Por Francisca Pacheco Pérez

El 7 de agosto se cumplieron dos meses desde la instalación del Consejo Constitucional, órgano compuesto por 50 consejeros de todo el país, cuyo rol es la discusión y aprobación del anteproyecto para una nueva Constitución, presentado por la Comisión Experta a inicios de junio.

En ese sentido, esta semana comenzó la revisión de las 1.069 enmiendas presentadas por las cuatro comisiones del Consejo y la próxima semana comenzará su discusión y posterior votación en las comisiones, donde cada sector argumentará sobre las iniciativas presentadas y responderá una serie de preguntas en torno a dichas materias.

Las consejeras constitucionales electas en la región del Biobío; Paloma Zúñiga, de Unidad para Chile, y Patricia Spoerer, del Partido Republicano, se refirieron al avance del proceso y a las principales temáticas discutidas, y pese a que existe una amplia apertura al diálogo desde ambas bancadas para llevar a cabo la siguiente etapa del proceso, sí se han generado desacuerdos en temas como salud, pensiones y medioambiente. Los consejeros tienen plazo hasta el 7 de noviembre para aprobar la propuesta final, que será sometida a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

Discusión de iniciativas

Actualmente, las comisiones del Consejo están revisando las enmiendas presentadas por las distintas bancadas. "Ya pasamos por un proceso de participación ciudadana donde escuchamos en audiencias a la sociedad civil. La próxima semana (esta semana) será el momento para discutir las enmiendas y luego pasarlas a votación", señaló Patricia Spoerer, consejera constitucional, quien integra la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado.

El objetivo "es que cada comisión pueda tener una idea más clara y entender el sentido de las indicaciones que cada bancada ha presentado, para poder luego entrar a discutir el detalle de cada enmienda", agregó. La seguridad, el combate al terrorismo, y la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones son parte de las materias prioritarias para el sector.

En tanto, la consejera de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Paloma Zúñiga, enfatizó en la necesidad de no generar lucro con los derechos sociales, mantener los que han sido adquiridos -como los derechos sexuales y reproductivos-, y declaró que aunque hay apertura al diálogo, los principales desacuerdos se han dado en salud y pensiones, lo que a su vez ha ralentizado el avance del proceso constitucional.

"En derecho a la vivienda de cierta forma ya hay un acuerdo, pero no queremos que se constitucionalicen las isapres, ni las AFP, porque nos parecen sistemas que van a tener que ser reformados estructuralmente, por tanto sería sólo un salvataje económico para esos grupos", acusó.

REPRESENTACIÓN LOCAL

Las consejeras constitucionales del Biobío también se refirieron a las iniciativas vigentes en materia de descentralización, entre las que destacan la promoción de una economía consciente con el medio ambiente. "Estamos a favor del desarrollo económico, pero con conciencia, porque después de que ocupas el recurso no queda nada. Tiene que ver con hacer todo en equilibrio y de manera responsable con lo que te rodea", manifestó Paloma Zúñiga.

Por su parte, Patricia Spoerer explicó que presentaron una indicación para la creación de un Foro de Fiscalización Ciudadana para supervisar la ejecución del presupuesto público regional y comunal. "Creo firmemente que necesitamos más transparencia y fiscalización para luchar contra la corrupción y mal uso de recursos", precisó.

Junto a ello también se propuso crear un órgano consultivo de planificación estratégica regional, para la elaboración anual de un informe técnico sobre el estado de la economía en la regiones y sus potencialidades. "Se ocuparán respectivamente de los asuntos vinculados al diagnóstico de la economía regional, de las oportunidades de mejora, de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de las finanzas regionales", sostuvo.

"Estoy cansada de que se sigan instalando cosas que no son reales. Esto me ha afectado mucho personalmente, pero, más allá de mí, esto ha afectado mucho a mi entorno, a mi familia, a mis hijas y profundamente a mi mamá, y pienso que corresponde dar la cara". Camila Polizzi respondió ayer por primera vez de manera pública a su participación en el caso Convenios. Fue en una entrevista dada al matinal Mucho Gusto, de Mega.

La excandidata al sillón edilicio penquista y al Congreso detalló cómo gestó el proyecto social que la llevó a obtener recursos por sobre los $200 millones de parte del Gobierno Regional del Biobío, su relación con dicha entidad, la fundación En Ti y el exseremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, y Matías Godoy de la OTEC Frumisal, entre otros temas. La entrevista se emitió a días de conocerse polémicos audios que comprometieron aún más su participación en los hechos investigados.

