Por Redacción

El caso de los convenios cuestionados entre fundaciones y organismos de gobierno suma cada día nuevos capítulos y el último tiene como protagonista al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien ayer afirmó respecto de la forma en que se establecen estos traspasos de dinero, que "el modelo está malo y eso tenemos que reconocerlo".

Las palabras del secretario de Estado, durante una visita al proyecto Ciudad Parque Bicentenario en Cerrillos, aludieron a la declaración de la Contraloría General de la República, que calificó como ilegales 29 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, de los 34 que han revisado desde que estalló el escándalo que vinculó a la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, ambas partes encabezadas por dos militantes de Revolución Democrática, quienes fueron expulsados tras el caso.

Los convenios objetados son acuerdos suscritos durante 2023 e involucran más de $13 mil millones, consignó La Tercera.

Ante ello el ministro Montes manifestó que "el informe de la Contraloría que hoy se publica en los medios está referido principalmente a las gobernaciones. Y nosotros nos preocupamos y sabemos más y tenemos más antecedentes de lo que tiene relación con Vivienda".

Y fue más allá: afirmó que "aquí hay un cuestionamiento de un modelo, un sistema, un mecanismo que se creó en un determinado momento y que estamos reestudiándolo y cuestionándolo globalmente".

"El modelo, el mecanismo, está malo y eso tenemos que reconocerlo y es responsabilidad de todos los actores en este país, de todos, para realmente pasar a otro nivel", aseveró Montes.

Críticas políticas

El anuncio de la Contraloría se sumó a la renuncia de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, tras la revelación de que firmó convenios con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Chile, representada por Teresita Ugarte, pareja de su entonces jefe de gabinete, Pablo Casals; y otros dos con la Corporación de Desarrollo de Santiago, la cual dirigía hasta su llegada a la subsecretaría.

Ante ello el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que "la subsecretaria le entregó cientos de millones de pesos a la fundación cultural que depende el Municipio de Santiago, donde ella trabajó hasta el último día antes de entrar al Gobierno, no inhabilitándose y no transparentando esa relación en la declaración de intereses y patrimonio. Eso es una falta grave a la probidad, una ilegalidad y eventualmente es un delito". Por ello ingresó un oficio a la Contraloría junto a otros dos compañeros de bancada para que se establezca un presunto conflicto de interés.

El diputado Raúl Soto (PPD), agregó que "lo que está ocurriendo es demasiado grave como para que nada pase y se corte el hilo por lo delgado. El Gobierno debe tomar decisiones mucho más drásticas para dar tranquilidad y certeza a la ciudadanía. El caiga quien caiga debe pasar de las palabras a las acciones y los hechos. Ningún espacio a la corrupción y la impunidad".

Mientras, Eric Aedo (DC) dijo en Cooperativa que "esto va a generar efectos políticos. No tengo duda que en la discusión del presupuesto 2024, los mecanismos de control que van a existir sobre los gobiernos regionales, fundaciones y sobre entregas de dineros a estas instituciones, van a tener que tener mayor resguardo y fiscalización".

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reiteró ayer las primeras declaraciones que dio tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte de la cartera, en que apuntó a que era "sospechoso".}

En entrevista con Chilevisión, el secretario de Estado fue consultado acerca de su fue desacierto decir aquello y ligar el caso a una "señal política", ante lo cual sostuvo que "eso ya estaba instalado. Yo cuando hablo, los periodistas ya estaban en la Seremi del Biobío todos levantando sospechas, las sospechas estaban en las redes sociales y a todos yo creo que nos ha parecido sospechoso".

Pese a ello, destacó que "lo prudente es decir que hasta ahora la investigación lo que tiene, es un delito común y que se está investigando". Agregó que "todos los días aparece en la prensa distintas razones y móviles. Espero que se llegue a fondo, a que todos los responsables que suplantan mi identidad para hacer un robo, puedan pagar las penas que a esto corresponde".

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por la Fiscalía, que lo investiga por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Además, fue capturada su exesposa Daysuris Vásquez, quien a inicios de año lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña del hoy presidente y de quedarse con ese dinero.

Vínculos narcos

Nicolás Fernando Petro Burgos (37) fue detenido por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y Daysuris del Carmen Vásquez Castro, por lavado de activos y violación de datos personales. Ambos fueron capturados a las 6:00 y luego fueron puestos a disposición de un juez penal, a quien se pediría reclusión.

El pasado 21 de marzo la Fiscalía anunció que investigaba penalmente a Nicolás Petro por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y por un "posible lavado de activos" después de que su exesposa asegurara en una entrevista con la revista Semana que el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro", le entregó "más de 600 millones de pesos (unos 153.000 dólares de hoy) para la campaña del papá".

"Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros", añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos (unos 51.000 dólares) del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, que tampoco fueron a dar a la campaña.

Mandatario dolido

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía tras la captura de su hijo Nicolás.

"Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley", expresó el mandatario en Twitter.

"A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso".

Varios ministros le manifestaron su solidaridad a Petro. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, alabó su actitud y aseguró que "sus expresiones de respeto a la independencia judicial en circunstancias como las que vive hoy, anteponiendo su calidad de jefe de Estado a la de padre naturalmente afectado por la suerte de su hijo, demuestran su talante democrático".

El expresidente del Congreso, Roy Barreras, agregó que "Nicolás Petro es el primer hijo de un presidente que va a la cárcel, pero no porque los hijos de otros presidentes no hayan delinquido, sino porque ningún otro presidente permite que la justicia actúe con independencia y sin presiones como lo hace Gustavo Petro", indicó por su parte el exsenador y candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, muy cercano al mandatario.

Desde la oposición, Daniel Palacios, exministro del Interior del Gobierno de Iván Duque, consideró que "es muy grave que el hijo del presidente esté enfrentando cargos por enriquecimiento ilícito".

El expresidente de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, advirtió ayer al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que solo contará con los votos de su partido Junts en una eventual investidura para renovar su mandato si se alcanza un acuerdo sobre el "conflicto" catalán y no sobre su situación personal, y que la negociación se ha hacer sin "presión" y sin practicar "el chantaje político".

Puigdemont -que reside en Bélgica y está prófugo por convocar un referéndum de autodeterminación ilegal-, distribuyó un comunicado que dice que Sánchez "sólo podrá ser elegido si obtiene el voto afirmativo de una coalición muy amplia, incluidos los siete votos de Junts ".

Sánchez necesita a Junts para lograr una mayoría parlamentaria suficiente que le permita conservar la jefatura del Gobierno tras las elecciones del pasado 23 de julio, donde su partido, el PSOE, quedó en segundo lugar, por detrás de los conservadores del Partido Popular (PP).