Planes comunales de emergencia y gestión de desastres
Hace dos años que se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.364 que estableció la creación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, además de cambiar la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred. Pero la normativa no sólo planteaba esta nueva institucionalidad, sino que también puso plazos y metas a cumplir en los siguientes meses.
La importancia de la norma está en que el conjunto de entidades públicas y privadas con competencias relacionadas con las fases del ciclo del riesgo de desastres, se pueden organizar desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada, desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional, para garantizar una adecuada Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y además comprende las normas, políticas, planes y otros instrumentos y procedimientos atingentes a la GRD.
Los planes comunales para la Reducción del Riesgo de Desastres como aquellos de Emergencia tenían como plazo máximo para su implementación el pasado 7 de agosto. La ley establece que ambos deben ser desarrollados por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna, o por quien haya sido encomendado en dicha función, previo informe técnico del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en conformidad con los términos establecidos en el reglamento.
Sin embargo, y a pesar de la disposición legal, desde la dirección regional de Senapred explicaron que en la Región del Biobío la tarea aún no se ha concretado por completo, ya que de los dos planes que cada una de las 33 comunas debe presentar, sólo 50 han sido ingresados, siendo la mayoría de los que faltan los planes de reducción de riesgo.
Según lo explicado, previo a la entrada en vigencia de la Ley 21.365 que exige a los municipios contar con los planes en materia de prevención y acción ante desastres, el Servicio sólo podía sugerir que elaborarán instrumentos para identificar las emergencias a las que se encontraban expuestos, así como los protocolos estandarizados para reaccionar a las mismas.
El propio director regional Alejandro Sandoval enfatizó que "no somos un ente fiscalizador, no tenemos capacidad de sancionar, por lo tanto eso obedece a otras entidades, seguramente Contraloría, pero nosotros supervisamos en un procedimiento reglamentado posteriormente a la promulgación de la ley".
Eso sí, se detectó que en el último mes previo a la fecha límite se registró la mayor cantidad de ingresos de planes al Servicio, de hecho muchas municipalidades ya tenían sus planes de emergencia con decreto hasta diciembre de 2022 y se encuentran en proceso de actualización de formato. Actualmente hay 30 planes de Emergencia Comunal (respuesta a desastres) de las 33 comunas que están en distinto estado; algunos deben actualizarse antes de fin de año, otros fueron ingresados hace poco tiempo y están en proceso de revisión, y por último algunos stán en proceso de elaboración, por lo que no han sido recibidos todavía, situación que afectaría a sólo tres comunas.
Sobre los planes de Reducción de Riesgo de Desastre, tres comunas ya tenían sus planes antes de que los formatos nuevos fueran proporcionados, por lo que están en proceso de actualización hasta fines de año. De las otras 30 comunas, 17 están en proceso de revisión y otros 13 en elaboración, pues aún no han ingresado a Senapred.
Es una Región como Biobío, que sólo en el primer semestre de este año se han vivido diversos tipos de emergencia, desde los incendios forestales de febrero pasado a las inundaciones por precipitaciones en junio, es realmente prioritario que los municipios concluyan la elaboración de estos planes y cumplan lo antes posible con la normativa.
Se los dos planes que cada una de las 33 comunas debe presentar, sólo 50 han sido ingresados, siendo la mayoría de los que faltan los planes de reducción de riesgo.