Por Nicolás Álvarez Arrau

El 47% de la población rural del país no cuenta con acceso a agua potable y sólo el 11% dispone de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. A este problema, que se extrapola al Biobío, una región en esencia rural, se suma la falta de una institucionalidad robusta que permita abordar la seguridad hídrica en tiempos en que la escasez del recurso sigue siendo crítica. En respuesta a esta brecha, distintas universidades de la zona han levantado y profundizado iniciativas -algunas con apoyo financiero del Gobierno Regional - con el objeto de llegar a los territorios y suplir esta falta de gobernanza.

En esta tarea destacan acciones de las universidades Católica de la Santísima Concepción (UCSC), San Sebastián (USS) y de Concepción (UdeC), por nombrar algunas.

Las iniciativas

El Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) UCSC, por ejemplo, trabaja en un proyecto denominado "Seguridad hídrica para adaptación al cambio climático". Financiado por un FIC-R del Gobierno Regional, tiene por objetivo desarrollar acciones que se orienten hacia la seguridad hídrica con los distintos actores de la cuenca del río Biobío, ya sea organizaciones de usuarios, servicios sanitarios rurales, municipios y entidades comunitarias.

"En el caso de los municipios, tratamos de potenciar el ejercicio de los roles y responsabilidades que tienen en la gestión del agua, y en el caso de las organizaciones comunitarias intentamos que se involucren desde el punto de vista de la sensibilización, pero también para jugar un rol en la protección de las fuentes de agua para dar un uso eficiente y mantener la calidad", comenta Andrés Arriagada, coordinador de la Unidad de Gestión de Recursos Hídricos del CREA UCSC.

El profesional agrega que el equipo que se conformó en 2014 busca aportar a la gestión del agua, "desarrollando y transfiriendo herramientas, porque no sólo es investigación de frontera". A la fecha, el plan se extiende en 21 comunas de las provincias de Concepción y Biobío, con capacitaciones, desarrollo de herramientas, monitoreo y levantamiento de información.

En el caso de la UdeC, la Facultad de Ciencias Ambientales lidera un observatorio colaborativo de la calidad del agua llamado "OB Agua Coronel". La acción que empuja la docente Mariela Yévenes busca, justamente, analizar en dicha ciudad la calidad del recurso y avanzar en una línea medioambiental para recuperar un ecosistema marcado por la presencia de industrias.

Según la profesora, desde enero de este año se ha tratado de sentar las bases de la iniciativa, en una labor conjunta con el Liceo de Coronel, el municipio, juntas de vecinos y estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental, "donde ellos van a ser generadores de conocimiento, lo que va a ser tan útil para ellos como para nosotros". A la fecha, se han identificado monitores ambientales, los sitios de interés, y este mes se está en proceso de capacitación para utilizar los kits con que se monitoreará la calidad de agua.

Entre septiembre y octubre los actores comunales se encargarán de llevar a cabo el monitoreo respectivo antes de iniciar el análisis de las muestras.

La apuesta de la USS, en tanto, se enfoca en temas como la transferencia tecnológica o la realización de un diplomado que permitirá capacitar a 98 dirigentes de comités de agua potable rural de la Región. Con la Facultad de Ingeniería han estado desarrollando proyectos en esta línea a través de un FIC-R denominado "Transformación digital APR del Biobío", que está financiado por el Gobierno Regional.

"Con ese proyecto hemos ido completando una serie de componentes que involucra la publicación de un diagnóstico situacional que presentan los comités y asesorías técnicas, donde hemos ido articulando también el trabajo territorial con los estudiantes que están saliendo de la universidad, a fin de que puedan resolver problemáticas", sostiene el académico de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño USS, sede Concepción, Ricardo Saavedra.

Esta tarea se ha extendido por los dos últimos años. Los resultados del plan han sido entregados a diferentes entidades de la Región.

En el marco de una mesa público privada, Ferepa Biobío hizo entrega de equipos de trabajo y artes de pesca a los socios del Sindicato de Pescadores Artesanales de caleta Rumena, ubicada a 125 kilómetros de Talcahuano, en la Provincia de Arauco.

El Directorio de Ferepa Biobío se trasladó a la sede del sindicato para concretar la entrega de los implementos de trabajo, de última tecnología y que permitirán a los usuarios ir renovando sus artes de pesca, lo que facilita su trabajo en el mar.

Los aparejos, consistentes en ropa de protección para el buceo, congeladoras, botas térmicas, ropa de agua, cordeles, redes, fueron recibidos por los pescadores que a causa de temporales a veces se ven impedidos de salir al mar.

