Por Estefany Cisternas Bastias

En febrero de 2022 comenzó la primera fase de la Ley 21.368, encargada de regular la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas de este material en todo Chile, con la finalidad de reducir el impacto que estos productos generan en el medioambiente.

La norma inicialmente se ha enfocado en prohibir la entrega de utensilios plásticos como los tenedores, cucharas, cuchillos, bombillas, revolvedores y palillos, además de productos de plumavit en los expendios de alimentos, tanto para el consumo en el lugar como para delivery. En esto también se incluyó a todos los grandes supermercados, quienes debían ofrecer y recibir botellas renovables.

Nueva fase

A partir del próximo domingo 13 de agosto entrará en vigor una nueva fase de esta regulación, la que establecerá que todos los almacenes y minimarkets estén en la obligación de vender y recibir botellas retornables.

El seremi de Medio Ambiente del Biobío, Oscar Reicher, evaluó que estos avances graduales "tienen relación con los esfuerzos que se están haciendo por avanzar hacia una economía circular en la gestión de residuos". Esto quiere decir que se busca reducir y progresivamente eliminar todos los artículos confeccionados de plásticos problemáticos del sistema económico, mejorar la calidad de estos evitando que los plásticos en circulación sean nocivos y lleguen al medio ambiente o a las personas.

También busca fomentar la valorización de la mayor cantidad posible de los residuos que se generen del plástico.

Para el 2024 la ley suma a su regulación la entrega de desechables dentro y fuera de un local, en la primera se prohibirá la entrega de productos de un solo uso de cualquier material, y en la segunda se permitirá la entrega de productos desechables de material valorizable distinto del plástico, o bien plástico certificado. Además, el porcentaje de botellas retornables que se ofrezcan en vitrinas de supermercados no podrá ser inferior al 30%.

Y finalmente, en el 2025 la ley decretará que las botellas plásticas deben incorporar al menos el 15% del material recolectado y reciclado en el país.

Labor municipal

Según lo indicado por Medio Ambiente, la fiscalización de esta ley, así como la que prohibe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, es de competencia municipal, por lo tanto el rol de las comunas es determinante para su cumplimiento y la difusión del consumo responsable.

En la Municipalidad de Talcahuano, la directora de Medio Ambiente, Solange Jara, comunicó que la fiscalización está siendo realizada por inspectores municipales dependientes la Dirección de Medio Ambiente. "Nos encontramos en una etapa educativa de la implementación de la ley, con el objetivo de educar y familiarizar el cumplimiento de esta normativa. Entendemos ya está vigente, pero nos hemos enfocado en la educación pues sabemos que el comercio debe adaptarse", contó Jara.

La comuna de Concepción trabaja en esta misma línea. La directora de Medio Ambiente, Andrea Aste, explicó respecto a la ley que prohibe las bolsas que "previo a la entrada en vigencia de la normativa se hizo una amplia difusión y educación, a la comunidad y al comercio", y agregó que "el personal de inspectores también realizó labor de control, pero no hay catastro de fiscalizaciones o multas".

Por otro lado, Hualpén es una de las comunas que se ha visto afectada en cuanto a gestión y disposición final de residuos, por ello dispusieron el cuidado del entorno como una prioridad.

"Estamos fiscalizando con los equipos de inspección, detectando situaciones en que no se cumple la norma, siempre acompañado de la educación. En cuanto a la ley de plásticos de un solo uso ya estamos preparando capacitaciones masivas a locatarios de caletas y locales de comida rápida, explicando los alcances de la norma", indicó el alcalde Miguel Rivera.

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, explicó que debido a esta nueva etapa están preparando planes de fiscalización que incluyen la capacitación de sus inspectores municipales.

En caso de no cumplir con lo que exige la ley, respecto a utensilios e insumos de plástico no certificados, las sanciones van desde 1 a 5 UTM.

