La instalación de la desconfianza
Una serie de sucesos han desencadenado una fuerte tensión política en la Región en las últimas dos semanas, el principal de ellos el denominado caso Convenios, que ha provocado el inicio de investigaciones dirigidas a esclarecer la real transparencia de los traspasos de recursos desde instituciones públicas a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro como parte de planes, programas y acciones definidas como necesarias para la comunidad.
Se trata de una situación compleja, que se inició a partir de la indagación a la fundación Democracia Viva, ligada a militantes del partido oficialista Revolución Democrática, y que firmó convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, los que han sido cuestionados y están siendo investigados tanto administrativamente como penalmente. Poco a poco el caso ha ido escalando y ampliando la mirada crítica y la desconfianza hacia las instituciones involucradas, ya sean políticas o sociales.
La situación también tiene una arista local, ya que puso a la delegada presidencial Daniela Dresdner en el foco de la atención, luego que se conociera su relación con Democracia Viva y su presidente, Daniel Andrade y la diputada de RD, Catalina Pérez. Dresdner fue jefa de gabinete de la parlamentaria y participó en la creación de la fundación. Actualmente es parte del listado de personas que incluye la querella presentada por el mismo partido, donde se solicita que entregue su declaración para esclarecer los hechos.
A nivel local, la Fiscalía Regional de Biobío también abrió investigaciones, en específico dos de oficio para abordar la presunta existencia de delitos en la entrega de recursos públicos. El primer caso corresponde al traspaso de fondos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, de Biobío a la fundación Urbanismo Social, por un monto de $534 millones en cuatro proyectos. Se trata de tres contratos -dos a través de licitaciones públicas y uno por trato directo- para la administración del primer edificio con arriendo a precio justo en San Pedro de la Paz, el monitoreo de programas en dos barrios de la misma comuna y el aporte técnico a las víctimas de los incendios forestales de febrero. Todos los antecedentes y documentación fueron entregadas directamente en la Fiscalía Regional por las autoridades respectivas, momento en que se enfatizó que se trata de licitaciones.
La segunda investigación abierta por el Ministerio Público apunta al Gobierno Regional y a la ONG RedCultivarte, por un convenio de $274 millones para el proyecto "Transferencia de cuidado integral e inclusivo para adultos mayores vulnerables de Coronel". El Gore entregó todos los antecedentes a la Contraloría Regional, así como también a la propia Fiscalía Regional, también con la intención de esclarecer y despejar dudas, afirmando que se trata de un proyecto que ya ha beneficiado a más de 500 adultos mayores.
En pocos días, la percepción de que existen posibles delitos en la administración de fondos públicos creció, pero es importante tener presente que no se trata de una percepción infundada, considerando que la propia Fiscalía Regional tomó la decisión de investigar. Por otro lado, es innegable que los organismos a cargo de la fiscalización están operando y que los resultados de esos procesos se darán a conocer en el plazo correspondiente. Eso sí, ante la posibilidad de que no existan delitos y todo esté en regla en el área legal, no será fácil despejar la sombra de la duda respecto de cómo operan, desde el punto de vista ético, las relaciones personales, amiguismos y cercanías políticas al momento de asignar tareas especializadas y en las que el Estado requiere apoyo.
No es menor el daño que, además, se está provocando a la imagen de las fundaciones, instituciones que son parte fundamental de la sociedad civil y una expresión de la misma. La legislación consagra su existencia, así como la libertad de los individuos para asociarse en torno a un fin específico, y de hecho tanto corporaciones como fundaciones se encuentran reguladas en Código Civil, modificado por Ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, de 2011.
Corresponde, entonces, no sólo exigir transparencia a aquellas instituciones y organismos investigados, con el fin de esclarecer lo antes posible las situaciones cuestionadas tanto administrativamente como desde la vía penal, sino también rigurosidad a quienes acusan estas faltas y generan una sensación de desconfianza generalizada que en nada ayudan a quienes sí están realizando un trabajo honesto y comprobable.
Con las indagaciones en marcha, incluidas las solicitadas al interior del Gobierno central y del Gobierno Regional, y la determinación de posibles responsabilidades en el horizonte, también es necesario evitar observaciones innecesarias e injustas, que seguirán empujando un clima de desconfianza hacia la generalidad de los sectores involucrados, provocando un daño difícil de reparar en el corto plazo.
Corresponde no sólo exigir transparencia a aquellas instituciones y organismos investigados, sino también rigurosidad a quienes acusan estas faltas y generan una sensación de desconfianza generalizada que en nada ayuda a quienes sí están realizando un trabajo honesto y comprobable.