El secretario del sindicato, Carlos Sánchez, se mostró agradecido por la ayuda. "El grado de desgaste que experimenta la ropa de uso frecuente de los buzos mariscadores es muy grande y renovarlos individualmente es muy difícil, motivo por el cual recibir este apoyo nos permitirá un trabajo más seguro y también eficiente", enfatizó.

El tesorero de Ferepa Biobío, Mauricio Andrade, destacó el trabajo que realiza Arauco junto a la Federación en apoyo del sector pesquero artesanal: "Para nosotros es una gran alegría llegar hasta las caletas que forman parte de esta mesa con los elementos que les permitirán reponer sus artes de pesca. Los pescadores lo agradecen".

El Gobierno de Chile, en conjunto a todos los ministerios e instituciones se encuentran desplegados y trabajando de manera coordinada para enfrentar el sistema frontal que afecta este fin de semana a gran parte de la zona centro-sur.

Por lo mismo, la seremi de Energía, Daniela Espinoza, realizó un llamado a los usuarios a denunciar los cortes del suministro eléctrico, "pues es la única manera de que las empresas respondan y acudan con prontitud a solucionar los inconvenientes". Además, entregó recomendaciones frente a posibles eventualidades.

"Como Ministerio estamos monitoreando el sistema frontal que afecta al Biobío este fin semana. A través de la SEC ya se instruyó a las empresas para que tomen medidas para evitar cortes de luz en la Región. Los equipos de emergencia estarán monitoreando desde el primer minuto. Nuestro compromiso es garantizar la continuidad del suministro eléctrico y que este sea de calidad y seguro", indicó la autoridad.

En tanto, la SEC ofició a la totalidad de las empresas eléctricas que operan entre las regiones de Valparaíso y Biobío para que adopten todas las medidas necesarias para evitar interrupciones del servicio eléctrico, esto en medio del sistema frontal

La entidad exigió a las firmas implementar "todas aquellas medidas que fueren necesarias para otorgar un suministro continuo y seguro".

Gran preocupación y desconcierto existe actualmente en el rubro de la construcción por el futuro de las obras públicas que se encuentran en ejecución. Esto producto del impacto de un mix de variables que desde la pandemia está afectando al sector y que incluye desde el alza de costos hasta las trabas para acceder a financiamiento, como los principales factores.

A nivel regional, esta situación ha obligado a que varias empresas emblemáticas y con décadas de trayectoria hayan iniciado dolorosos procesos de quiebra debido a esta crisis, con todo el drama que esto significa para sus colaboradores y proveedores, además del perjuicio a la comunidad por no poder contar con anheladas obras públicas y para el Estado que debe desembolsar mayores recursos para retomar obras que quedan inconclusas.

Como antecedente, gran parte de los contratos de las constructoras se hacen mediante el mecanismo de "suma alzada", es decir, a un precio fijo, por lo que, si los costos aumentan, éstos los debe asumir la empresa. Se dificulta aún más si las obras se demoran más de doce meses en iniciarse, con el consiguiente aumento de costos valorizados en un principio.Todo esto hizo que en 2022 fueran 43 los contratos abandonados y hoy ya alcanzan a los 22.

En este escenario, el Gobierno promulgó en marzo de este año el Decreto Supremo N°304, que reconoce el aumento de precios con un tope del 20% del valor de proyectos públicos que no pertenecen al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Sin embargo, a la fecha, el proceso de pago ha sufrido un retraso y no ha comenzado.

Según la información proporcionada por el jefe de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), en el país existen 94 solicitudes de esta índole, de las cuales 48 estarían con resolución satisfactoria y 46 en tramitación.

Dado esta realidad, es de suma urgencia hacer efectivos los pagos de estos reajustes y, a la vez, acelerar una metodología que destrabe las burocracias existentes y que permita unificar criterios de aplicación del cálculo de esos reajustes.

Sin duda, creemos que esto irá en directo beneficio de las empresas, de manera que las dotará de recursos frescos para dar término a sus proyectos.

Es preciso tener como referencia la experiencia de 2022, cuando el MOP, mediante el Decreto Supremo N°177 dio suma urgencia a la tramitación de solicitudes y al pago en tiempo récord de los recursos comprometidos; lo que permitió un respiro a la alicaída situación de muchas empresas locales y además permitió dar término a sus respectivos contratos en forma satisfactoria.

Por supuesto, que también es necesario adecuar los presupuestos de las licitaciones a la nueva realidad de costos que vive la construcción y mejorar aspectos como la permisología. En definitiva, una modernización de la agenda de obras públicas, ya que sin ella el repunte de la actividad no será todo lo significativo que el sector y el país requiere.

Cristian González G.

Presidente Comité de Infraestructura Pública y Contratistas Generales

CChC Concepción