Caso Convenios: Gore frena traspasos e indagatorias alcanzan $6.458 millones
En la instancia se informó la contratación de asesores externos, el paso a sumario a Tamara Vidal y la entrega de datos personales de Díaz al Ministerio Público.
felipe.cuevas@diarioelsur.cl
Después de 16 días en que el mundo político de la Región del Biobío vivió un verdadero terremoto al conocerse las esquirlas a nivel local del Caso Convenios y su vínculo con el Gobierno Regional, este viernes volvió a sesionar el Consejo Regional de manera extraordinaria, tras la solicitud de cinco consejeros.
En una jornada marcada por las revelaciones, autocríticas y demanda de transparencia total, y las explicaciones que el gobernador Rodrigo Díaz dio respecto a las medidas adoptadas, se detalló que actualmente la Fiscalía y Contraloría investigan un total de 19 convenios firmados entre el Gore y 16 fundaciones o municipios por un total de $6.458 millones, para los cuales se solicitó suspender todas las transferencias, pese a que un alto porcentaje ya se ejecutó.
Respecto a estas, trece convenios son investigados por la fiscal de Alta Complejidad, María José Aguayo, para los cuales se decretó secreto de la investigación por 40 días hasta mediados de septiembre, el que impidió entregar mayores detalles sobre cada caso.
Además, se detalló que en las últimas horas el gobernador Díaz entregó a la Fiscalía tanto el acceso a sus cuentas bancarias, como a su celular, correo electrónico y computador, y que la investigación sumaria en contra de la encargada de Participación Ciudadana Tamara Vidal -separada de sus funciones y querellada por fraude al Fisco- derivó en un sumario administrativo para el cual se ofició a la Contraloría para llevarlo adelante.
Las explicaciones
El comienzo de la sesión, realizada en el salón del cuarto piso con capacidad acotada de 50 personas, estuvo marcado por el impedimento por varios minutos de acceder a los medios de comunicación.
El arranque tuvo un breve comentario del gobernador Díaz -quien habitualmente no participa de las sesiones extraordinarias- para luego dar paso a una extensa exposición del jefe (s) de división de Desarrollo Humano y Social Luciano Parra, quien por más de una hora detalló paso a paso cada una de las medidas y acciones que ha tomado el Gore desde marzo, cuando se conoció la denuncia por presunto desvío de fondos de la funcionaria cuestionada.
"Hombres y mujeres de este servicio han sido altamente cuestionados y víctimas de un tormentoso proceso esta semanas. Son personas que han trabajado por tener una mejor Región", introdujo, para detallar paso a paso las acciones que también ha adoptado el Gobierno Regional, adicionales a las 15 medidas a favor de la probidad y transparencia informadas hace un par de semanas.
Entre estas se considera que la contratación de la abogada Ximena Sepúlveda, experta en Ciberseguridad, para la elaboración de un sistema de integridad en la gestión del Gobierno Regional, además de la incorporación del excontralor regional Manuel Cerda para supervigilar los procesos, y otras medidas como la optimización del acceso al SAGIR -plataforma de seguimiento de los proyectos- y la decisión de que el Consejo Regional evalúe todos los proyectos independiente el valor a asignar.
Tras la intervención de Parra, el gobernador Rodrigo Díaz habló por primera vez ante el hemiciclo luego de explotada la polémica, y señaló que "es necesario trabajar con instituciones de la sociedad civil, porque solo a través de los ministerios y servicios no logramos cumplir con nuestra labor".
Además, dijo que en el 46% de las tres mil iniciativas que pasan por el Gore tienen gastos observados y el 26% gastos rechazados, y sobre el caso de la Fundación En Ti, habló de "gente que quería cometer delitos, y efectivamente, podemos ser vulnerados. Aunque tuviéramos todos los controles, esto puede ser sobrepasado, pero en la legislación existe el control posterior, y estamos trabajando con toda la diligencia y celeridad, por lo que estamos dando cuenta de las iniciativas señaladas".
Trabajar y fiscalizar
La hora de intervenciones de al menos una veintena de consejeros estuvo marcada por los aplausos y vítores de los presentes, pero también por las claras diferencias entre quienes quieren más explicaciones y quienes buscan llevar la crisis política que vive Rodrigo Díaz más allá.
Mientras la consejera Yanina Contreras (PSC) pidió aclarar "los vínculos políticos y familiares en todos los casos cuestionados", la consejera Camila Arriagada (Igualdad) dijo que el gobernador Díaz fue el único responsable de poner en jaque la institucionalidad, "por lo que debemos evaluar la posibilidad de llevarlo al Tribunal Electoral por un notable abandono de deberes".
Otros consejeros valoraron las medidas informadas, y llamaron a que el Consejo se reactive con la vuelta al trabajo de comisiones tras dos semanas de inactividad. "El gobernador dio una señal política y de confianza con las renuncias. El abandono de deberes lo piden colegas que están esperando afuera una cámara de prensa", dijo la consejera Ana Araneda.
"Aquí debemos pasar de los hechos a la acción, volver a sesionar y trabajar mientras las instituciones hacen su trabajo. Pero no podemos permitir que esto pase, caiga quien caiga", añadió Rodrigo Vera.