Por Karlyng Silva Leal

La percepción de los Derechos Humanos ha cambiado en el país, siendo principalmente los atropellos ocurridos entre 1973 y 1990, de carácter político, la temática a la que se asocian en el país durante los últimos 50 años tras el golpe de Estado. Así lo indicó la jefa de la sede Biobío del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), Carolina Chang.

La abogada que ha liderado durante 18 años el organismo y ha evidenciado el trabajo que se realiza para capacitar a las diversas instituciones del Estado, pero también el trabajo con familias víctimas de violaciones a los DD.HH; acompañándolos en su búsqueda de verdad y justicia.

"Hoy tenemos otra percepción, no completa, pero sí un poco más amplia de qué son los derechos base. Ahora efectivamente las personas comprenden mucho más cuáles son sus derechos humanos, pero también nos falta una cultura de promoción, de respeto, en esta materia como Estado estamos muy al debe", aseguró.

-De los numerosos casos ocurridos durante la dictadura ¿cuá´les estima que son las deudas pendientes?

-La cantidad de ilícitos que se cometieron, tales como desapariciones forzadas, torturas, apremios ilegítimos, entre otros, son delitos que siempre han estado prohibidos. Esto no pasa simplemente por condenar a las personas que cometieron esos ilícitos, sino que también por otras medidas que debe adoptar el Estado; como la reparación, garantías de no repetición, indemnizaciones y una serie de garantías de que esto no vuelva a ocurrir. En este sentido el Estado generó las comisiones de verdad y justicia (Rettig y Valech I y II) a efectos de determinar el número de víctimas, mas como Estado todavía estamos lejos del estándar básico de justicia.

-¿Por qué estamos lejos?

-Porque hay muchas causas que aún están en poder de los tribunales, siguen siendo investigadas. Muchas de esas personas llevan esperando 50 años para que se haga justicia. La verdad es que han sido procesos muy lentos y por otra parte, hay un grupo no menor de causas que ni siquiera se ha comenzado a investigar, sobre todo lo que dice relación con prisión política y tortura.

-¿Qué rol ha jugado el Indh para avanzar en la obtención de resultados?

-Una de las garantías de no repetición que el Estado comprometió es el Indh. Todos los años o cada cierto tiempo tenemos las mismas discusiones o las personas comienzan de nuevo a hacer los reclamos pertinentes de indemnización, reparación justa de estos ilícitos y no se ha llegado a dar todas las garantías que se necesitan. Tenemos una amplia gama de actividades, sobre todo en el marco de los 50 años, para hacer memoria de historia acá; nosotros apoyamos a las agrupaciones, pero el gran obligado es el Estado y en todos los informes anuales -desde el 2010 a la fecha- hemos señalado las recomendaciones que se deben seguir en materia de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición.

-¿Se han cumplido algunas?

-La verdad es que no. A pesar de que son repetitivas, algunas de ellas no se han cumplido. Ahí efectivamente el Estado siempre va a estar en una deuda.

-A 50 años del Golpe ¿falta que se tomen o fortalezcan consensos respecto a las vulneraciones ocurridas?

-El trabajo es precisamente no llegar a un consenso, porque estos son hechos públicos y notorios. Entre el año 73 y 90, durante la dictadura militar, se violaron los DD.HH. de forma sistemática y masiva. Entonces no es algo que tú crees o no crees, son hechos.

-¿Cómo cree que se deberían conmemorar estos 50 años?

-Hay una parte que dice relación con los familiares de las víctimas que hacen actos de conmemoración en estos hechos puntuales y nosotros los vamos a acompañar en sus romerías, eso es lo primordial. Luego como familia creo que es una buena época para conversar y conmemorar; pasa muchas veces que las personas que lo vivieron no quieren hablar del tema, ni contar lo que pasó como para dar vuelta la página, y es importante saber qué ocurrió. Muchas personas se demoran mucho tiempo en contar que fueron torturadas durante esa época, porque no quieren acordarse, no quieren contarlo, algunos incluso todavía tienen miedo.

-¿Se podría afirmar hoy que no volverán a ocurrir vulneraciones como las que ocurrieron?

-Una vulneración sistemática a los DD.HH., en particular la dictadura, el quiebre en la democracia; hay una serie de cosas más relacionadas con la pérdida del Estado de derecho propiamente tal. Hoy no nos encontramos en esa situación, pero para la crisis social del 18 de octubre del año 2019 tuvimos una cantidad importante de vulneraciones graves a los DD.HH. por parte de agentes estatales, solo recordar que en la Región del Biobío el Indh interpuso alrededor de 260 querellas por delitos tales como homicidios, torturas -entre el 18 de octubre al 20 de marzo del 2020- (...). Si bien no tenemos prueba o evidencia para decir que pudieron ser sistemáticas, sí fueron graves y múltiples. Es una situación que quizás no se va a repetir de la misma manera, pero los hechos que ocurrieron son graves.

-¿Cómo se aborda el negacionismo actualmente?

