Por Redacción

A la medianoche del lunes expiró el plazo para que las fuerzas políticas entregaran las enmiendas que buscan modificar el anteproyecto de nueva Constitución emanado de la Comisión Experta, sobre la cual debe trabajar el Consejo Constitucional, y el balance fue que se ingresaron 1.099 propuestas de cambios al documento, de las cuales más de 380 fueron hechas por el Partido Republicano, que tiene la mayoría en el organismo.

El bloque Renovación Nacional-Evópoli presentó en conjunto cerca de 200 enmiendas y la UDI otro tanto, mientras que el resto llegó de sectores oficialistas o de centro. Además se agregaron las 31 iniciativas populares de norma que reunieron más de las 10 mil firmas requeridas.

Ante esta avalancha de indicaciones, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, reconoció en radio Cooperativa que "lo que a mí me importa no es juzgar ahora, lo que a mí me importa es señalar cuál es el objetivo y qué esperamos que no se pierda. Por supuesto que hay señales de preocupación, yo tendría que estar muy ciega para no verlas, pero a mí lo que me interesa es resaltar, recordar, hacer un llamado a cuál es nuestro propósito".

Agregó que "cuando uno tiene una postura que no es compartida por el resto de la sociedad, hay que tener mucho cuidado con dejarla clavada en la Constitución, porque hay personas que quedan fuera de ese marco que debiera unirnos en vez de separarnos".

Propuestas opositoras

Algo que llamó la atención fue el acuerdo al que llegaron Chile Vamos con Republicano en ciertos temas que trabajarán en conjunto desde el 1 de agosto, cuando comience el debate de estas posibles modificaciones al texto.

El jefe de la bancada republicana, Luis Silva, sostuvo que "hemos presentado cientos de indicaciones para complementar el texto de los expertos, que fue un buen punto de partida, pero que requiere de ajustes".

Añadió que "quisimos ir en esos tres temas -seguridad social, salud y educación- con las bancadas de Chile Vamos porque creemos que son tres puntos que caracterizan al amplio registro que hoy día tiene la derecha chilena, caracterizados particularmente por la libertad de elección, centradas en la persona. Es decir, el cotizante -en el caso de la salud y de las pensiones- y de los padres en el caso de la educación".

El dirigente también expuso que hay enmiendas "para sancionar más ejemplarmente" los delitos de corrupción y delitos terroristas. Junto con ello planteó que buscarán disminuir el número de parlamentarios.

A este último punto se suma la UDI. El consejero gremialista Edmundo Eluchans comentó que buscarán hacer un redistritaje y reducir el número de diputados, velando por que los parlamentarios "sean personas que estén cerca de su gente. Eso requiere distritos más pequeños, donde sea menor el número de diputados que se elijan".

La bancada RN-Evópoli no considera necesario reducir la cantidad de parlamentarios, pero sí consagrar la norma del umbral del 5% como mínimo de votos para la existencia de partidos políticos, incorporar la paridad de género de entrada en las elecciones parlamentarias y aumentar la edad requerida para ser electo Presidente de la República de 35 a 40 años.

Oficialismo

Desde el oficialismo, el bloque Unidad para Chile y el representante de pueblos originarios presentaron enmiendas conjuntas y acotadas, con el objetivo de resguardar los acuerdos logrados en la Comisión Experta y que habilitaron un anteproyecto transversal.

Se incluyeron indicaciones sobre derecho al cuidado, derechos de niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, escaños reservados, paridad, listas electorales cerradas, gratuidad en la educación superior, normas sobre seguridad y anticorrupción.

En derechos humanos, el oficialismo apuesta por la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, las reglas de uso de la fuerza, el derecho a la verdad justicia y reparación y una Defensoría de los DD.HH.

Yerko Ljubetic (CS) planteó que "(estas enmiendas) tienden al fortalecimiento, al perfeccionamiento, a la profundización de aspectos recogidos en el anteproyecto de la Comisión Experta, pues el anteproyecto es una muy buena base de acuerdo".

Alejandro Köhler (PS) lamentó "un verdadero bombardeo de iniciativas, de enmiendas de parte de la derecha, que, a nuestro juicio, dañan, hieren y distorsionan profundamente el anteproyecto elaborado con tanto esfuerzo por la Comisión de Expertos".

La Contraloría General de la República (CGR) le notificó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la formulación de cargos en el marco del sumario abierto en noviembre del año pasado por presuntas faltas a la probidad en su gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), lo que podría incluso llevar a la destitución del jefe municipal y excandidato presidencial.

