Caso Convenios en sesión extraordinaria del Core
Millonarias cifras de fondos públicos, denuncias por irregularidades, investigaciones penales y administrativas, renuncias y constantes declaraciones que la opinión pública observa, sigue y evalúa cada día. La Región vive una crisis de proporciones por el Caso Convenios, con los ojos del país puestos en las decisiones de autoridades e integrantes del mundo político local, que enfrentan una compleja situación no sólo por la posibilidad de delitos e irregularidades, sino también por la pérdida de confianza que se está generando en torno a sus actos y decisiones.
Quienes forman parte del mundo público pasan por una etapa de cuestionamiento innegable, donde el deber ser del servicio público y del ejercicio de sus cargos parece que se ha distanciado de la realidad de sus desempeños, al menos desde la óptica de la comunidad. Por eso es importante que se retomen las labores propias de sus atribuciones y que responden a la labor que se les encomendó a través del voto popular.
Por ello, más allá de los resultados, la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Regional para conocer el detalle de la situación es una buena señal. Con legítimas diferencias entre sus integrantes, la actuación del órgano colegiado en sus funciones plenas es un aporte a la búsqueda de una mayor transparencia y, sobre todo, de credibilidad.
Solicitada originalmente por cinco consejeros, la petición de sesionar de forma extraordinaria fue replicada por otros cinco y finalmente se acordó fijar la fecha dentro de la semana, evitando una extensión innecesaria del plazo para abordar un tema que tiene semi detenida la labor de sus integrantes. En lo formal, lamentable la decisión de no realizar la sesión en una sala de mayor capacidad de asistentes, como es el Salón Mural del Gobierno Regional, donde habitualmente se reúne la instancia, de manera pública y con asistencia sin restricciones.
De cierta forma, estas decisiones que podrían parecer menores o irrelevantes, son claves en estos días en que se busca dar señales de corrección en el debe ser de las autoridades, incluso con el riesgo de una participación ciudadana difícil de enfrentar. Es parte de la democracia entender que el diálogo no siempre es fácil ni fluido, así como tampoco está condicionado por un pensamiento uniforme, por lo que escuchar las distintas visiones es una condición necesaria.
Respecto del fondo, la exposición del Gobierno Regional respecto de la actual situación investigativa y las medidas que se proyectan en lo administrativo y judicial son bienvenidas, ya que se trata de una explicación necesaria y obligatoria, considerando que se trata de un caso que todos los días está expuesto a nivel país por los medios de comunicación. Es justo que los integrantes del Gobierno Regional, del Consejo Regional y del Biobío, en general, cuentan con los antecedentes del caso de forma directa por quienes aparecen involucrados o investigados, en una instancia institucional que da a la información un peso absolutamente distinto al que puedan tener otras opciones.
La jornada del viernes estuvo marcada por las revelaciones, algunas autocríticas y un alta demanda de transparencia total, con explicaciones que el gobernador Rodrigo Díaz entregó respecto a las medidas adoptadas. Uno de los principales antecedentes entregados se refirió a que actualmente la Fiscalía y Contraloría investigan un total de 19 convenios firmados entre el Gore y 16 fundaciones o municipios por un total de $6.458 millones, para los cuales se solicitó suspender todas las transferencias, pese a que un alto porcentaje ya se ejecutó.
Respecto a estas, trece convenios son investigados por la fiscal de Alta Complejidad, María José Aguayo, para los cuales se decretó secreto de la investigación por 40 días hasta mediados de septiembre, el que impidió entregar mayores detalles sobre cada caso. Además, se detalló que en las últimas horas el gobernador Díaz entregó a la Fiscalía tanto el acceso a sus cuentas bancarias, como a su celular, correo electrónico y computador, y que la investigación sumaria en contra de la encargada de Participación Ciudadana -separada de sus funciones y querellada por fraude al Fisco- derivó en un sumario administrativo para el cual se ofició a la Contraloría para llevarlo adelante.
Además, se informó que el 46% de las tres mil iniciativas que pasan por el Gore tienen gastos observados y el 26% gastos rechazados. En el caso de la Fundación En Ti, se detalló que se solicitará la devolución de los recursos, aunque el proyecto está prácticamente terminado.
Si bien quedan preguntas por responder, la actuación de consejeros y del Gobierno Regional abre la posibilidad de asumir la situación de forma pública y transparente, donde lo más importante es volver a retomar las labores y dejar que las investigaciones continúen con toda la colaboración posible, pero que se pueda avanzar en ambos frentes sin paralizar a la Región.
Con legítimas diferencias entre sus integrantes, la actuación del órgano colegiado en sus funciones plenas es un aporte a la búsqueda de una mayor transparencia y, sobre todo, de credibilidad.