-Creo que todavía tenemos un porcentaje de personas que son bastante negacionistas, también hay medios de comunicación que utilizan estas teorías. Si bien la labor del Indh es hacer memoria, explicar qué son los DD.HH., hay cosas que van un poco más allá y dicen relación con cómo la política o la sociedad enfrenta este tema. Las personas que tienden a negar estos hechos no se dan cuenta del daño que hacen a las víctimas, que llevan mucho tiempo buscando verdad, justicia; y es súper violento para ellas que exista un grupo de la sociedad que diga que (las violaciones a los DD.HH.) son mentira o que están justificadas por una serie de motivos, por lo general, de carácter más económico.

-¿Cómo se ha expresado en la región?

-Muchas veces los memoriales han sido atacados por distintos grupos que nunca se encuentran. Los rompen, escriben distintos tipos de cosas, se hace alusión al dictador general Pinochet y efectivamente tiene como finalidad desmentir, como si estos hechos no hubieran ocurrido y eso es frecuente, por lo menos una vez al año. Esto sigue sumando a la deuda, porque hay poco resguardo estatal a estos sitios de memoria y por otra parte es muy baja la intencionalidad de investigar, a lo que se suma que muchas veces los memoriales quedan por largo tiempo destruidos porque tampoco se les inyecta la cantidad de recursos necesarios para limpiarlos o mantenerlos.

Carabineros del OS9 logró la detención de cuatro sujetos por al menos 6 delitos violentos ocurridos en las provincias de Concepción y Arauco durante los meses de mayo y junio de este año, logrando incautar armas, municiones, drogas, entre otros elementos que los sujetos utilizaban para cometer los ilícitos.

El fiscal Matías Arellano, de la Unidad de Focos Investigativos de la Fiscalía Regional del Biobío, explicó que tras la indagatoria se pudo establecer que los sujetos habrían participado en robos ocurridos en las comunas de Curanilahue, Arauco, Coronel, San Pedro de la Paz y Hualpén, utilizando modus operandi similares, lo que permitió establecer y seguir una línea investigativa.

"Los sujetos, actuando de 5 ó 6, ingresan a distintos locales comerciales y servicentros, sustraían especies, casi siempre dinero desde las cajas registradoras. En dos delitos hicieron uso de su arma de fuego, disparando al cuerpo de las personas en la comuna de Coronel y el otro en San Pedro, donde hieren en la pierna al locatario del centro comercial", detalló el persecutor.

Por su parte, el prefecto de Concepción, coronel Luis Rozas, explicó que el jueves se ejecutaron las ordenes de entrada y registro tras individualizar y ubicar a los sujetos, logrando detener a dos sujetos mayores de edad y dos menores.

En cuanto a las incautaciones se requisaron 4 armas de fuego, 2 escopetas hechizas, municiones, marihuana, ketamina y pasta base, drogas que superaban los 3 kilos y medio, siendo avaluadas en más de $46 millones. Además, se encontraron diferentes vestimentas que utilizaron los responsables para cometer los delitos, además de elementos de centros asistenciales como el timbre de un médico, recetarios y pastillas de clonazepam, cuya procedencia está bajo investigación.

Las distintas pericias realizadas permitieron establecer que durante el asalto a un servicentro de Hualpén en junio, un testigo utilizó un arma -contando con permiso para portarla- y repelió el robo, disparando a los asaltantes hiriendo a uno de ellos en la cabeza. Esta persona resultó ser uno de los menores de edad, a quien la banda dejó en el box de atención de un Cesfam de San Pedro de la Paz y huyeron.

Las cámaras permitieron identificara Mariano Riquelme Bobadilla (22), Patricio Aguayo Salazar (22) y L.J.M.A. (15), este último permanece internado en el Hospital Regional, recuperándose de la herida. El fiscal solicitó ampliar la detención de los imputados para realizar diversas diligencias, quedando agendada para el martes. Serían formalizados por robo con homicidio frustrado, robo con violencia, robo con intimidación, entre otros.

Tres menores de edad quedaron sujetos a la medida cautelar de internación provisoria tras ser imputados como autores del delito frustrado de robo con fuerza e intimidación de un vehículo, ilícito cometido el martes en la comuna de Coronel.

El Juzgado de Garantía coronelino tomó la decisión, ordenando que los adolescentes B.I.H.V., M.A.J.S. y S.I.V.S. ingresaran al Centro de Internación Provisoria de Coronel por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad, fijando además un plazo de investigación de dos meses.

La imputación fiscal, indica que los menores llegaron a la intersección de las calles Los Álamos con Los Canelos en Coronel y se acercaron a la víctima que se encontraba al interior de su vehículo. Uno de los adolescentes la intimidó con una pistola para que bajara de la camioneta y al oponer resistencia, otro le tapó la boca para impedir que pidiera ayuda y la golpeó en la cabeza con un arma de fuego en reiteradas ocasiones, causándole lesiones leves.

Al no lograr conseguir las llaves del vehículo, los imputados se dieron a la fuga, pero fueron detenidos poco después por funcionarios policiales, quienes encontraron en poder de S.I.V.S. una pistola a fogueo modificada.