Por María Dolores Muñoz Rebolledo
La protección del patrimonio cultural es una aspiración de las sociedades que buscan integrarse al mundo global sin debilitar su identidad. También se relaciona con el compromiso de sustentabilidad para promover el desarrollo actual sin arriesgar los recursos que hemos heredado y que deben ser nuestra herencia a las próximas generaciones como futuros soportes de vida.
Las ciudades se conforman por la confluencia y concentración de personas, con sus ideas y obras; por esto, el patrimonio expresa el esfuerzo de generaciones que, a través del tiempo, han ido enriqueciendo el espacio urbano con diversos signos culturales.
El principal obstáculo para que la protección del patrimonio traspase la barrera del anhelo y sea una realidad, es reconocer que las ciudades son estructuras en permanente cambio; por lo tanto, la defensa de la herencia histórica debe armonizarse con los procesos de transformación urbana. Actualmente, el patrimonio cultural está ligado a tres desafíos acuciantes y complejos. El primero se refiere al cambio climático y sus vínculos con desastres naturales y pérdida de biodiversidad. El segundo atañe a la inequidad del desarrollo que se manifiesta en marginalidad y conflictos sociales. En tercer desafío corresponde a procesos de urbanización que no consideran a la protección del patrimonio como prioridad; incluso hay ejemplos de destrucción innecesaria del patrimonio. El problema es complejo porque depende de una equilibrada simbiosis entre la transformación de las ciudades para adaptarse a los cambios e innovaciones y la conservación de los rasgos urbanos distintivos que están contenidos en el patrimonio y son valorados socialmente.
La protección del patrimonio debe estar respaldada por acuerdos sociales para evitar conflictos como ocurrió en Castro, donde la comunidad no apoyó la decisión oficial de protección mediante la declaración de Zona Típica del casco histórico de la ciudad (Decreto 33. Diario Oficial 14 de junio 2022). Esta zona comprende 32 hectáreas del área central de la ciudad, donde se ubica la iglesia de San Francisco, uno de los principales bienes culturales de Chiloé. Sin embargo, organizaciones indígenas, artesanos e integrantes de la Junta de Vecinos de la Zona Céntrica de Castro no apoyaron la declaratoria porque tenían interés en otras modalidades de protección. La Corte Suprema zanjó el debate porque, en fallo del 1 de agosto del 2023, revirtió la condición de Zona Típica, acogiendo el recurso de protección interpuesto por organizaciones indígenas y otros grupos sociales en contra del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que no sometió a consulta indígena la declaratoria de Zona Típica. Esta situación muestra que la participación y consulta a pueblos originarios es fundamental para promover la protección patrimonial, construir equidad en las oportunidades de desarrollo cultural y fortalecer las capacidades locales.
El patrimonio urbano comprende un conjunto amplio de elementos, tangibles e intangibles, que expresan conocimientos adquiridos, arraigados y trasmitidos; individualmente o en conjunto revelan características ambientales, antropológicas o sociales que expresan y fomentan la cultura arraigada en estructuras físicas (construcciones y espacios públicos) y determinadas formas de vida.
Esta herencia cultural incluye elementos heredados y heredables que son portadores de significados trascendentes para fortalecer la memoria colectiva. La importancia del patrimonio radica en su potencial para el conocimiento de una sociedad, su historia y su cultura y, por tanto, sobre sí misma: por esto su cuidado no depende sólo de instituciones gubernamentales y académicas o de la efectividad de las leyes que regulan su conservación, sino de la valoración que la propia sociedad le asigna. En síntesis, la identificación de las comunidades con su patrimonio es fundamental para su protección.
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