Por Francisca Pacheco Pérez

Una vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas migrantes en la región fue lo que reveló un estudio que está realizando el Centro de Análisis y Debate Público de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc), junto al Gobierno Regional, y que tiene por objetivo conocer la realidad de estos niños frente al aumento del flujo migratorio que, en comparación con 2022, este año se incrementó en un 20%.

Las carencias se manifestaron en áreas como el acceso a servicios básicos, vivienda, salud y educación, y a partir de los resultados se crearán estrategias de cuidado y protección que permitan reducir las brechas existentes. Para ello, en su primera etapa se levantó información a partir de documentos y de distintos organismos, como centros de salud y establecimientos educacionales, y junto con ello se encuestó a 617 cuidadores y cuidadoras de 832 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 14 años.

El estudio avanza en su segunda etapa, que consiste en la ejecución de talleres para conocer la visión de la población migrante y de los servicios públicos en torno a estas materias. La idea es articular toda la información obtenida para mejorar la intervención ante situaciones de vulneración de derechos de los niños en contexto de movilidad humana.

Brechas críticas

La académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Ucsc y vocera del estudio, Verónica Gómez, explicó que las carencias abarcan vivienda, salud y educación, donde alrededor del 50% de ellos no tiene acceso a la formación inicial, como jardines y salas cuna, y un 14,7% está fuera del sistema educacional formal.

La falta de oferta en torno a estas áreas es una de las principales dificultades. Por ejemplo, en lo que respecta a salud, existe una creciente demanda por atención oportuna y una escasez de especialistas, como pediatras.

En ese sentido, un 22,5% de la población infantil migrante está fuera del sistema de salud, y el Centro de Salud Familiar (Cesfam) es el recinto médico donde acude el 73,1%.

El estudio también mostró que, a nivel regional, la condición de hacinamiento oscila entre el 36,6% y el 46,9%. Esto implica que más de cinco personas habitan en un mismo espacio, que en su mayoría corresponde a un arriendo irregular, lo que impide la óptima realización de actividades diarias de los niños, e impacta directamente en su salud física y emocional.

"La infraestructura sanitaria también es precaria, el 20% no cuenta con servicios básicos, y el 80% de estas familias declara que tiene muchas dificultades porque hay una escasa oferta de vivienda", agregó la académica.

Etapa cualitativa

Actualmente se está realizando la segunda parte del estudio, que considera distintos talleres y focus group con personas migrantes, individuos que trabajan con ellos y organismos públicos.

"Esperamos proponer y construir con el Gore y los gobiernos locales un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que nos permita generar un registro integrado a nivel de territorios y servicios, poder triangular información y rápidamente intervenir en aquellas situaciones que requieren atención", planteó la académica y vocera del estudio.

Asimismo, propuso tres líneas de acción: levantar una alerta temprana y generar un protocolo ante casos de vulneración, capacitar a los servicios del Estado para responder óptimamente frente a estos casos, y fortalecer la interculturalidad e inclusión, pues además estos niños "viven la experiencia de la migración con toda esta trayectoria, que para muchos ha sido muy violenta, y también experimentan el desarraigo y situaciones hostiles en los espacios que empiezan a integrar, como los establecimientos educacionales", explicó.

El estudio será presentado al Consejo de la Sociedad Civil del Gore y a todos los actores locales involucrados, para coordinar acciones según la capacidad de las redes de apoyo de cada territorio.

Asimismo, la Ucsc ofrecerá asesoría en capacitaciones a organizaciones para fortalecer el conocimiento en torno a indicadores -por ejemplo- de vulneración, a fin de que se logren articular redes de apoyo rápidas y eficientes.

El sector El Triángulo de Hualpén formaría parte del programa de recuperación de barrios que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). "Quiero Mi Barrio" tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector, que presenta problemas de deterioro urbano y habitacional, además de segregación y vulneración social.

La seremi del Minvu, Claudia Toledo, puntualizó que "estamos muy contentos porque le trajimos el convenio al alcalde (Miguel Rivera) para que pueda pasar por el Consejo Municipal y así poder iniciar el trabajo en el sector El Triángulo, que requiere nuestro apoyo y que tiene el tremendo potencial para poder desarrollar espacios públicos".

La autoridad agregó que "también hay un trabajo súper importante que tiene que ver con cómo mejoramos el tejido social, hacer cohesión y trabajar con los vecinos para poder identificar sus inquietudes y fomentar los espacios de diálogos".

Este sector está compuesto por 403 viviendas, donde residente 1.267 habitantes. Dentro del entorno urbano, la delimitación está definida al norte de calle Yugoslavia, al sur por calle Finlandia , al oeste por Gibraltar y al este por Hungría. Se pretende rescatar los elementos identitarios, sus orígenes, historias, tradiciones, desarrollo y proyección, socializándolos con la comunidad.

El alcalde Rivera comentó que "para nosotros es súper importante poder haber impulsado este sector, aquí hay una deuda histórica del Estado de Chile, ya que es un sector de más de 50 años que está aledaños a una refinería, pero que está en estas condiciones y con poca inversión pública".

El centro médico Coalivi obtuvo la certificación que los cataloga como Prestadores Institucionales de Atención Abierta de Alta Complejidad. Entre los aspectos evaluados, y que están normados por el Ministerio de Salud, se encuentran la dignidad del paciente, gestión de la calidad, gestión clínica, acceso, oportunidad y continuidad de la atención, registros, seguridad y equipamiento de las instalaciones.

El presidente del directorio de Coalivi, Juan Francisco Fernández, manifestó que "esto nos invita a estar en constante preparación y mejoramiento de nuestros procesos, pero hoy sabemos que estamos preparados, ya que este es un hito que nos permitirá seguir creciendo".

Mientras que la directora ejecutiva de la institución, María Pía Mayora, precisó que "nuestro trabajó está puesto en la gente, en seguir perfeccionándonos para ellos, mejorando estándares y equipos para entregar una atención segura y de calidad a todos nuestros pacientes. Esa es nuestra misión".

Esta acreditación tiene un plazo de 3 años, a contar de la fecha de emisión de la Resolución Exenta de la Intendencia de Prestadores. El centro médico Coalivi, está abierto a toda la comunidad, cuenta con médicos oftalmológicos, tecnólogos médicos y terapeutas ocupacionales. Es parte de la Corporación Coalivi, que atiende a personas con discapacidad visual, ceguera o baja visión en su educación y rehabilitación social.

La directora Médica de Coalivi, Francisca Carrasco, añadió que "la acreditación es un proceso diseñado para asegurar la calidad de la atención de salud mediante estándares y protocolos establecidos".