Las regiones deben construir sus planes de acción climática para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Esto se ve lejano y su implementación comienza a ser tardía. Se nos indica que existen dos grandes áreas para que el cambio climático no sea tan duro con los chilenos.

En primer lugar, la mitigación de las emisiones, que me parece una muy buena política, a pesar de que Chile no es un gran jugador en las emisiones a nivel global. Sin embargo, esto nos trae enormes beneficios locales y debemos avanzar decididamente en el camino de descarbonizar nuestra matriz energética, como lo establece la política estratégica desde el año 2015.

Se avanza en la dirección correcta, no sin enfrentar dificultades como la conectividad del sistema energético nacional, que requiere ser reforzado para que la energía limpia, generada a miles de kilómetros de distancia, pueda llegar en forma efectiva a los lugares de mayor consumo.

Otro aspecto es la adaptación a los cambios, que es quizá una tarea más importante para un país vulnerable como el nuestro, cuyo aspecto clave es la transformación de nuestro sistema de producción de alimentos. Allí tenemos varios desafíos en lo que concierne a la huella de consumo de agua en nuestra producción agrícola, pues sabemos que tendremos una menor disponibilidad de agua lo que nos sitúa en un gran dilema: cómo hacer eficiente su uso (cada vez más escaso) en una actividad que consume la mayor cantidad de agua.

Recalco el desafío de transformar la circulación de materiales (bienes, recursos, servicios) que nos tiene en una actual crisis de desechos. A pesar de que existen alternativas inteligentes de gestión de materiales al final de su ciclo de vida, su composición y complejidad hacen necesario implementar la economía circular de la que tanto se habla, pero poco se hace.

Debemos aprovechar que en esta región hay una base científica-profesional y de capacidades de desarrollo notables, pero, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no hay colaboración ni confianza entre los actores de la región.

Debemos transformarnos y avanzar desde una región reactiva que responde a los problemas cuando ya los tenemos presentes, a una región proactiva que se prepara para escenarios cada vez más complejos e inciertos. Aquí la política debiera también desplegar sus mejores capacidades, considero que debemos avanzar más en el hacer que en el decir.

Hoy hablamos, leemos y oímos aseveraciones sobre lo que la Inteligencia Artificial (IA) genera en nuestras vidas y sobre las proyecciones de lo que sucederá en un futuro próximo.

El concepto de IA ha estado rodeado de mitos, los cuales han sido popularizados por libros, películas, y videojuegos, teniendo un gran impacto en lo que se entiende por Inteligencia Artificial y sus consecuencias para la humanidad.

Considerando la relevancia de esta temática, desde el ámbito de la Educación Superior, es importante distinguir y delimitar los conceptos "información y formación en IA", con la finalidad de disminuir conjeturas e imprecisiones que infunden temor, incertidumbre y negación frente a todo lo relacionado con la IA en las personas.

Pues bien, la información permite adquirir y ampliar conocimientos sobre un área determinada y la formación intenciona la preparación intelectual, moral o profesional de una persona hacia un propósito definido. No es lo mismo formarse que informarse, por lo que es necesario detenerse en la formación en IA.

Es en este sentido que desde la Educación Superior, las universidades asumen hoy un nuevo y gran desafío: conformar equipos expertos en IA, realizar análisis, buscar información y consultar al entorno sobre esta temática. Todo esto, con énfasis en definir, desarrollar e impartir capacitaciones, carreras y programas con perfiles que atiendan a las necesidades actuales de quienes buscan formarse en Inteligencia Artificial, para responder a las demandas del sector industrial y de servicios, de las personas y su comunidad, y de la sociedad en general.

De acuerdo a estos antecedentes, es crucial destacar la importancia que hoy representa ofrecer oportunidades de formación en IA, que además sean oportunas, pertinentes y confiables, permitiendo formar profesionales expertos en la utilización y generación de nuevo conocimiento en Inteligencia Artificial, en ámbitos prioritarios para la sociedad, como por ejemplo, Manufactura y Procesos Industriales, Salud y Bienestar, Educación, y Agricultura Inteligente y Sustentabilidad, entre otros.

