Por Karlyng Silva Leal

Perder la confianza y poner en duda las capacidades de los Gobiernos Regionales, son los principales impactos que analistas prevén que el Caso Convenios generará en los procesos de regionalización y descentralización, donde las administraciones locales cumplen un rol fundamental, pero también reciente en esta materia.

Actualmente hay investigaciones en curso en diferentes reparticiones del país que buscan esclarecer una serie de traspasos irregulares de recursos a numerosas fundaciones, entre ellos convenios celebrados con el Gobierno Regional Biobío. Los cientistas políticos colocan el foco en la necesidad de mayores herramientas para fiscalizar y disuadir acciones que pueden ser constitutivas de corrupción, entre otros delitos.

A partir de mayo del 2021 cada región del país escogió por votación popular a los gobernadores regionales -reemplazando a los intendentes-, dándoles atribuciones políticas y de gestión para implementar políticas públicas a escala e impacto local, administrando los recursos en diversas áreas en base a la decisión del gobernador y del Consejo Regional.

Competencias y RECURSOS

La analista política y docente de la UDD, Lesley Briceño explicó que una de las consecuencias de este caso podría verse reflejada en posibles recortes de presupuesto o cuestionamientos sobre si el gobierno central o regional debe estar a cargo de las decisiones.

"Probablemente la discusión ya está en términos de los recursos, pero también se asociará a quién va a poder tener mayor fiscalización sobre los gastos de los Gobiernos Regionales y cómo se hacen los traspasos de dinero tanto del gobierno central como regional a las organizaciones", agregó Briceño.

En esta línea, el analista y académico de la USS Lucas Serrano, de Observa Biobío aseguró que "la tramitación de rentas regionales, que finalmente permite darle más recursos, también puede generar un manto de duda con respecto a los traspasos de competencia desde el gobierno central".

Sobre esto, Serrano destacó que una de las competencias que se evalúan actualmente es en materia de seguridad y que la actual situación "pone en duda si el gobernador y sus funcionarios tienen la capacidad de hacerse cargo de una función tan importante como es el uso legítimo de las fuerzas, de la función pública y la seguridad, entonces, más allá de competencias específicas, hoy día lo que está un poco en duda es la capacidad de gestión".

Desconfianza

Ariel Yévenes, analista de Corbiobío, explicó que para él lo grave de esta situación es que se circunscribe en un escenario en que el país se encuentra en un constante entredicho respecto de lo ético y moral tanto en el mundo público como privado, haciendo tremendamente difícil restituir la confianza pública.

Por ello, Yévenes apuntó a que "el daño es bastante más generalizado, la desconfianza finalmente se extiende sobre todo el sistema, prácticamente todos los actores terminan siendo objeto de sospecha en este tipo de situaciones y por eso es que las sanciones tienen que ser esclarecedoras".

Por su parte, Serrano agregó que esta desconfianza implica un desafío para la descentralización. "Aquí se generan algunas complicaciones, al menos tendrán que mejorarse los estándares de gestión para poder seguir con un proceso de descentralización, porque los Gobiernos Regionales son la institución más importante para estos procesos", planteó.

Legislación

También los expertos indicaron que la ley que originó la institucionalidad de los Gobiernos Regionales ha estado al debe. "Pareciera ser que hay una percepción de que el proceso de entrega de competencias no ha sido el más adecuado, desde el principio la ley no había sido muy clara sobre estas y se han ido desarrollando a medida que pasa el tiempo", agregó Briceño.

Serrano en tanto, comentó que a raíz del Caso Convenios y la evidente necesidad de fortalecer los procesos de fiscalización, quizás sea necesario un cambio en la legislación o proyectos de ley al respecto. "Los proyectos que regulan a los consejeros, al gobernador, salieron muy rápido, a veces quedaron mal e incluso años atrás los consejeros locales hicieron huelga, entonces obviamente a lo mejor esto llevará a una revisión".

