Por Felipe Cuevas Mora

La Fiscalía Regional y la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), avanzan en una serie de diligencias -centradas en allanamientos a distintas propiedades- con el objetivo de abordar las cinco causas que investiga la fiscal de Alta Complejidad, María José Aguayo en torno al Caso Convenios y los traspasos de recursos a fundaciones por parte del Gobierno Regional.

A ellas se suma una sexta en torno a los traspasos de recursos desde el Serviu a la Fundación Urbanismo Social.

Entre las últimas diligencias se incluyó el arribo de detectives a los domicilios del exjefe de gabinete, Rodrigo Alarcón, el exjefe de división Social Simón Acuña y el exadministrador regional Rodrigo Martínez la tarde noche del martes; en el caso de Martínez, dicho allanamiento derivó en una detención y posterior formalización por microtráfico de drogas.

En concreto, la Fiscalía investiga tanto de oficio como a la luz de dos denuncias los traspasos de $1.421 millones desde el Gobierno Regional a cinco fundaciones -Red Cultivarte, En Ti, Bonhomia, Horizonte Ciudadano y Mi Hogar Asuncionista- todas vinculadas a proyectos educativos o intervención en barrios.

Tipos de proyectos

Al revisar el detalle de los proyectos, ya son conocidos aquellos relacionados a la intervención y capacitación a familias de Barrio Norte llevada adelante por la Fundación En Ti ($250 millones), y el de cuidado integral a adultos mayores en Coronel realizado por la ONG Red Cultivarte ($274 millones). Respecto a los otros proyectos en que el Ministerio Público ha puesto atención en primera instancia, está el caso del proyecto "Voces del Biobío para vivir sin violencia", que lleva adelante la Fundación Horizonte Ciudadano ($379 millones).

En su presentación a fines de mayo, se planteó que el proyecto busca abordar con alumnos de colegios de diez comunas de la Región los tipos de violencias que se viven al interior y exterior de las comunidades educativas.

Los otros dos proyectos están relacionados al ámbito educativo: por un lado, la iniciativa "Política Regional para promover el bienestar: Biobío vive sano" de la fundación Bonhomia ($356 millones), y el programa "Yo opino y participo" impulsado por la fundación Mi Hogar Asuncionista ($160 millones).

Ambas iniciativas cuentan con personas vinculadas al ámbito religioso, y en el caso de la fundación Mi Hogar Asuncionista, su fecha de inscripción ante el Registro Civil data del 15 de noviembre de 2022, un mes y medio antes de que se le realizara la primera transferencia de recursos según informa el portal de Transparencia del Gore; incluso, hasta inicios de agosto, aún restaba traspasar $112 millones correspondientes al convenio.

Revisar los casos

Tanto en el Parlamento como en el Consejo Regional han solicitado que se investigue a fondo, y avancen las diligencias tanto del Ministerio Público como de la propia Contraloría para esclarecer irregularidades o posibles delitos.

El diputado independiente Leonidas Romero ofició al fiscal nacional Ángel Valencia para "disponer la asignación de un fiscal especial con dedicación exclusiva para atender las investigaciones que se desarrollan en relación con las actuaciones por el Caso Convenios en la Región", con el fin de que haya máxima transparencia en toda investigación judicial".

Su par de la DC, Eric Aedo -único parlamentario de la zona en la comisión investigadora del Caso Convenios- indicó que "esto ha sido un verdadero escándalo, y espero que la comisión llegue hasta las últimas consecuencias de investigación, ver si hay financiamiento irregular de política, si hay negociaciones incompatibles, si hay gente que se haya reunido para defraudar al Fisco, para tomar todas las decisiones que permitan corregir esta situación".

El consejero independiente Piero Blas indicó que los antecedentes son graves, sumado a que "haya funcionarios que ingresaron durante la noche, se han dilatado las sesiones. Yo solicité en la última sesión del Consejo tomar medidas preventivas, y si bien el gobernador asume su responsabilidad, la presión mediática ha sido la que ha llevado a que esto avance y se deben revisar todas las iniciativas que fueron financiadas".

La consejera del Partido Social Cristiano Yanina Contreras apuntó a que "es transversal el deseo de que las investigaciones avancen. No queremos resultados en cuatro o cinco meses, y se le dé prioridad nacional a todo esto. Tampoco que se quite el foco al nivel central, evadiendo algunas investigaciones".