"La Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. A partir de un informe de auditoría que también había hecho Contraloría, efectivamente hay irregularidades que son relevantes: falta de control, hay gastos que no fueron acreditados, hay convenios que faltan, hay falta de supervisión del punto de vista jerárquico", confirmó el contralor Jorge Bermúdez.

"En este momento lo que se abre en un periodo de descargos por parte de los inculpados, uno de ellos el alcalde, y luego se tiene que proceder a determinar cuál es la responsabilidad", añadió el fiscalizador.

Según publicó Emol, el pasado 6 de julio ocurrió la notificación a Jadue en el propio municipio y que incluye a otras 10 personas, entre ellas, a la administradora municipal de Recoleta, el director de Control y una ex directora de Asesoría Jurídica. También fueron notificados dos funcionarios de la Municipalidad de Paillaco, cuatro en Macul y una en el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), confirmó Bermúdez.

El sábado recién pasado, el alcalde Jadue se refirió a la arista judicial del caso, y según lo expuesto por el contralor Bermúdez ya estaba en conocimiento de la notificación de Contraloría. En esa oportunidad, el jefe comunal acusó de un intento de "dañar a partir de una nueva arremetida comunicacional", y no se refirió a la notificación en la arista administrativa.

Más de un año

El sumario se abrió a partir de un informe con fecha 6 de abril de 2022, auditoría que buscaba determinar si los recursos que administra la Achifarp se utilizaban en cumplimiento de sus finalidades; establecer la regularidad de sus operaciones; y verificar si existían procedimientos de control para velar por el resguardo de los recursos, entre otros aspectos, y donde se detectaron una serie de irregularidades que originaron un sumario.

En la oportunidad, a Jadue se le imputaron tres cargos: uno por la suscripción y aprobación de dos convenios que eluden la ley 19.886 y por falta de control, es decir, por la inexistencia de un mecanismo de seguimiento para los gastos. En tanto, el seguimiento de la auditoría (con fecha 2 de junio de 2023) mantuvo las observaciones del primer informe: "Compras realizadas fuera del sistema de compras públicas por parte de municipios que cuentan con Departamento de Salud; carencia de un sistema de información contable; registros desactualizados; falta de elaboración de informes de rendición de cuentas; falta de elaboración de estados financiero-contables", entre otros. Esto quiere decir que no se subsanaron las irregularidades advertidas en el informe anterior.

Desde la notificación, se abrió el periodo de defensa para el alcalde Jadue y el resto de notificados, el que comprende 10 días hábiles; es decir, termina mañana 20 de julio.

Se trata de un proceso que puede ser extenso, incluso durar varios meses, pues la respuesta es revisada por Contraloría, la que a su vez puede hacer observaciones. De todas formas, es el concejo municipal el que está a cargo de iniciar los procesos correspondientes para levantar las sanciones contra el jefe comunal, o solicitar su destitución.

Sin acuerdo a la vista se desarrolló ayer la primera reunión técnica entre Gobierno, parlamentarios y expertos nombrados por partidos políticos para despejar el camino de la reforma previsional en el Congreso.

La cita tuvo lugar en el Ministerio del Trabajo y tuvo como eje la discusión de propuestas para la reorganización de la industria, mientras que el 6% de cotización adicional que propone la reforma quedó para la segunda reunión, que se realizará este viernes.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, expuso a los asistentes el contenido del proyecto de ley y luego presentó una nueva propuesta.

"Hoy se realizó la primera reunión de los expertos que representan a los partidos políticos, en la búsqueda de un acuerdo por la reforma a las pensiones, y queremos valorar su asistencia y el compromiso con esta instancia, en la cual se presentaron los contenidos de lo que se denomina la reorganización industrial y que tiene como objetivo que las comisiones del sistema de pensiones bajen en beneficio de los afiliados", destacó la secretaria de Estado.

Diálogo

Jara espera "que los partidos políticos también puedan traer sus propuestas (este viernes)y, si bien estas discusiones tanto técnicas como políticamente no son fáciles, lo cierto es que aquí se ha demostrado que con un buen diálogo no son imposibles de abordar. Esperamos poder construir prontamente un acuerdo para el país".

Antes de la reunión de ayer, el diputado de la UDI, Cristián Labbé, quien fue uno de los cinco parlamentarios en la mesa, escribió en Twitter dirigiéndose a la ministra Jara que "así no se comienza una mañana de diálogo. A diferencia de Ud. y su sector q si son de extrema izquierda, a nosotros no nos importa la ideología, y si mejorar las pensiones escuchando lo quieren los chilenos: 6% a capitalización individual y no monopolio estatal".