Por Karlyng Silva Leal

En una apretada agenda en la Región del Biobío con autoridades locales y visitas a reparticiones de los seis servicios que administra el Ministerio de Justicia, el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, participó en un gabinete regional con Gendarmería, Sename, Servicio Médico Legal (SML), Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Defensoría Penal Pública y el Registro Civil, abordando nudos críticos y desafíos en la zona.

Una de las líneas que destacó el subsecretario es el proceso de implementación del Servicio de Reinserción Social que eventualmente reemplazará por completo al Servicio Nacional de Menores, esto en el contexto de una nueva institucionalidad que busca velar por la protección de los derechos de los menores de edad, siendo una parte abordar la situación de los jóvenes infractores de ley.

"Esta institucionalidad robusta nos permitirá enfrentar de mejor manera el gran desafío que tenemos. Quebrar las trayectorias delictivas de jóvenes, que no vuelvan a cometer delitos, es vital para la seguridad pública de todos nosotros", señaló al respecto Gajardo.

-¿Cuál será el proceso de implementación de este Servicio en la Región del Biobío?

-El nuevo servicio es parte de una ley publicada en enero de este año, se implementará gradualmente: comienza a regir en la macrozona norte en enero de 2024, en la macrozona sur -donde está contemplada la Región del Biobío- el 2025; y en 2026 termina con la macrozona centro (...). Este servicio implica un nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, entre otras cosas, contempla jueces especializados en reinserción social juvenil que actuarán en salas preferentes, fiscales especializados dedicados exclusivamente a la responsabilidad penal adolescente y la ley contempla 24 fiscales a nivel nacional y defensores especializados.

-¿Cuál es el impacto que esperan generar?

-Si logramos quebrar las trayectorias delictuales de jóvenes infractores no solo cambiaremos la vida de estas personas, además aportaremos de forma importante a la seguridad pública, porque lamentablemente muchas veces cometen delitos como jóvenes y después continúan como adultos.

-¿Cómo se abordará la situación de menores infractores de ley, pero también vulnerados en sus derechos que actualmente deben convivir en residencias de Mejor Niñez?

-Hay jóvenes mayores de 14 años que han estado permanentemente vinculados con servicios de protección y han cometido infracciones de ley, sobre quienes los tribunales han decidido que se mantengan en las residencias. Como Ejecutivo tenemos que respetar las decisiones judiciales, pero necesitamos una coordinación interinstitucional para tratar de mantener separados los servicios. Consideramos que el mejor lugar en que deben estar esos jóvenes son los centros, en este caso Sename y en el futuro en el Servicio de Reinserción Juvenil, y que puedan ser sujetos a los programas de protección.

-En materia penitenciaria ¿cómo avanza la ampliación de los centros de cumplimiento en Biobío?

-Hoy tenemos un 188% de ocupación de la capacidad penitenciaria en el país, por eso estamos trabajando fuertemente en terminar y habilitar los proyectos que ya venían en la cartera de justicia, entre ellos el centro penitenciario Biobío y El Manzano. El director (s) de Gendarmería me planteó que las obras iniciales de la ampliación del complejo superan el 80% y tendrían una fecha de término entre agosto y septiembre de este año, luego quedan obras complementarias que también deberían estar listas en este periodo. Esto aumentará cerca de 800 plazas, actualmente el centro alberga a 900 y fracción personas privadas de libertad, con esta ampliación llegaremos a las 1.600 plazas.

Además, comprometimos a los funcionarios, funcionarias y sus asociaciones, recursos para habilitar las cuadras del personal, pavimentar el camino de ingreso y el casino institucional. Son obras en proceso de licitación para que se puedan entregar cuando el complejo esté en funcionamiento.

-Respecto a la seguridad de funcionarios, en esta visita entregaron equipos de protección al SML. ¿Cuáles son los motivos?

-Entregamos elementos de protección personal para el cumplimiento de sus funciones, principalmente en terreno. Son chalecos y cascos antibalas como parte de una compra a nivel nacional para entregar a las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, La Araucanía y aquí en Biobío. Lamentablemente, y no es un misterio, hemos tenido sucesos de amenazas o situaciones de peligro para los funcionarios en los traslados a ciertas zonas de la región o en los levantamientos de cuerpo, aquí en la ciudad de Concepción. Es algo que ellos mismos a través de sus asociaciones nos han solicitado a lo largo del país.

Jhoyner Bonilla Brito, imputado por el homicidio del sargento Alex Salazar la madrugada del 12 de marzo de este año, fue reformalizado ayer sumando a la instancia inicial un tercer delito de maltrato de obra a carabineros, sumando de esta forma a la investigación las lesiones graves sufridas por una tercera víctima durante el día de los hechos.

El 14 de marzo el imputado fue formalizado por los delitos consumados de homicidio de carabinero en servicio, maltrato de obra a dos carabineros y conducción en estado de ebriedad, por lo cual quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora se le sumó un nuevo cargo por maltrato de obra a carabineros con lesiones graves del cabo primero David Bravo Vigueras como víctima, a quien impactó con la parte derecha delantera del vehículo que conducía.

Según la Fiscalía indicó en dicha oportunidad, los hechos tuvieron lugar cerca de las 05:50 horas de la madrugada del domingo 12 de marzo, cuando funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros Concepción llegaron a fiscalizar a un grupo de personas en Prat con Freire por beber alcohol en la vía pública y detener vehículos particulares en una zona no autorizada.

En este contexto, los carabineros fiscalizaron una discoteca ilegal con cerca de 150 clientes, muchos de los cuales se opusieron a la fiscalización y lanzaron objetos contundentes.

Luego el imputado intentó evadir el control policial, subió a un vehículo y atropelló al sargento Moisés Zambrano Pérez, al cabo segundo Jordan Mansilla Cabo y al entonces cabo primero Alex Salazar, quien falleció dos días después estando hospitalizado.

La Dirección de Obras de la Municipalidad de Lota y los domicilios de dos imputados en el marco de una investigación sobre delitos de corrupción, fueron allanados durante la jornada de ayer por personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Concepción de la PDI.

La fiscal de Coronel, Glenda Lagos, explicó esta situación, agregando que el operativo se trató del cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación emanada por el Juzgado de Garantía de Lota. Así también se indicó que por las características de la indagatoria no es posible entregar mayores antecedentes.

Desde la Municipalidad de Lota indicaron, a través de un comunicado público, que el allanamiento se desarrolló durante la mañana en las dependencias municipales. "Dicho allanamiento se realizó en respuesta a las denuncias presentadas contra una arquitecta que es funcionaria de dicha repartición (Dirección de Obras)", detalla el documento.

Así también el municipio manifestó su total disposición para colaborar plenamente con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y facilitar el desarrollo de la indagatoria en curso, además del compromiso para mantener informada a la comunidad sobre los avances.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la probidad y la transparencia en todas las actividades que se llevan a cabo en nuestra institución. Como municipio reiteramos nuestro compromiso con la comunidad lotina y aseguramos que seguiremos trabajando para fortalecer la confianza y el respeto en el ejercicio de nuestras funciones", agrega el texto.