Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

La ley 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a niños, niñas y adolescentes se comenzó a implementar en la Región del Biobío hace poco más de dos años. Jueces de la zona hacen una evaluación del período y destacan la norma como una herramienta útil a la hora de evitar la revictimización de los menores frente a delitos sexuales u otros ilícitos de carácter violento. La medida también está dirigida a testigos.

En la zona, las cifras indican que desde junio de 2021 se han realizado 82 declaraciones judiciales en salas especialmente acondicionadas, es decir, cuentan con elementos que las hacen más amigables a los ojos de los menores que deciden entregar su testimonio. Estos espacios presentan, por ejemplo, juguetes, libros, sillones, mesas, y se rigen por protocolos estrictos, además de un entrevistador acreditado denominado "intermediario", quien está a cargo de conversar con la víctima y hacer las preguntas pertinentes. Todo lo que sucede es visto y oído a través de pantallas que transmiten en la sala de audiencia correspondiente, en la que se encuentran físicamente el juez, el Ministerio Público y los defensores.

Desde el Poder Judicial en la Región también entregan otros números. La mayoría de las declaraciones judiciales apuntan a una causa (donde declara una sola víctima o testigo). Hay algunas donde declara más de una víctima o testigo (tres o cuatro víctimas o testigos, y en dicho caso es una declaración judicial por cada uno). Asimismo, la mayor parte de los delitos en los que se ha realizado declaración judicial bajo la ley 21.057 corresponde a violación (31 causas), abuso sexual (nueve) y violación más abuso sexual (diez). Lo anterior indica que los delitos de violación y abuso corresponden al 61% de los casos.

La estadística regional precisa, además, que en Biobío existen 44 entrevistadores acreditados, de los cuales 19 pertenecen al Poder Judicial.

Balance e implementación

De las 82 declaraciones judiciales realizadas en la zona en el marco de la nueva norma, 42 se concentran en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Concepción, 28 en el de Cañete y 12 en el de Los Ángeles. La presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, destaca las cifras y afirma que la medida fue mucho más allá de las buenas intenciones, transformándose en un proceso penal que garantiza el pleno respeto a las víctimas menores de edad, "porque hay un total control de su salud, de su integridad y de posibilidades ciertas de aportar en un juicio, sin que eso constituya una revictimización".

La magistrada afirma que en la zona todos los tribunales orales penales cuentan con este sistema, misma situación que los tribunales de garantía, que tienen salas especiales para que los niños, niñas y adolescentes no tengan que desplazarse en la eventualidad de comparecer en un juicio. Cabrero es el único tribunal que está en proceso de implementación, pero se espera que esté habilitado dentro de los próximos meses. Asimismo, Rivas indica que el Ministerio Público cuenta con siete salas de este tipo en la zona y sólo una en la Policía de Investigaciones, es decir, números que están aún por debajo de las 19 del Poder Judicial y que permiten a este último organismo prestar sus espacios para que otros entes sean parte del sistema.

"Lo más importante es que estas salas generen un ambiente de resguardo, pues el menor que está declarando debe sentir que puede expresarse con libertad, lo que incluye también su definición de no expresarse. Hay que entender que no son espacios para que los niños se distraigan o jueguen, sino que son salas donde la infraestructura tiene, por ejemplo, dos sillones, uno para el entrevistador y otro para el menor, y el resto viene dado por el sistema tecnológico de cámaras y audio para tener una comunicación directa con el tribunal (...) La reglamentación parte, precisamente, motivando al niño, explicándole el ambiente y quiénes pueden eventualmente entrar o salir, y aplicándole todas las posibilidades que tiene", explica la magistrada.

Efectos de la nueva ley

Según Carola Rivas, la implementación de este nuevo mecanismo ha permitido obtener declaraciones más libres, en donde las víctimas han podido expresar sentimientos sin sentirse vulnerados en el camino. Por otro lado, destaca que también se ha abierto una puerta para que los jueces, fiscales y defensores que escuchan la declaración, "la escuchen con conocimientos particulares de lo que significa el relato de un niño víctima, por eso esta capacitación que obliga la ley lleva a que los profesionales se puedan imbuir en materias de psicología del relato infantil, sacando así muchos prejuicios".

La jueza que preside el TOP de Los Ángeles, Ingrid Quezada, cree que hay una serie de elementos que resaltan. El primero de ellos dice relación al hecho de no causar mayor dolor respecto a lo que significa vivenciar algún tipo de experiencia de violencia y propiciar un ambiente más seguro, sin la presencia del agresor. A su juicio, la modalidad que rige bajo la ley también posibilita que los menores entreguen "un relato más tranquilo, con menos afectación y más extenso (...) Es relevante relacionar este relato con el que se ha dado durante el procedimiento, a fin de ver si se ha mantenido en el tiempo o no, aunque no es imprescindible para que los jueces lleguemos a una convicción".

Desde el tribunal angelino precisan que ellos, incluso, fueron pioneros en la materia, pues a contar de 2015 comenzó a funcionar un lugar especial para recoger la declaración de niños, niñas y adolescentes. Según Quezada, esto llevó a que la zona tuviera una sensibilización previa en torno a la importancia de habilitar espacios protegidos.

En tanto, su par del TOP de Concepción, Gonzalo Díaz, advierte que con todo esto es posible avanzar hacia mayores grados de transparencia respecto de la información entregada por los menores. "Cuando no estaba esta regla, se podía pensar que la declaración del niño estaba contaminada, que no era espontánea o que era fruto de un discurso pauteado o inoculado, pero este sistema lleva a tener una fase previa en donde el intermediario busca información para saber quién es el niño con el que se va a entrevistar", enfatiza.

Por último, Julio Ramírez, juez presidente del TOP de Cañete, ve un punto a favor en la capacitación de los distintos funcionarios, en especial de los intermediadores, acción que desde su punto de vista posibilita un contacto mucho más fluido con los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas. El magistrado reconoce que ir a un tribunal ya genera un impacto, sobre todo para los menores. Por lo mismo, indica que el poder trabajar a través de este mecanismo facilita una mejor intervención.

"Estamos contentos por los resultados, porque, en términos de obtener una declaración por parte de los menores, este método resulta mucho más enriquecedor, ya que hay un profesional que obtiene la información de la mejor manera posible", subraya.