Por Redacción

El contralor Jorge Bermúdez expuso ayer ante la comisión de Vivienda del Senado, en el marco de las millonarias transferencias realizadas desde organismos estatales a fundaciones, denominado Caso Convenios, donde afirmó que existen 172 denuncias por presuntos ilícitos de este tipo.

El abogado, sin embargo, destacó la diversidad de los requerimientos, donde la Fiscalía ya investiga a secretarías regionales ministeriales (seremi) de Vivienda y Desarrollo Social, junto a gobiernos regionales (Gore) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

"La Contraloría no fiscaliza a privados. Ha sido una lucha en mi gestión, extender esto a entidades privadas que realizan una función pública y reciben recursos públicos", dijo Bermúdez.

Regulación laxa

Sobre los convenios entre la seremia de Vivienda de Antofagasta y Fundación Democracia Viva, por alrededor de $426 millones, el abogado señaló que "la Contraloría no puede hacer un análisis de mérito. La Contraloría hace una auditoría del cumplimiento normativo, (…) lo que tiene que hacer es identificar si se cumplieron o no las normas".

En este proceso "no necesariamente van a haber grandes hallazgos", porque hay aspectos que "pueden parecer poco ético, pero no necesariamente serán un incumplimiento de la normativa", indicó el contralor.

La autoridad aconsejó modificar la Ley de presupuestos para que se apliquen reglas de suscripción de convenios, metas, plazos instructivos, garantías y sujeción de transferencias a estados de avances, deberes de información y otros, a todos los receptores de fondos públicos, incluyendo organismos de derecho privado.

Otra medida, en el mediano plazo, detalló Bermúdez, sería aplicar el estatuto de probidad de compras públicas a los destinatarios de fondos estatales.

La PDI, en tanto, allanó oficinas del Gobierno Regional de Antofagasta, a cargo de Ricardo Díaz (exRD) por el pago de $629 millones a Fundación ProCultura, monto justificado como la pintura para tres fachadas históricas, superficie que suma 2.400 metros cuadrados, señaló Ex-Ante. Cada metro cuadrado tiene costo promedio de $260 mil.

El giro de ProCultura en el SII es "venta al por menor de libros en comercios especializados" y "otros tipos de enseñanza", como capacitación a 38 personas para pintar.

En la misma región, ayer La Segunda publicó que Fundación Aracataca Creaciones, liderada por la actriz y exconvencional Malucha Pinto, recibió $38 millones en octubre por talleres.

RD señaló ayer que el Caso Convenios "lamentablemente involucra a militantes, pero bajo ningún punto de vista es una política dirigida ni instruida".

El senador Fidel Espinoza (PS) escribió en Twitter al ministro de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio Jackson, que "si es verdad lo que dices de que no tienes vinculo alguno con Democracia Viva, aporta a la investigación voluntariamente. Entrega tus elementos tecnológicos (celulares) a la Fiscalía para disipar toda duda, como ministro lo puedes hacer".

Estas palabras fueron en referencia al Caso Convenios, donde es investigada la seremi de Desarrollo Social de Atacama y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi, dependiente del citado ministerio) en La Araucanía, por millonarias transferencias a al menos tres organizaciones.

Varias de las seremis y fundaciones involucradas en el caso fueron o son lideradas por militantes de RD, motivo por el que la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, dijo que Jackson "podría ser el autor intelectual de esta defraudación".

El ministro respondió ayer que "es sumamente grave lo que intenta instalar", por lo cual pidió a la oposición "que si cuentan con algún antecedente que llegue a vincularme a mí tanto a los casos de Democracia Viva como alguna irregularidad, lo presenten ante las instituciones".-

La ministra Camila Vallejo, consideró "preocupante" la decisión de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de acudir al TribunalConstitucional para que se modifique la ley de delitos económicos y medioambientales promulgada en mayo de este año, mientras que su par de Justicia, Luis Cordero, dijo que "esto es como el eterno retorno".

El gremio de los empresarios, representado por los abogados Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik, ingresaron ayer un téngase presente de 34 páginas en el que expone que la norma tiene una "mirada selectiva y fragmentada" que la haría inconstitucional.

"Esto es como el eterno retorno. A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso", reclamó Cordero.

El ministro recordó que "es exactamente lo mismo que se hizo en el caso del Sernac, un proyecto que tenía por propósito robustecer el sistema institucional en materia de consumidores, con una amplia aprobación por parte de este Congreso, mientras estaba en control preventivo, un simple 'téngase presente' derribó completamente ese proyecto de ley".

Cordero agregó que el proyecto de ley tuvo "amplísima discusión (...)Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de su tramitación en la parte final".

"Todo el mundo tiene derecho a petición. Lo que me parece que es un indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso", dijo además el ministro.

El téngase presente indica por su parte que "las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico".

La norma, agrega, atentaría "contra el propio Orden Público Económico al 'seleccionar' a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general".

La comisión de ética de la Cámara de Diputados sancionó ayer a Catalina Pérez (RD, quien está con licencia médica hasta fin de mes) y Miguel Mellado (RN), por "conflicto de interés" en el Caso Convenios y por grabar y difundir una reunión privada con el Presidente Gabriel Boric, respectivamente.

Las medidas de censura y el no pago del 15% de su sueldo fueron aplicadas a ambos legisladores. En el caso de Pérez, esto se debió a que el líder de Fundación Democracia Viva es su expareja, Daniel Andrade, y quien autorizó las transferencias es el ahora exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, que antes trabajó como su jefe de gabinete. Al descubrirse el eventual ilícito, la diputada "no contestó".

Mellado, en tanto, grabó y publicó un audio del Presidente en una reunión con los parlamentarios de La Araucanía, acción que después condenó y negó para, horas después, admitir que lo había hecho y pedir disculpas.