Caso Convenios: consejeros dividen posturas por despliegue y rol fiscalizador de comisiones
Mientras algunos representantes valoraron la labor realizada en las últimas semanas, otros cuestionaron las condiciones en que se realizó el despliegue. Además, la suspensión de la Comisión de Ética reabrió diferencias al interior del propio Consejo Regional.
Hace poco más de un mes, las palabras Democracia Viva, fundaciones y trato directo se instalaron en pleno en la opinión pública con la salida a la luz de la primera arista del Caso Convenios. Arista que también tiene sus esquirlas en el Biobío, producto de los cuatro convenios que investiga de oficio la Fiscalía, firmados tres de ellos por el Gobierno Regional con las fundaciones Horizonte Ciudadano, En Ti y Red Cultivarte, que suman un total de $903 millones tramitados.
Por ello, desde el Consejo Regional se activaron en las últimas semanas las distintas comisiones asociadas, con el objetivo de indagar las implicancias tras los traspasos de forma directa.
Trabajo que no ha estado alejado de la polémica, principalmente debido a las condiciones en que la comisión de Desarrollo Social se desplegó en Concepción y Coronel la semana pasada, pero también a la polémica suspensión de la comisión de Ética el pasado jueves luego de que algunos consejeros difundieran el contenido de la instancia en redes sociales.
Ante este panorama, los representantes coinciden en la necesidad de que el consejo cumpla con su rol fiscalizador, pero también marcan diferencias en las formas y el tenor del trabajo realizado, ad portas de la sesión ordinaria la tarde del viernes.
Comisión suspendida
Diversas reacciones dejó la decisión de la consejera Teresa Stark de suspender la comisión de Ética del jueves, ante la difusión del contenido de la instancia por parte de los consejeros Camila Arriagada y Javier Sandoval (Igualdad), mientras el administrador regional Rodrigo Martínez presentaba los alcances de los traspasos.
El jefe de bancada UDI, James Argo indicó que "soy de la idea que se investigue y aclare todo lo que está pasando en el Gobierno, y aquellas consultas respecto al quehacer de fundaciones con el Gobierno Regional. Este trabajo ya comenzó, es un trabajo de análisis de largo aliento".
Sobre lo ocurrido en la instancia planteó que ocurrió una acción antireglamentaria que "entorpece el trabajo que proyectamos la mayoría de los consejeros regionales, en función de realizar estas reuniones y considerar el análisis del trabajo territorial y presupuestario".
En tanto, el consejero independiente Piero Blas cuestionó la decisión y dijo que "la suspensión de la comisión de ética por un tuiteo roza lo absurdo, siendo un tema relevante para la comunidad. Vemos cómo se busca cualquier argumento para entregar menos información de la cual necesitamos. Esta semana, la citación a comisiones nuevamente no considera a la comisión de fiscalización".
Despliegue en terreno
Al abordar el trabajo de la comisión de Desarrollo Social el miércoles y jueves, Blas puso el énfasis en que "vemos cómo las comisiones se citaron de forma anticipada y se avisó a estas organizaciones con una semana de anticipación para ir a realizar estas supuestas fiscalizaciones, donde tampoco podían entregar mayor detalle por estar siendo investigadas por Fiscalía. Tampoco pudimos tener una mayor retroalimentación, porque la plataforma que permite ver los documentos se encuentra limitada para los consejeros".
Su par del Partido Comunista, Tania Concha detalló que en el caso de Coronel y el diálogo con Red Cultivarte, el foco estuvo en una presentación por ítem por parte del equipo de la ONG, por lo que "pedí en terreno visitar los tres hogares de ancianos donde la ONG se está vinculando con el proyecto mismo, para tener una mirada completa".
Además, la representante puso el énfasis en que una alternativa para abordar el conflicto desde el Consejo Regional debe responder a cambios en la legislación: "Como Asociación Nacional de Consejeros Regionales dimos una larga lucha cuando se discutieron las leyes de descentralización, elección de gobernadores y traspaso de competencias. En ese momento el Ejecutivo, se planteaba que sancionáramos proyectos arriba de 20 mil UTM; esto no es una cosa más, y lo más urgente es una ley corta que nos devuelva a los consejeros nuestras facultades".
"No podemos depender de la voluntad de los gobernadores que se nos presenten ante el Consejo los proyectos de menos a 7 mil UTM. ¿Dónde estuvo el ojo de los parlamentarios de no entender que nosotros no tendríamos ninguna atribución real en torno a la fiscalización?", complementó.
903 millones de pesos son los que rastrea actualmente la Fiscalía respecto a los traspasos del Gore Biobío a fundaciones.