Por Felipe Cuevas Mora

El devenir del Consejo Regional durante los dos últimos años ha estado marcado por un consenso casi total a la hora de visar proyectos o realizar el trabajo de cada una de las 21 comisiones en que dividen la labor normativa y fiscalizadora.

Prácticamente, la totalidad de las iniciativas propuestas por el gobernador Rodrigo Díaz han sido aprobadas por mayoría total.

Cuestión que en entrevista con este medio hace un par de meses, la máxima autoridad regional destacaba: "He tenido la fortuna de contar con un muy buen consejo regional, responsable y enriquecedor de las propuestas en cada una de las comisiones; y le cuento que me consta que una persona de ellos votó por mí. No llegué con mayoría política a gobernar, y eso habla de generosidad política y entender que el Gore no soy yo con quienes llegaron como mis colaboradores, sino que es el gobernador y las 28 personas que ejercen de consejeros regionales".

Sin embargo, ese clima de trabajo y unión de criterios más allá de los colores políticos pareciera haberse quebrado las últimas dos semanas con la escalada del Caso Convenios, y la profundización de la grieta entre tres grupos al interior del órgano colegiado.

Cuestión que se ha marcado a fuego en las acciones adoptadas: mientras un grupo cuestionó e impugnó la labor de Díaz y sus colaboradores desde incluso antes que explotara la polémica, los presidentes de comisiones han subido el tono en las últimas horas pidiendo claridad en las acciones que toma el Gobierno Regional, y un tercer grupo de consejeros se ha restado de realizar declaraciones en torno a lo sucedido.

Las diferencias

Ayer en la mañana,s los presidentes de cinco comisiones del Consejo Regional -Rodrigo Vera (Ind.), James Argo (UDI), Andrés Parra (PS), Javiera Vargas (Ind.) y Roberts Córdova (Ind.)- ingresaron una solicitud para realizar una sesión extraordinaria que aborde los últimos hechos vinculados a la relación del Gobierno Regional con la Fundación En Ti y Camila Polizzi.

Lo llamativo de la acción es que el pasado martes, otro grupo de cinco consejeros -Yanina Contreras (PSC), Gabriel Torres (Ind.), Piero Blas (Ind.), Javier Sandoval y Camila Arriagada (Igualdad)- hicieron la misma acción, lo que derivó en una única comisión extraordinaria que se realizará el miércoles 16, atendiendo la segunda solicitud realizada ayer.

Ante esta disparidad de criterios, el consejero Gabriel Torres planteó que "es bueno que ellos se den cuenta, un poco tarde, y llama la atención que le den prioridad a un seminario de descentralización en Valparaíso. ¿Con qué cara iré a hablar de eso? Lo más importante es esclarecer qué ocurre en la Región, donde acá se ha hecho todo lo contrario para avanzar en esa materia", en alusión al seminario que realizará la Subdere la próxima semana, y donde al menos una decena de consejeros asistirá, impidiendo la realización en una primera fecha propuesta.

"Y otra cosa, son los mismos consejeros que acudieron al llamado del gobernador a reunirse con él el miércoles en la mañana. Solo algunos fueron convocados, y son los mismos", añadió.

El consejero Javier Sandoval en tanto, puso el énfasis en que "hay un ambiente complejo, porque hasta el momento el Consejo Regional ha funcionado de una forma atrofiada, al renunciar a su labor fiscalizadora. El gobernador incluso se convenció de que esa facultad no existía, y se nos decía que solo se podía fiscalizar de forma individual por Contraloría o Transparencia".

En contrapartida, el consejero Andrés Parra explicó que la acción fiscalizadora que emprendieron responde a cinco puntos "que se desataron el día de ayer (jueves), y lógicamente se presenta por ello en la jornada de hoy (ayer)", entre los que están los denunciados lazos familiares al interior del Gobierno Regional, amenazas a miembros de fundaciones y posibles facturas falsas.

El consejero James Argo puso el énfasis en que inicialmente "tenía la impresión de que se podría resolver a través del ejercicio de otras facultades fiscalizadoras, y por el revuelo mediático debemos dar una señal con esto (...) Tenemos diferencias, y hemos llegado en acuerdo a fiscalizar estos puntos, además de otros que puedan ser cuestionados".

Un tercer grupo de consejeros, como Ana Araneda (Ind.), Tania Concha (PC), Marcela Tiznado (UDI), o Jaime Vásquez (Ind.) se han restado de la primera línea de la contingencia, tanto por razones personales como también por el interés de aportar nuevos antecedentes, según se pudo conocer en las oficinas del segundo piso del edificio de avenida Prat, donde funciona el consejo.

El Gobierno Regional inició de manera formal la investigación sumaria que buscará determinar las posibles irregularidades por parte de funcionarios a la hora de tramitar la entrega de recursos para fundaciones en el marco del Caso Convenios.

Junto con despachar la resolución que ordena la indagatoria, la asesora jurídica del Gore Karen Flores informó que "la instancia tiene por objeto hacernos cargo de ratificar la legalidad de los cursos de acción efectuados durante la ejecución de la iniciativa a cargo de la Fundación En Ti".

"En ese sentido, informamos también que se ha estimado pertinente designar como funcionario investigador a Iván Valenzuela, jefe de la División de Fomento e Industria de este Gobierno Regional, quien además es un profesional con formación y vasta experiencia como auditor", añadió la abogada.

La decisión fue mirada con cierto escepticismo por parte de algunos consejeros. Javier Sandoval (Igualdad) planteó que "se generan muchas dudas, porque acá hemos denunciado que existe un mecanismo que comprende las asignaciones a entidades como fundaciones y otras. Esto seguirá apareciendo, develándose, y es probable que las jefaturas de división no solo sean las únicas cuestionadas, porque el modus operandi del gobernador Díaz no da ninguna garantía".

Sobre la profundidad de la crisis, el consejero que ha sido desde el arranque una voz disidente de la administración Díaz: "Nos sorprenderemos mucho en estos meses. Hay redes de poder, de influencia política, que se mezclan con los parentescos, y un mecanismo que enriquece a particulares".

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía confirmó que se inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer las implicancias tras una publicación en las redes sociales institucionales de un posteo asociado a una cuenta de memes alusivos al Caso Convenios y la crisis institucional que se vive en el Biobío.

"Respecto de una publicación que se ha hecho desde una red social de la Seremi de Economía del Biobío, en la cual se alude al Gobierno Regional, señalar que este contenido no representa los pensamientos ni los lineamientos del Gobierno de Chile, ni tampoco del Ministerio de Economía y por consecuencia no representa a la Seremi de Economía", indica, junto con señalar que "esta publicación ha sido eliminada en cuanto se tomó conocimiento del error de publicación, por lo tanto se ha iniciado la investigación para recabar los antecedentes que logren tener claridad respecto de lo que ocurrió y tomar las sanciones que correspondan a la luz de estos antecedentes".

"Hemos tomado las medidas del caso y lamentamos los inconvenientes y malos entendidos que esto puede ocasionar. Repetimos, que este contenido no representa los lineamientos de la Seremi", añade la misiva.

La consejera independiente Javiera Vargas manifestó que "no es posible que seremis actuales permitan que se levanten memes en redes sociales oficiales sobre el rol del Gobierno y Consejo Regional. Debemos respetar la institucionalidad y lo serio que es el trabajo por el bien público".

"El actual seremi de Economía debe dar explicaciones sobre esto", añadió.