Por Redacción

La Secretaría de Participación Ciudadana del proceso constitucional, liderada por las universidades de Chile y Católica, informó ayer que 31 Iniciativas Populares de Norma (IPN) reunieron las 10.000 firmas necesarias para ser discutidas en el Consejo Constitucional, con miras a la propuesta de nueva Carta Magna que se plebiscitará en diciembre.

Las INP más respaldadas fueron Chile por los animales, con 25.415 apoyos, seguida por Con mi plata no-protejamos los ahorros previsionales (24.505), Por el derecho preferente de los padres (a la libertad de enseñanza, 19.941), Por un Estado sin pitutos (18.705) y Una policía que nos proteja (protección a las Fuerzas Armadas y policías, 18.306).

Luego aparecen el Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, Agua para la vida, Toda vida cuenta ("protege a los niños no nacidos y a las madres"), Educación pública para Chile, Me cuidaron, cuido y me cuidarán: derecho constitucional a los cuidados; junto a Por una salud digna, oportuna y de calidad para todas y todos.

Derecho a la vivienda digna, segura y propia; Es mi plata y punto, la muchedumbre seguirá luchando por nuestros fondos previsionales; Legítima defensa garantizada ("el derecho a defenderse y poseer armas de fuego"), Nunca más en Chile-garantía de no repetición de las violaciones a los Derechos Humanos, iniciativas sumadas a la petición de Derechos sexuales y reproductivos, para que "se reconozca, resguarde y promueve la vivencia de la sexualidad y reproducción de manera libre, autónoma y segura".

También serán discutidas por el Consejo Constitucional las INP de Salud protegida y libre (elección) para todos los chilenos, Reconoce como emblemas vivos de la nación la cueca y el rodeo, Por una libertad de conciencia y religiosa como un derecho humano fundamental en una sociedad democrática, pluralista y diversa; Nada sin nosotras ("participar en la vida pública en iguales condiciones") y Una Constitución Política para las y los trabajadores de Chile.

Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años, Libertad de pensamiento, conciencia y religión; Fin al lucro en salud, educación, pensiones. No más abusos de las AFP, Isapres y del mercado en la educación; Certeza jurídica para el uso del agua, Tolerancia cero a la violencia, Educación y cuidado desde la cuna, Normativa por el respeto y la dignidad a los Bomberos, Niños, Niñas y Adolescentes en la nueva Constitución #NoTeOlvidesDeLaNiñez; Derechos fundamentales de las personas con discapacidad y Una Constitución Política para las y los trabajadores, serán las iniciativas populares que ingresarán a la sala.

En total, se recibieron 637.612 apoyos a las iniciativas populares en la plataforma web, lo que se suma a la participación de 11.940 personas en diálogos convocados y autoconvocados, y la solicitud de 1.842 audiencias públicas.

El papa Francisco denunció las tragedias de inmigrantes en el Mediterráneo y la "vergüenza de una sociedad que ya no sabe llorar y empatizar" con el prójimo, en una carta escrita por el décimo aniversario de su primer viaje como pontífice a la isla italiana de Lampedusa (sur), símbolo de ese drama. "En estos días estamos asistiendo a repetidas y graves tragedias en el Mediterráneo, nos vemos sacudidos por desastres silenciosos ante los que permanecemos inermes y atónitos", lamenta en la misiva.

Y agrega: "La muerte de inocentes, principalmente niños, en busca de una existencia más tranquila, lejos de guerras y violencia, es un grito doloroso y ensordecedor que no puede dejarnos indiferentes. Es la vergüenza de una sociedad que ya no sabe llorar ni empatizar con el prójimo". La carta, fechada el 20 de junio y dirigida al arzobispo de Agrigento (sur), Alessandro Damiano, recuerda el décimo aniversario del viaje que en 2013 hizo a Lampedusa, el primero de su pontificado en un momento de grave crisis migratoria.-

La delegación de Naciones Unidas (ONU) en Perú expresó su preocupación por las supuestas amenazas de muerte que recibió el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, por parte de un grupo violento el jueves pasado.

"Expresamos nuestra preocupación por las amenazas de muerte en contra de Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones , institución clave para el estado de derecho y la democracia en el país", señaló la Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Twitter.