Parte de estos temas se abordarán en la sesión extraordinaria que realizará el Consejo Regional mañana a las 15 horas, luego de que una veintena de consejeros solicitara vía carta al gobernador Rodrigo Díaz adelantar la instancia originalmente agendada para el miércoles 16.

379 millones de pesos fueron asignados por el Gobierno Regional a la

3 fundación Horizonte Ciudadano.

Fue en el marco de las diligencias que realiza la Fiscalía y la PDI en torno al Caso Convenios, en que el exadministrador regional Rodrigo Martínez resultó detenido por microtráfico la noche de este martes, para luego pasar a la audiencia de formalización la mañana de ayer.

Según informó el Ministerio Público, "en una diligencias de entrada y registro a su domicilio en Chiguayante por una investigación relacionada con el denominado Caso Convenios, la PDI encontró 100,14 gramos de marihuana en el inmueble".

En ese punto, el Juzgado de Garantía le impuso a Martínez las medidas cautelares de arraigo nacional y firma cada 15 días en Carabineros, mientras dure la investigación que se extenderá por cuatro meses.

Felipe Rojas, abogado de la Defensoría Penal Pública, que representará a Martínez señaló que "mi representado, según nos dijo, no tiene conocimiento del origen de esa sustancia incautada y, por consecuencia, el resto será materia de investigación".

El fiscal Nelson Vigueras señaló que "al momento de efectuar este registro, se encontró específicamente en un dormitorio matrimonial la droga. Se trata de poco más de 100 gramos de cannabis. Estaba dentro de una bolsa, que a su vez estaba al interior de una caja en un clóset. En mérito de aquello, la policía detiene al imputado y la Fiscalía lo formalizó el día de hoy por tráfico de drogas en pequeñas cantidades".

Sacan la voz

También se manifestó públicamente el saliente jefe de división Social del Gore, Simón Acuña, que por medio de un comunicado defendió su actuar en el marco del Caso Convenios.

"Es indispensable aclarar que en mi rol nunca tuve la autoridad para evaluar programas ni para asignar recursos, dichas atribuciones y tal como ocurre en todos los gobiernos regionales del país, recaen en otros estamentos del servicio", dijo, para luego señalar que "durante el año y medio en que se me confirió la responsabilidad de este cargo, actué con probidad y diligencia impulsando no sólo una serie de proyectos que impactaron positivamente en la vida de miles de personas en la Región del Biobío sino que alertando oportunamente a quien correspondía cada situación que pudiera afectar la probidad del Gobierno Regional, lo que motivó acciones concretas, sumarios y auditorías, tal como lo expresa la ley".

Camila Polizzi en tanto, por primera vez habló ante los medios, y junto con pedir que se acabe el agobio periodístico, planteó que "estoy colaborando con la Fiscalía, entregando mi versión de los hechos".

Una posibilidad que ha surgido en el seno del Consejo Regional en los últimos días apunta a la posibilidad de llevar al gobernador Rodrigo Díaz al Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar formalmente su destitución, apelando al abandono de deberes.

Para ello, se requiere que al menos diez consejeros entreguen sus firmas -un tercio del cuerpo colegiado- y en ello trabajan varias bancadas. El consejero de Igualdad, Javier Sandoval indicó que "hemos instado a reunirlas las diez firmas abordándolo con el conjunto del consejo desde la semana pasada, además de un trabajo con apoyo jurídico para constituir la fundamentación de la solicitud".

Su par Camila Arriagada apuntó a que "el argumento jurídico debería hacer eco en nuestros colegas para obtener las diez firmas", mientras que el consejero independiente Gabriel Torres puso el énfasis en que "si existen méritos y tenemos los antecedentes suficientes no hay problemas para otorgar las firmas. Pero debemos esperar los informes de Contraloría para determinar si hay abandono de deberes o faltas a la probidad".

El consejero Rodrigo Vera en tanto, planteó que "las instituciones deben hacer su pega. La Contraloría, Consejo de Defensa del Estado y Fiscalía haciendo su trabajo; mientras no hayan antecedentes con mérito, evaluar una solicitud entierra más la gestión del consejo".