"Evidentemente, tengo responsabilidad, porque los recursos llegaban a una cuenta de una fundación que yo administraba. Por lo tanto, si yo contraté servicios que no se prestaron o si no elegí idóneamente a las empresas con las que trabajé, debo tener una responsabilidad en eso, y estoy dispuesta a asumir esa responsabilidad, pero eso lo tendrá que determinar la investigación", planteó Polizzi, quien también indicó que las cartolas de la fundación acreditan que "no hay compras ni de comida ni de ropa, solamente servicios".

Génesis del proyecto

Según Polizzi, antes de ofrecer el proyecto de recuperación de espacios públicos al Gobierno Regional recorrió distintas divisiones del Estado y autoridades. "En algún momento me llaman del Gobierno Regional y tuvieron disposición de apoyarlo con financiamiento (...) Es primera vez que yo postulaba un proyecto como este, por tanto, es claro que ellos fueron los que me orientaron. Tenía una fundación, pero tenía un año y medio, y ellos me recomiendan (buscar otra fundación que tuviera más de dos años). Tengo entendido que eso se hace, por lo que a mí me explicaron", dijo.

Igualmente, descartó que hubiese algún arriendo a la fundación En Ti y que el nexo con Gerardo Silva, presidente de aquel espacio, fue generado por Sebastián Polanco, su expareja, quien además le habría ocultado que trabajaba en la OTEC Frumisal.

"Desde el Gobierno Regional nos dicen que estos fondos no los puede recibir la fundación en la cuenta de la fundación que ya tenía, sino que deben ser manejados en una cuenta exclusiva, sólo para la ejecución del proyecto, y ese es el poder que el señor Silva me otorga. Yo seguí todas las indicaciones que me dieron para poder ejecutar mi programa y el proyecto, que era el fin que estaba buscando. Ellos me dijeron que esa es la forma en que eso se hacía", recalcó.

En la entrevista, Polizzi también argumentó que el proyecto ayudó a disminuir la delincuencia en el sector de Barrio Norte.

Relación con vivanco

Respecto a la reunión sostenida con Eduardo Vivanco, Polizzi explicó que eso se materializó una vez que estalla el caso y luego de contactar a personas políticas de la Región con las que mantenía alguna relación. "Le escribo al señor Vivanco, que conocía hace años por las distintas campañas en las que había estado involucrada, pero no tuve respuesta", precisó. Añadió que con el pasar de los días fue contactada por el abogado y militante del Partido Radical Erick Díaz, "y yo decido juntarme con él para que me oriente, pero llegó el señor Vivanco. Yo nunca fui informada que él iba a estar".

"Esto es materia de investigación en Fiscalía, porque presenté una acción y una denuncia en torno a esto. Decido hacerlo porque dentro de la reunión yo me siento intimidada (...) Fue fuerte ese momento. Pienso que buscaba presionarme, quizá, para desviar un poco el foco que estaba puesto en las fundaciones relacionadas al Minvu y al Gobierno. Tal vez se vio una oportunidad de centrar todo el tema a los gobiernos regionales, y a un gobierno regional en particular que no tiene una relación tan fluida con el Ejecutivo", deslizó.

A pocas horas de emitida la entrevista de Camila Polizzi, el Gobierno Regional hizo público una declaración de seis puntos. En primer lugar, dijeron "lamentar profundamente la pasividad" con que se entrevistó a una persona investigada por Fiscalía. "Esto dista mucho del trato que han recibido los funcionarios y funcionarias del Gore para quienes exigimos respeto y dignidad", indicaron.

Junto con ello, se recalcó que la iniciativa asociada a fundación En Ti fue firmada por Gerardo Silva y no por Polizzi y que dicho proyecto pasó por un proceso de revisión que incluyó a cuatro entidades regionales y nacionales. A eso sumaron que el plan en cuestión no tuvo ninguna preferencia ni trato particular, que se instruyó el cierre del proyecto de la fundación, tal como se indicó el 11 de agosto, y que se procedió a tomar medidas de revisión y control.

En quinto lugar, la entidad regional recordó que se hizo parte de la investigación luego de presentar una querella el 1 de agosto, "a fin de perseguir todas las responsabilidades penales que pudieran haber cometido delitos en la ejecución de la iniciativa".

Por último, se indicó que "no vamos a permitir que, por un grupo de inescrupulosos que la justicia sabrá identificar y condenar, se dañe la honra de los cientos de funcionarios del Gore que han sido estigmatizados, acosados y agredidos".