Por Francisca Pacheco Pérez

La instalación de servicios básicos es la última gestión pendiente para las viviendas de emergencia entregadas a los damnificados por los incendios forestales. Desde el Gobierno se estableció el 30 de julio como fecha límite para reponer la conexión eléctrica y, en la Región del Biobío, entre los servicios de agua, electricidad (para clientes formales) y fosas sépticas, los avances oscilan entre un 71,4% y un 83%.

El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, sostuvo que esperan concretar los trabajos pendientes dentro del plazo, aunque aclaró que cada vivienda es un caso distinto, y que ya están siendo ocupadas por sus beneficiarios.

"Ha sido una tarea muy difícil, porque puso a prueba toda la cadena logística y del servicio. En la Región, alrededor de 1.300 viviendas fueron instaladas, y con un nuevo estándar de calidad", afirmó.

Parte de las dificultades para avanzar en la materia se da por las características del terreno, ya que hay sectores que son de difícil acceso, lo que limita la ejecución de las faenas, considerando que se trata de sectores principalmente rurales. Pese a ello, las autoridades trabajan para agilizar los procesos.

últimos trabajos

El director regional de Senapred explicó que se ha debido ampliar la cobertura eléctrica en ciertas zonas donde no se disponía del sistema previo a la catástrofe.

"Hay convenios con las distintas empresas proveedoras presentes en la Región, como Frontel, Copelec, Coopelan, CGE, por lo tanto, ellas también están haciendo el proceso de instalación. Cerca del 50% de las viviendas no tenían acceso al servicio eléctrico, por lo que las empresas están de acuerdo con las capacidades que tienen", precisó.

La encargada de Vivienda de la Municipalidad de Santa Juana, Rocío Vásquez, explicó que algunos damnificados no eran clientes de las empresas que están ejecutando las labores. Según dijo, ello implica "hacer todo de nuevo, generar los empalmes, los trazados, pues no sólo es una reposición, sino que es un proyecto nuevo". En ese sentido, la energización para clientes formales alcanzó un 83%.

En tanto, la instalación de estanques de agua potable presenta un avance del 71,4%. "Hay distintas soluciones, porque están las viviendas distribuidas en el territorio rural donde en algunos lugares no hay acceso al agua, por lo tanto, hay otro tipo de soluciones, como lo tienen también las personas que viven en esos territorios", añadió. Algunas consideran la captación superficial en esteros y pozos, y la conexión a servicios de agua potable rural.

Asimismo, las empresas encargadas de efectuar la instalación de soluciones sanitarias poseen una capacidad limitada y además deben cumplir con determinados estándares establecidos por la normativa de salud. A la fecha, la concreción de este servicio alcanzó el 72% en la Región.

Complejidades en terreno

El acceso a los caminos ha sido uno de los mayores desafíos en la reconstrucción. El traslado de los materiales y de la maquinaria para hacer excavación son parte de los procesos que se ven perjudicados. "Cada vivienda es un caso a caso y tiene su afectación. Hay lugares a los que ni siquiera es posible acceder en vehículo, hay viviendas de emergencia que se instalaron con la ayuda de yuntas de bueyes", detalló Alejandro Sandoval.

Por ejemplo, en Mulchén, son 20 las casas instaladas, pero se ha tenido dificultades con la conexión eléctrica de alrededor de siete de ellas. El alcalde de la comuna, Jorge Rivas, aseguró que "tomé conocimiento de dicha dificultad y estoy haciendo las gestiones para que la próxima semana Frontel proceda, y seguiremos colaborando para que nuestros vecinos afectados queden en las condiciones que todos esperamos".

Frente a la temporada de lluvias que ha enfrentado Biobío, el director regional de Senapred precisó que, pese a que durante el primer sistema frontal hubo complicaciones, no se han constatado mayores inconvenientes. "Las viviendas tienen una garantía de seis meses, de hecho, los distintos proveedores han mantenido cuadrillas para solucionar eventuales problemas en los territorios", aseveró.

50% de las viviendas no contaban con conexión eléctrica previo a la emergencia vivida el verano pasado.

71,4% de las viviendas de emergencia por incendios en el Biobío cuentan con estanques de agua potable.

El diputado por el distrito 20 Sergio Bobadilla anunció ayer que presentará una querella en el marco de la polémica que hay sobre el traspaso de recursos públicos a fundaciones. Desde el equipo del parlamentario UDI indicaron que la acción se concretará dentro del jueves o viernes y que se fundará en los delitos de fraude al fisco, malversación y tráfico de influencias.

"Hemos recogido el sentir ciudadano de muchas personas que nos han solicitado que emprendamos esta acción para perseguir a los responsables que están defraudando al fisco con recursos que le pertenecen a todos los chilenos", precisó el diputado.

Bobadilla agregó que estas situaciones no sólo se han advertido a nivel local en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, "sino que también en otros servicios hemos detectado situaciones similares". Por eso, agregó, "hemos emprendido esta acción para que los responsables asuman y no sigan robando el dinero que le pertenece a todos los chilenos".

El traspaso de fondos del Gobierno Regional y el Serviu a organizaciones es investigados por la Fiscalía Regional. La Delegación Presidencial también revisa los traspasos concretados por las seremis desde 2018 a la fecha, en un proceso cuya entrega de información finalizó el viernes recién pasado. La Unidad Jurídica del órgano regional se encargará de revisar los antecedentes.

Un encuentro con cerca de 14 organizaciones de la sociedad civil con presencia en la Región del Biobío -que cuentan con apoyo del Gobierno Regional- se concretó la tarde noche de este viernes junto al gobernador Rodrigo Díaz. La actividad se desarrolló en la sede de la fundación Trabajo para un Hermano de Concepción.

En la oportunidad, la autoridad desarrolló una conversación con directivos y responsables de iniciativas, detallando el curso administrativo de los proyectos con financiamiento del Gore. En esa línea, puntualizó que todas las iniciativas de inversión son visadas por el Ministerio de Hacienda, Contraloría General y pasan por el Consejo Regional, ya sea en votación o sesión informativa.

Asimismo, en el contexto de los cuestionamientos por la relación entre entidades públicas y privadas, tanto Díaz como los representantes institucionales indicaron que el trabajo entre el Gobierno Regional y fundaciones, corporaciones y ONG es clave para mejorar las condiciones de la población, puesto que juntos llegan hasta sectores donde el Estado central no se encuentra desplegado.

"Las corporaciones y fundaciones son un complemento de la actividad del Estado. En el caso de la Región del Biobío, a través de múltiples iniciativas, llegan donde no están los servicios públicos (...) Una cosa es robar dinero, otra cosa distinta es trabajar con organizaciones de la sociedad civil. El Estado no logra hacer todas las cosas", sostuvo Díaz.

14 organizaciones de la sociedad civil estuvieron presentes en la actividad desarrollada en Trabajo para un Hermano.