Una situación diferente ocurre con las bolsas entregadas en las ferias libres, ya que se excluyen de la prohibición las que constituyan como un envase primario de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o porque previene el desperdicio de alimentos. Sin embargo, los municipios se han coordinado con los feriantes para controlar esta entrega de bolsas y hacer un llamado a usar las que sean reutilizables.

podrán vender envases retornables

13 de agosto comenzará la regulación con la cual los almacenes y minimarkets deberán vender y recibir botellas retornables.

30% de las botellas deberán ser obligatoriamente retornables en los supermercados para el 2024.

Organizaciones vecinales y ciudadanas se reunieron con la finalidad de protestar y pedir que no se construya la Torre Lincoyán, edificio que contará con 342 departamentos y más de 160 estacionamientos. También cuestionaron la declaración de impacto ambiental presentada.

Los habitantes del barrio Cerro Amarillo, ubicado en el casco antiguo de Concepción, destacan a este lugar por su gran valor patrimonial, caracterizado por casas de uno y dos pisos, con calles adoquinadas y por la presencia de una comunidad mayoritariamente compuesta por adultos mayores jubilados, pero todo esto se encuentra en riesgo debido a la propuesta de la inmobiliaria.

"Este proyecto traerá una peor calidad de vida para los niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y los vecinos adultos mayores con enfermedades respiratorias, simplemente porque no existe planificación de nuestras autoridades", aseguró uno de los vecinos afectados, Carlos Alvear.

La comunidad de Cerro Amarillo protestó en el frontis del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Concepción, donde también entregaron un documento cuestionando la veracidad de la declaración del proyecto y destacaron el valor del sector. Entre la decenas de documentos entregados se encuentran más de 100 cartas y 400 firmas contra la edificación.

El presidente de la Junta de Vecinos de Cerro Amarillo, José Sepúlveda, contó que esperan que el SEA emita un informe con estos antecedentes llamando a rechazar el proyecto, y que la empresa subsane los problemas que no han logrado resolver. Igualmente hizo un llamado a las autoridades regionales a apoyar esta negativa.

En la carta entregada a la directora del SEA Biobío, Silvana Suanes, destaca el informe de estudio de sombras donde la construcción dejará al menos a 10 viviendas en las proximidades del proyecto con menos horas de luz solar de lo permitido. También se menciona la omisión de los efectos negativos para la salud de los vecinos, cuya cercanía a las obras afectaría a quienes padecen fibrosis quística, alergias, epilepsia y Trastorno del Espectro Autista (TEA), entre otras.

El seremi del Salud del Biobío, Eduardo Barra, informó que 2.969 personas en la región que viven con VIH se encuentran bajo control activo en la red pública de salud, recibiendo terapia antirretroviral, lo que equivale a un 99,02% de cobertura. El 0,8% restante, que corresponde a 29 personas, no se adhieren al tratamiento debido a una decisión de carácter individual.

La autoridad sanitaria contó que el tratamiento antirretroviral es gratuito al encontrarse dentro de las Garantías Explícitas en Salud, y consiste en una combinación de fármacos que suprime la replicación del VIH.

"Nuestro esfuerzo debe seguir concentrándose en aumentar la adherencia a tratamiento, además de fortalecer las medidas de prevención y detección precoz tanto del VIH como de otras infecciones de transmisión sexual, a través del uso correcto y consistente del preservativo y del acceso al test rápido de VIH o al examen", declaró el seremi.

En comparación a los datos de años anteriores, los casos nuevos notificados y validados de la región se han mantenido estables y con una leve tendencia a la baja desde 2019, pasando de 238 a 206 casos.

Por sexo se presentan 181 casos en hombres y 25 en mujeres, y por grupo de edad la mayor cantidad de casos del 2022 se presentó en el segmento de 25 a 29 años (56), seguido por el grupo de 30 a 34 años (46). En cuanto a exámenes de VIH, los procesados en laboratorios de la red pública y privada de la región en 2022 fueron total de 171.985.