Los analistas indicaron que para fortalecer la institucionalidad es necesario que las fiscalizaciones sean más rigurosas y rápidas considerando la velocidad con que se desarrollan los proyectos en los Gobiernos Regionales, pero que también se requiere que la ciudadanía se involucre en los procesos de control.

Por otra parte, también apuntaron a la necesidad de sanciones que sean disuasivas respecto a delitos futuros en la misma materia, para lo cual también señalan que se requieren procesos de investigación rápidos y con sanciones efectivas.

A la espera de una respuesta se encuentran los consejeros regionales del Biobío Gabriel Torres y Piero Blas respecto al ingreso en horas de la noche del sábado 29 de julio a las dependencias del Gobierno Regional, todo esto en el marco de las investigaciones y cuestionamientos que se han realizado a la institucionalidad por el caso Convenios.

El consejero Torres explicó que recibieron la información de que una persona habría ingresado al inmueble el mencionado sábado a las 22 horas "lo cual nos parece bastante extraño, menos aún una persona encargada de informática, lo cual es aún más sospechoso", agregó.

En este sentido, junto con el consejero Blas solicitaron en la portería del inmueble ver los libros de ingreso confirmando la información. Además pidieron una copia, sin embargo, se les indicó que debían ser solicitadas a través de una carta directamente al gobernador Rodrigo Díaz, lo cual hicieron, por lo que se mantienen expectantes a una respuesta, ya que legalmente existe un plazo de 30 días para recibirla.

No obstante, el Gobierno Regional emitió un comunicado público indicando que "con el objetivo de preparar una entrevista con el gobernador concedida al programa de TVN Estado Nacional el domingo 30 de julio, el sábado anterior dos funcionarios del Gore del Biobío hicieron ingreso al edificio con la debida autorización de la jefa de División de Administración y Finanzas, dado que por razones de seguridad informática de la institución no se puede acceder a la totalidad de la información de manera remota".

Defensa pública

En otra línea, el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, indicó que la Defensoría asumió la representación de Tamara Vidal tras la querella en su contra por fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho, La funcionaria de la gobernación habría solicitado la defensa por sentirse como imputada por la prensa.

"Esta defensa ha sido asumida por el defensor don Claudio Vigueras, quien se ha entrevistado con su representada, ha accedido a algunos antecedentes investigativos y se encuentra en un proceso de estudio a fin de definir la defensa que a ella le corresponde".

Pizarro también indicó que el defensor Pablo Arduán también asumió la representación de Camila Polizzi y su pareja Sebastián Polanco, con quienes ya se ha reunido en dos ocasiones, a la espera también de que el secreto de la investigación sea alzado.

Los consejeros enviaron una carta solicitando

directamente al

gobernador la información del ingreso al edificio

El gobernador Rodrigo Díaz designó ayer las tres personas que asumirán como subrogantes en los cargos vacantes tras aceptar las renuncias de Rodrigo Martínez, Rodrigo Alarcón y Simón Acuña, esto en medio de investigaciones por el Caso Convenios.

La relacionadora pública Carolina Toro asumió como jefa de gabinete (s), siendo designada mientras integraba parte del gabinete del gobernador Díaz; El jefe de la división de Fomento e Inversión del Gore, Iván Valenzuela, asumirá como administrador regional (s).

Luciano Parra, quien trabajó en los departamentos de "Inversiones y Municipalidades" y en el de "Fondo Nacional de Desarrollo Regional e Inversiones, asumirá como jefe (s) de la división de Desarrollo Social y Humano

Por otra parte, el ex administrador regional, Rodrigo Martínez, aseguró en un comunicado público que deja su cargo en completa tranquilidad, detallando que instruyó de forma oportuna una auditoría interna y un sumario administrativo que desembocó en una querella ante la Fiscalía, cumpliendo de esa forma con su obligación como funcionario.

Aseguró que no ha actuado con negligencia ni desidia y sostuvo que "poner mi cargo a disposición en dos ocasiones y finalmente presentar mi renuncia voluntaria es la forma de hacerme cargo de la responsabilidad política".