Caso Convenios: Fiscalía investiga ruta de $2.088 millones entre focos y querella
Los diputados UDI Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Juan Antonio Coloma presentaron querella por traspasos desde la Delegación Presidencial a empresa sin giro para realizar pesquisas de restos animales por gripe aviar.
Nuevas diligencias se suman al Caso Convenios en la Región del Biobío, luego de que se conocieran antecedentes que atañen tanto al Gobierno Regional como la Delegación Presidencial Regional, que elevan a $2.088 millones los que investiga la Fiscalía Regional.
Por un lado, el órgano persecutor confirmó a través de un comunicado que inició dos nuevas investigaciones de oficio por "supuestas irregularidades en el traspaso de fondos por parte del Gobierno Regional", particularmente en los casos de las asignaciones a las fundaciones En Ti y Horizonte Ciudadano, beneficiarias con $250 millones y $379 millones respectivamente.
"Ambas investigaciones están a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de esta Fiscalía Regional", añadió el Ministerio Público, sumándolas a las indagatorias por los traspasos de recursos a las fundaciones Urbanismo Social y Red Cultivarte por parte del Serviu y el mismo Gore Biobío, que en total recibieron $704 millones.
A estas diligencias, se suma la querella ingresada por los diputados UDI Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Juan Antonio Coloma, y el consejero James Argo, contra quienes resulten responsables por los delitos de malversación de fondos, fraude al Fisco y tráfico de influencias en el caso de los traspasos de recursos a Urbanismo Social, y un nuevo foco vinculado a la entrega de recursos por parte de la propia Delegación Presidencial a la empresa Cluster Chile Limitada por $755 millones.
El primero de tres convenios firmados entre abril y junio señala que se busca "prestar servicios de monitoreo, recolección, embalado, traslado, muestreo y eutanasia (con medicamentos), eliminación de material biológico patológico, inhumación, desinfección cuando corresponda y disposición final de especies varadas, en apoyo de Sernapesca Biobío, en isla Santa María", lo que contrasta con el hecho de que en dos de los tres convenios la empresa que inició actividades en enero no tenía la iniciación de actividades de recogida de residuos peligrosos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Preocupación
El diputado Bobadilla explicó que "en la Región, hay hechos que deben aclararse porque no basta que se investiguen las propias autoridades cuando ellas podrían estar involucradas directamente, como la delegada que ha contratado a través de trato directo dos empresas que han emitido su primera factura por servicios en que no tienen experiencia. La delegada tiene que responder, y esperamos que se hagan las investigaciones y se sancione con el máximo rigor".
"Son empresas que, a nuestro entender, no tienen expertiz ni trayectoria en el servicio que se les pagó", añadió.
La diputada Weisse en tanto, puso el énfasis en que "cuando hay indicios de fraude al Fisco, hemos tenido la responsabilidad de presentar esta querella. Además, cumplimos nuestro rol fiscalizador y seguiremos investigando también lo que ocurre con otros casos de fundaciones y financiamiento a organizaciones cercanas a figuras políticas".
Consultados vecinos de la isla Santa María por este medio, desconocieron la existencia de los trabajos en el borde costero de la isla, pese a que en el convenio la empresa señala que "entre los recursos técnicos que dispondrá está un camión tolva, una retroexcavadora, una camioneta 4x4 y un buggy 4x4, mientras que entre los recursos humanos se contempla un médico veterinario, un operador de retroexcavadora y un conductor para el camión tolva".
Fuentes de Gobierno, consultadas por este medio, en tanto afirmaron que las labores sí se cumplieron y fueron fiscalizadas en su conjunto por Sernapesca.
Disponibilidad
La delegada Daniela Dresdner planteó que "desde nuestro Gobierno, hemos dicho siempre que aquí corresponde transparencia absoluta en los casos de corrupción. Hemos tomado las acciones para demostrarlo, y cuando se ha probado que ha habido errores administrativos, políticos o de otra índole, se han tomado las medidas correspondientes y a las personas se les ha pedido la renuncia".
"Cuando estas denuncias aparecen, debe haber antecedentes concretos, porque si no esto es una caza de brujas", añadió, junto con recordar que a nivel interno la delegación realiza una auditoría a todos los vínculos con fundaciones o corporaciones desde 2018 a la fecha, a cargo de la Unidad Jurídica de la Delegación Presidencial: "Vamos a entregar todos los antecedentes, en todas las instancias que corresponda y lo seguiremos refrendando. Es la línea que vamos a continuar".
El gobernador (s) Rodrigo Martínez en tanto, expuso que "junto con el sumario interno que hemos realizado, se pondrán a disposición todos los antecedentes ante Contraloría y Fiscalía. Es algo que ya hemos hecho, el poner a investigación todos los programas que financiamos; no queremos que quede ninguna duda de nuestra intención de ser parte de la solución y no del problema".
"Concurrimos a la comisión de Ética del Consejo Regional y lo haremos todas veces que sea necesario para aclarar los antecedentes", añadió, junto con enfatizar que se busca subir el estándar de control de la fiscalización de las entregas de recursos.
755 millones de pesos fueron los que entre abril y junio traspasó la Delegación Presidencial a la empresa Cluster Chile Limitada
629 millones de pesos son los que incorporó en sus indagatorias el Ministerio Público por traspasos del Gobierno Regional