Frente a este escenario, es necesario contar con proyectos como "Capital Humano Avanzado en Inteligencia Artificial para el Biobío", el cual está trabajando en la creación de un Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial, único en Chile y Latinoamérica, en consorcio entre las universidades que integran el CRUCH Biobío-Ñuble (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad de Concepción, Universidad del Bío-Bío y Universidad Técnica Federico Santa María), y es financiado por el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R).

En el marco del actual proceso constituyente los consejeros que redactan la propuesta de texto constitucional están buscando introducir cambios al régimen político, al sistema electoral y al funcionamiento de los partidos. Todos parecen compartir el diagnóstico acerca de los problemas de nuestra actual institucionalidad política que favorecen la fragmentación impactando la gobernabilidad. Sin embargo, la dirección del cambio no genera, por ahora, consensos. En los sectores mayoritarios en el Consejo se respira una suerte de nostalgia por volver a la binomilización de la política. Los minoritarios apuestan por cambios incrementales a partir de mejorar y perfeccionar la actual institucionalidad, pero sin volver al binominal.

Existe acuerdo en reconocer el impacto que la institucionalidad electoral tiene sobre el nivel de representatividad política, atendiendo fundamentalmente al sistema electoral y sus efectos sobre la gobernabilidad. Si se analizan los sistemas electorales en clave de gobernabilidad, aparecen como objetivos: la legitimidad, la estabilidad y la representación ciudadana. Como sabemos la meta del sistema binominal fue la disminución del fraccionamiento del sistema de partidos para por esta vía mejorar la gobernabilidad. El incentivo para pactar generado por el sistema binominal dio lugar a una competencia electoral «bipactista» que redujo la cantidad de partidos que entraban en el Congreso, aumentando con esto la efectividad del sistema. Esta sigue siendo, según sus partidarios, la principal virtud del sistema binominal.

A su turno las posturas críticas al sistema electoral binominal giraban en torno a que éste no constituía una respuesta satisfactoria a la tensión existente entre justicia electoral y gobernabilidad. Las críticas al sistema por falta de representatividad llevaron, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, a promulgar una reforma electoral que sustituyó el sistema binomial imperante por uno de carácter proporcional, que comenzó a implementarse desde las elecciones del 2017 hasta ahora. Como sabemos, el sistema vigente ha generado que se vea reducida la capacidad de construir grandes acuerdos, toda vez que la proporcionalidad más bien ha promovido la fragmentación política mediante el establecimiento de muchos partidos, cada uno con agendas políticas que dificultan la generación de acuerdos impactando la capacidad de gobierno y generando desincentivos para la gobernabilidad. Por otra parte, el vaso medio lleno muestra que el actual sistema proporcional corrigió las barreras de entrada que distorsionaban el principio de representación, posibilitando la llegada a la Cámara de otras fuerzas políticas.

La actual discusión sobre redistritaje en términos de reducirlos o ampliarlos se inscribe en este mar de fondo. Lo cierto es que con la población actual -de alrededor de 19 millones- y de acuerdo con una de las fórmulas para calcular el número de parlamentarios (Rein Taagepera, 1972) deberíamos tener un número mayor a los 155 que hoy conforman esa Cámara. Este dato los consejeros no los deben soslayar.

El argumento de los costos que implica un Congreso más numeroso y que en contraste uno más pequeño resultaría más barato para el Estado, es un debate popular que prende en el actual clima de crisis de representación política.

Lo cierto es que el país parece necesitar una reforma que transe algunos grados de representatividad por más estabilidad y menos fragmentación. Esta parece ser la disputa instalada el actual proceso constituyente en marcha. El redistritaje es sólo una parte del problema.