Farmacias populares: alcaldes marcan distancia de cuestionada asociación
Al menos diez municipios de la zona estuvieron afiliados a la instancia liderada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hoy cuestionada por la Contraloría. Concepción y Tomé fueron socios fundadores.
En 2015, la Municipalidad de Recoleta liderada por Daniel Jadue lanzó un innovador proyecto que apuntaba a la creación de farmacias populares, que consideraban la compra de medicamentos a precio justo, en medio de la polémica por la colusión de las grandes cadenas.
La idea subió como la espuma, y un año mas tarde se creó la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) de la que los municipios de Concepción y Tomé fueron socios fundadores, y que tuvieron a al menos diez municipios incorporados, entre ellos Hualpén, Lebu, San Rosendo o San Pedro de la Paz.
Pero hoy, dicho mecanismo se encuentra en entrevero producto de las diligencias tanto del Ministerio Público como de la Contraloría, que esta semana anunció la presentación de cargos en contra de Jadue y otros funcionarios municipales por la firma de convenios irregulares con la asociación.
Consultadas las alcaldías de la zona, la totalidad han abandonado o nunca integraron dicha asociación, y señalan que la compra de medicamentos la realizan a través de Cenabast o en contacto directo con las farmacéuticas para abastecer las 22 farmacias populares que se han instalado hasta el año pasado.
Pese a las consultas de este medio, y los antecedentes que entregaron distintas fuentes, desde el Ministerio Público no se refirieron a diligencias a nivel local que se realicen en la materia.
Entrega de datos
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, explicó que en el caso de la capital regional, desde 2017 ellos ya no forman parte de la Achifarp, y que durante el periodo de afiliación no alcanzaron a depositar recursos al organismo.
"A todos los municipios los han llamado a declarar producto de este tema, quienes tuvieron la intención de participar en la asociación, o estuvieron y se retiraron como el caso de Concepción, que no alcanzó a realizar ningún pago porque nos dimos cuenta de que podíamos conseguir con los laboratorios los medicamentos e insumos de forma directa", dijo.
"Cuando tomamos la decisión, algunos pensaron que era una mala decisión y hoy pareciera ser que es una buena medida que adoptamos", añadió el también presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, junto con enfatizar que "la indagatoria de Contraloría apunta a qué ocurrió con los recursos que pagaron los municipios a la asociación".
En el caso del municipio de Hualpén, su alcalde Miguel Rivera indicó que "frente a los requerimientos, nosotros efectivamente hemos colaborado con la investigación entendiendo que desde 2019, con la administración anterior, nuestro municipio fue parte de la Achifarp, lo que implicó el pago de un monto de afiliación y cuotas anuales por cerca de $9 millones".
Además, indicó que "cuando llegamos a la alcaldía, decidimos no estar más afiliados porque no nos era sostenible ni conveniente financieramente. Desde 2021 no estábamos haciendo compras a través de ellos, y en octubre de ese año, después de la aprobación del concejo municipal, nos desafiliamos".
Mecanismos de compra
El alcalde de Talcahuano, Henry Campos explicó que en el caso de la comuna puerto, "nosotros tomamos la decisión de crear esta farmacia municipal que beneficia a muchos vecinos, pero también quienes trabajan o estudian, para acceder a medicamentos a muy bajo costo. La farmacia ha tenido un manejo impecable, se generó la compra de medicamentos con fondos del municipio y con la venta se genera la compra de más productos. Tenemos un financiamiento establecido y es la forma que definimos, no con otros modelos como el que se estableció en la Región Metropolitana a través de la asociación de farmacias".
"Nunca la integramos, nunca quisimos adherir a ella porque la asociación compraba y distribuía a los socios. Esto se debe investigar, tanto por la transparencia como también por la probidad que debe existir en la función pública. Deben esclarecerse estos presuntos delitos", añadió.
En el caso de Chiguayante, el director de Salud Municipal Carlos Mariangel detalló que "la adquisición de fármacos se realiza mediante licitación pública o la intermediación con Cenabast. Nuestra farmacia municipal es un intermediario de precios bajos entre la compra del Estado y nuestros pacientes. Las diferencias apuntan a la forma de contratación, ya que son funcionarios públicos y segundo la vía de adquisición de los fármacos, distinto a las farmacias populares".
"Nosotros no pertenecemos a la asociación, sino que es un dispositivo independiente, que pertenece a la municipalidad y la dirección de salud. Todos los recursos se gestionan por esas vías", añadió.