmente las investigaciones que se están realizando por fundaciones en total, son nueve relativas al caso Convenios. Esta precisión la entregó en la misma jornada que se concretó una seguidilla de allanamientos simultáneos, órdenes de entrada y registro que fueron concretadas por la Policía de Investigaciones a una cantidad indeterminada de domicilios, lo que fue explicado por la persecutora como medidas intrusivas dado el tratamiento procesal en que se encuentran los involucrados.
Explicó que los propietarios de los inmuebles allanados debían prestar declaración y aseguró que las diligencias no eran una decisión tardía, "sino que los momentos procesales en los que se hacen las medidas intrusivas, todo tiene un por qué y una razón de ser (...), los momentos son decisiones que se toman por el equipo investigativo".
Cuántos y quiénes están siendo indagados por la Fiscalía son datos que todavía no han sido entregados de forma pública, pero que de alguna forma comienzan a quedar claros debido a las citaciones a declarar que están comenzando a concretarse. Queda claro que quienes forman parte de la fundación En Ti, una de las organizaciones cuestionadas por los traspasos de fondos regionales para proyectos, ya han sido citados y requeridos en el marco de la investigación, pero hay que recordar que no es la única.
De hecho, el abogado que representa al exjefe de Gabinete del gobernador Rodrigo Díaz, que renunció junto a otros dos directivos hace dos semanas, solicitó una audiencia para que el Ministerio Público le informe el o los delitos que se investigan y cuáles son los hechos que se le podrían estar imputando. De esta forma, el próximo 28 de agosto se realizará una audiencia para abordar su situación, dado que las indagaciones tienen carácter secreto.
Todas estas circunstancias obligan a que las señales políticas que van en el sentido de la búsqueda de transparencia y de mayor control incluyan también propuestas y plazos claros para que las modificaciones necesarias se concreten. El gobernador Díaz reiteró, en un encuentro empresarial realizado hace tres días, que se trabaja en la implementación de 15 medidas de probidad, transparencia y control para mejorar los estándares en los procesos que finalizan con la asignación de recursos, algo que ya había anunciado hace casi 20 días y que, en esa oportunidad, se aseguró que sería sometido a la revisión del Consejo Regional.
Se suma la presentación de una propuesta con 7 medidas que buscan fortalecer la fiscalización de los proyectos cuestionados por el caso Convenios, así como de las acciones investigativas que se están realizando, por parte de un grupo de nueve consejeros regionales, quienes también enviaron la propuesta al gobernador. Las iniciativas buscan abordar problemáticas como la desconfianza, pero también la detención de proyectos que van en directo beneficio de las comunas del Biobío. Otro grupo, formado otros cinco representantes, ingresó una nueva solicitud para una sesión extraordinaria de la instancia y así volver a tener información sobre la situación, tras la primera sesión extraordinaria realizada hace poco más de una semana.
La Fiscalía Regional avanza en sus indagaciones, coordinando lo que considera necesario para determinar si hay delitos en todos los casos señalados, por lo tanto también es necesario que avancen las intenciones políticas, que de acuerdo a lo expresado por todas las partes involucradas existen, pero hasta ahora no se concretan.
Todas estas circunstancias obligan a que las señales políticas que van en el sentido de la búsqueda de transparencia y de mayor control incluyan también propuestas y plazos claros para que las modificaciones necesarias se concreten.