Por Felipe Cuevas Mora

El devenir del Caso Convenios en la Región del Biobío durante las últimas horas ha estado marcado por las nuevas y últimas diligencias asociadas a irregularidades en el traspaso de recursos del Gobierno Regional a fundaciones u otras organizaciones.

En concreto, y luego de que la Fiscalía Regional iniciara hace algunas semanas tres investigaciones de oficio por traspasos directos a las fundaciones En Ti, Horizonte Ciudadano y ONG Red Cultivarte, ayer tanto el Gore como algunos consejeros regionales revelaron nuevas posibles irregularidades.

Mientras tanto, el gobernador Rodrigo Díaz ha optado por no tener intervenciones ante los medios de comunicación, y los esfuerzos al interior de las oficinas de avenida Prat se centran en canalizar el apoyo recibido por los alcaldes, todo en medio de la escalada de la polémica en torno al vínculo entre la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi y el exseremi de Gobierno Eduardo Vivanco.

Nuevas denuncias

Durante la mañana de ayer, los consejeros regionales Camila Arriagada, Javier Sandoval, Gabriel Torres, Piero Blas y Yanina Contreras -que se agruparon para solicitar una sesión extraordinaria del consejo- ingresaron a Contraloría una denuncia sobre irregularidades en la asignación de recursos a la Municipalidad de Penco por el proyecto "Formación líderes y ciudadanos jóvenes" por $99 millones.

"Se considera la realización de 20 talleres con 1.500 jóvenes como beneficiarios directos, y un costo de $3 millones por taller, para pago de monitor, amplificación y materiales, sin especificar duración, ni equipamiento a adquirir", señala el escrito.

En la tarde, en tanto, fue el turno del Gobierno Regional que ingresó dos querellas ante el Ministerio Público. La primera de ellas por las irregularidades conocidas en torno a la asignación de $250 millones a la fundación En Ti, arrendada por Camila Polizzi. "Se trata de una querella contra todos quienes pudieran resultar responsables por eventual mal uso y eventual malversación y apropiación indebida de fondos públicos", dijo la encargada jurídica del Gore, Karen Flores.

La segunda acción apunta, según señalaron desde el Gobierno Regional, a irregularidades en la línea de proyectos concursables vía subvenciones, conocidas tras el proceso de auditoría interna.

El abogado del Gore Javier Ahumada señaló que en algunos casos, se duplican proyectos, "es decir, un mismo proyecto, con los mismos propósitos y las mismas necesidades a cubrir, se duplican y se presenta a otro fondo concursable", y en otros "se aplica un solo fondo, se realiza una sola acción y se cobra dos veces".

Además, dijo que "lo que hace esta situación muy preocupante, es que en todas estas formas de cometer delitos aparecen dos nombres siempre", junto con señalar que dichas personas "venían recomendadas por la secretaría de una oficina parlamentaria".

Quien se dio por aludido fue el diputado independiente Leonidas Romero, quien en un comunicado aclaró que las recomendaciones fueron solicitadas por el propio Gore a los legisladores, y expuso que "increíble y repudiable ver cómo el Gobierno Regional encabezado por Rodrigo Díaz, da manotazos de ahogado e inventa querellas tratando de jugar al empate después de las denuncias que he realizado".

"Me parece vergonzoso que, para tratar de ocultar las graves irregularidades al interior del Gore, pretendan involucrarme como responsable de una situación que la propia Gobernación pasó por alto (al aprobar proyectos duplicados), que yo mismo denuncié ante ellos en su momento, y que decidieron ignorar, pese a mi insistencia en la solicitud de iniciar acciones legales en contra de las ONGs", añadió.

Una reunión con más de veinte alcaldes de la Región fue la que sostuvo el martes el gobernador Rodrigo Díaz, en medio de una cuidada agenda sin presencias en medios de comunicación, tras el impasse en un matinal televisivo el lunes.

Pese a que se señaló que la reunión consideraba reportar las medidas anticorrupción adoptadas en las últimas horas, la lectura que se hizo de la cita apuntó mas a un blindaje por parte de los jefes comunales a la máxima autoridad regional.

"Estamos convencidos, por lo que hemos visto, por lo que hemos trabajado en conjunto, que el gobernador tiene un tremendo liderazgo, nosotros los alcaldes lo hemos reconocido ahora y desde siempre. Esto tiene que ver con todo un andamiaje político busca destruir la figura del gobernador", señaló por ejemplo el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause.

Entre los jefes comunales ausentes el martes estuvieron Ana Albornoz (Santa Juana), Henry Campos (Talcahuano), Cristian Peña (Lebu), Alejandra Burgos (Curanilahue) y Álvaro Ortiz (Concepción), siendo los últimos dos protagonistas en las últimas horas. Mientras Burgos -cercana al oficialismo en La Moneda- firmó una carta de respaldo a Díaz, Ortiz disipó las dudas sobre su apoyo -debido a disputas internas- y se reunió personalmente con el gobernador como presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, para darle su apoyo.

Este miércoles, Camila Polizzi se vio en público por primera vez luego de que se conocieran las denuncias en su contra por el arriendo de la fundación "En ti" para poder adjudicarse 250 millones de pesos que tenían por objetivo mejorar el sector Barrio Norte de Concepción.

Por esta denuncia, la excandidata a alcaldesa de Concepción fue a declarar ayer en la Fiscalía de Concepción en calidad de víctima de amenazas, por un periodo de tres horas y a la salida fue encarada por Rodolfo Ruiz, integrante de la Fundación "En ti".

"¡Mírame a la cara, sinvergüenza! ¡Mírame a la cara! ¡Te aprovechaste de una fundación vulnerable! ¡Vulnerable! ¡De una fundación tan pobre, tan miserable! ¡Yo Rodolfo Ruíz, integrante de la Fundación 'En ti'! ¡Fuimos compañeros de campaña! ¡Sinvergüenza! ¡Basta de abusos! ¡Devuelve la plata!", gritó el hombre sin dejar avanzar al taxi que recogió a Polizzi.

La cuestionada dirigenta había guardado silencio hasta el martes en la noche, cuando acusó a través de una carta haber recibido amenazas: "El silencio que he guardado todo este tiempo, bien corresponde a hechos en donde mi integridad y la de mis hijas se encuentran en entredicho, y posible peligro. Le he presentado a la Fiscalía todos los antecedentes de los hechos ocurridos, donde una alta autoridad de Gobierno habló expresamente de sicariato".

El señalado en la misiva fue el exseremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, quien señaló tras el ingreso de una denuncia de Polizzi el martes que "me dice que quiere conversar conmigo. No me da la razón, pero era evidente que era por el problema que tenía con el Gobierno Regional. Yo encuentro a una persona que está muy asustada y con una necesidad de conversar su tema con alguien. Fue conmigo".

"Yo no la amenacé de sicariato", añadió la exautoridad.

250 millones de pesos fueron los que el Gobierno Regional otorgó a la fundación En Ti, para intervenir barrios en Concepción.