Añadió que consideran "importante" una pronta investigación y sanción de estos actos.

El jueves, un grupo de manifestantes de varios grupos violentos, como el que medios locales identifican como el colectivo ultraderechista autodenominado La Resistencia, llevaron a cabo una protesta frente a uno de los locales de la institución e insultaron y descalificaron a Salas Arenas. "Jorge Luis Salas Arenas, citó hoy una sentencia de la Corte Interamericana que señala que constituye un riesgo para la democracia, cualquiera que sea el país que está bajo su égida, someter a juicios políticos a los miembros de tribunales electorales", señaló el Jurado Nacional de Elecciones el viernes.

En una entrevista a Canal N, Salas Arenas dijo que "hay una idea tergiversada de que los discursos de odio son manifestación de la libertad de expresión", e indicó que el autor de la amenaza de muerte de ayer pertenece a esos grupos de atacantes que se sienten muy libres".

El diario La República informó que el presidente de la institución emitió un oficio a la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, para pedir que "adopte acciones urgentes" ante la amenaza de muerte del presunto líder de la facción ultraderechista Los Combatientes, Roger Ayachi, quien ha sido relacionado con el grupo violentista La Resistencia en diferentes ocasiones. -

La probidad es quizás una de las palabras más utilizada por la prensa y por el mundo político, incluso ha generado que el gobierno por el denominado "casos convenios" haya instruido la creación de una comisión de probidad. Sin embargo, nos preguntamos cómo será su regulación en el proyecto de nueva constitución, y la respuesta es que el principio de probidad recibe una regulación transversal, siendo aplicable a todos los órganos públicos.

El proyecto comienza en el artículo 10 al imponer al Estado el deber de garantizar la integridad pública, estableciendo que el ejercicio de las funciones públicas obliga a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, observando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular. Por su parte, el artículo 38 sobre los deberes constitucionales, dispone que todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. También, el artículo 44 le impone a los partidos políticos adoptar mecanismos de dirección y supervisión para prevenir infracciones a la probidad y transparencia.

Luego a nivel de los Gobiernos Regionales, el artículo 131 señala que los gobiernos regionales y a las empresas públicas podrán asociarse con personas naturales o jurídicas con el de fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyen al desarrollo regional, y que dichas entidades deberán velar por la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos públicos.

En el ámbito municipal, el artículo 135 habilita a las municipalidades para asociarse entre ellas, y constituir corporaciones y fundaciones privadas para la promoción y difusión del arte, la cultura, el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo, las cuales se deben velar por la transparencia, probidad y buen uso de los recursos públicos.

También, el principio de probidad, en el proyecto de nueva constitución, se extiende al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Banco Central. Respecto del Poder Judicial, el artículo 159 señala que las designaciones y nominaciones de los jueces se basarán en factores objetivos, especialmente la capacidad profesional, el mérito, la probidad y experiencia. En cuanto a la Contraloría, el artículo 188 dispone que los actos de la Contraloría General de la República se regirán por los principios de probidad, de transparencia y publicidad, y el deber de rendición de cuentas. Y finalmente, respecto del Banco Central, el artículo 199 señala que la remoción de los consejeros solo podrá fundarse en actuaciones del consejero que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento a la probidad pública.

Todo lo antes expuesto, constituye un enorme avance para el control de la función pública y el correcto uso de los fondos públicos. Sin embargo, es necesario complementar dichas normas con otras igualmente relevantes para garantizar la probidad, como por ejemplo, asegurar la concursabilidad y transparencia en la asignación de fondos públicos, generar mayor grado de coordinación entre las autoridades con competencias fiscalizadoras, exigir una completa e integral rendición de cuentas del uso de los fondos públicos.

Y finalmente, es necesario que el Estado ejerza las acciones judiciales para exigir el reembolso de los fondos públicos indebidamente percibidos, con la finalidad de garantizar el correcto uso -y no abuso- de los escasos y necesarios fondos públicos, y en consecuencia, el principio de probidad administrativa.

Juan Carlos Flores Rivas, profesor de Derecho Administrativo

Investigador de Polis.