La arquitecta Paloma Zúñiga (RD) forma parte de la comisión que aborda los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Consejo Constitucional. A poco más de un mes de haber iniciado su labor de consejera, cuenta que el trabajo ha estado marcado por un amplio nivel de conversación entre los representantes de las fuerzas políticas. "Se ha conversado bastante de las distintas libertades, como la libertad de elegir la aseguradora de pensiones, en donde hemos tenido diferencias, porque lo que nos preocupa a nosotros, más allá de la libertad de elegir, es el acceso a esa libertad".
-Si hubiese que identificar los principales puntos de conflicto en esta primera fase, ¿uno de los nudos sería ese?
-Esa sería la discusión central, lo que ha llevado a tener diferencias, y también en el sistema de salud, que también ha sido parte de la gran discusión que hemos tenido, porque cuando se habla del derecho a la salud entendemos que todas las personas deben tener acceso. Lo que se entiende que se quiere evitar es el monopolio del Estado en el sistema de salud. Ese es el miedo, pero es un miedo que no tiene sustento, ya que el Estado social ya está definido a través de entidades públicas y privadas.
-¿Y cuáles son las oportunidades que han advertido?
-Con el tiempo nos hemos podido conocer, al menos, en la comisión, tanto los consejeros republicanos y de Unidad para Chile. En nuestra comisión hemos tenido capacidad de conocernos y encontrar puntos en común, sobre todo en temas muy sensibles como discapacidad o cuidado, es decir, hay cosas que son de sentido común y transversales.
-¿Qué desafíos prevé para los meses que vienen en el Consejo?
-Creo que hay que distinguir entre las libertades de las personas y el acceso a tener igualdad de oportunidades. Ahí hay una confusión de cómo entendemos eso, porque el objetivo es el mismo, que todas las personas tengas derechos. Ahora, el cómo y el rol del Estado en estos derechos es lo que genera estas diferencias entre las fuerzas políticas. Por mi parte, yo no puedo entender un Estado que no garantice derechos o una Constitución que no garantice derechos como la de 1980, que fue la que trajo la actual crisis política.
-¿Cómo se materializa su relacionamiento con la Región del Biobío? ¿Hay una conversación activa con los actores presentes en la zona?
-Hasta ahora hemos generado dos encuentros. Ayer sábado programamos uno, en donde conversamos con las personas para informar sobre lo que está pasando en el proceso, a través de una primera fuente. Esto fue una necesidad que la gente me solicitó mucho, de llevar la discusión del Consejo al territorio, porque la gente quiere sentirse conectada y que haya transparencia. Eso, entendiendo que el Consejo no está todos los días en los titulares.
-Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, ¿qué tanto incidirán en la propuesta constitucional?
-Desde mi parte está la voluntad de escuchar a la ciudadanía, que es lo que hemos estado haciendo esta semana en la comisión, en relación a las audiencias públicas. También estamos atentos a las iniciativas populares de norma, porque para nosotros es fundamental que el proceso sea participativo.
-¿Pero a diferencia del proceso anterior pueden consolidarse como un aporte mayúsculo?
-Independiente de que la Secretaría lo vincule, es importante que los consejeros y las consejeras escuchemos y leamos las iniciativas, en el sentido de que si no llegan de manera directa, nosotros igual podamos promover eso, a través de enmiendas.
-¿Cómo espera que la Región del Biobío quede configurada en materia económica, social, cultural y ambiental tras el proceso?
-La Región tiene hartas cosas interesantes en materia medioambiental. No hay nada más regionalista que promover el cuidado de las regiones. Está el ejemplo de la Región Metropolitana que, de cierta forma, se desbordó en muchas materias y tiene problemas que Biobío aún no tiene. Somos, además, una zona diversa y es importante que la Constitución proteja los territorios, por eso he sido enfática en el cuidado medioambiental.
