El riesgo de desastres y la débil capacidad rural para enfrentarlos
Un académico de la zona y representantes municipales advierten una serie de problemas generados, principalmente, por la explosión demográfica evidenciada en los últimos años. Ven, además, falta de coordinación institucional y de mapas asociados a posibles emergencias.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Hay una imagen de la última emergencia climática que es impactante: una casa que, literalmente, lucha por mantenerse en pie mientras abajo un abismo de arena, barro, piedras, troncos y agua espera para verla derrumbada. Un tercio de ese inmueble yumbelino flota sobre un socavón ocasionado por el aumento del caudal del río Laja, y no es más que una postal de las tantas que dejó el sistema frontal que afectó a la Región del Biobío y otras zonas del país durante la semana pasada.
Tan alto fue el impacto que el Ejecutivo cifró el número de afectados de la Región en unos 8.500, de los cuales casi 2.000 fueron considerados como damnificadas. A eso se suman cerca de 4.500 viviendas destruidas y más de 70 que sufrieron un daño total. Cabrero se convirtió en la comuna más agravada -en su momento sumó más de 400 albergados-, pero también se encuentran Los Ángeles, Laja, Quilleco, Quilaco y Hualqui, o Alto Biobío, comuna que fue visitada por el Presidente Gabriel Boric.
Esta es parte de la estadística que da cuenta del caos que dejó el último sistema frontal, uno que tiene características similares al que vivió la zona en el invierno de 2006, cuando las aguas del río Andalién, por ejemplo, cubrieron buena parte de la zona urbana de Concepción, como el terminal Collao. Un académico local y representantes municipales reconocen que las lecciones de esa emergencia fueron aprendidas a medias y que la capacidad nacional y regional para enfrentar situaciones de este tipo son, prácticamente, nulas.
A diferencia de lo ocurrido hace 17 años, hoy el sector rural del Biobío sacó la peor parte.
Falta de planificación
"Creo que estamos bastante al debe con la planificación territorial en Chile, en general, y en áreas rurales también y con mayor fuerza, porque lo que se observa es que los recursos económicos destinados al desarrollo de estos sectores son menores, salvo por la agricultura, que es una actividad fuertemente industrializada", plantea Oscar Link, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción.
Desde su óptica, en el tema de inundaciones es posible encontrarse con mucha ocupación de planicies inundables por los ríos, sin que haya obras de infraestructura ni medidas de prevención como sistemas de alerta de crecidas, planes de evacuación o programas de educación para la población ribereña. Precisa que el gran instrumento de planificación territorial son los planes reguladores comunales, en los que se debiese incluir un análisis de riesgo de desastres naturales. "Ahora, más allá de mapear zonas con niveles de riesgo alto, medio o bajo, los planes reguladores hacen poco en materia de prevención y disminución de daño, por eso son bien débiles", reconoce el profesional, quien agrega que la institucionalidad en materia de emergencias está bien dispersa, "lo que dificulta la coordinación".
Link ve algunas lecciones. La primera de ellas dice relación con la experiencia que han dejado proyectos de investigación realizados, por ejemplo, en la zona de Arauco, en donde todo indica que hay que ser capaces de incorporar no sólo la amenaza en los mapas de riesgo, sino que identificar la vulnerabilidad de las personas como de la infraestructura expuesta.
"En vulnerabilidad hay un espacio muy amplio para trabajar, a través de capacitaciones, medidas de prevención como la generación de parques inundables, la utilización de pavimentos permeables, o medidas más específicas de cada hogar que tienen que ver con formas de evitar que el agua ingrese por las puertas o ventanas. De hecho, existen compuertas que se fabrican para bloquear el paso del agua ante estas emergencias, y eso es todo equipamiento menor y de fácil acceso que el Estado podría proveer con subsidios", sostiene Link.
Planes reguladores, mapas y coordinación
En Cabrero se contabilizaban hasta este martes más de 600 personas afectadas por la crecida del río Laja. Ethielly Montes, directora de Planificación del municipio, indica que el problema gatilló a raíz de la explosión demográfica que se comenzó a palpar en la comuna a partir de la pandemia. Según dice, hay zonas rurales que pasaron de tener 80 familias a más de 300, es decir, en un par de años las poblaciones de sectores como La Aguada, Chillancito, Los Aromos, Los Encinos, Los Caulles o Lomas de Angol se ha duplicado, por lo bajo.
Esta sobrepoblación, afirma, lleva a que muchas familias de sectores lejanos lleguen y se instalen en lotes irregulares. Por lo mismo, el municipio hoy trabaja en la actualización del plan regulador -aprobado en 2009- para poder ampliar la zona urbana y sumar sectores rurales como Chillancito, Los Áromos y Los Encinos. "Estamos en pleno estudio del plan regulador y estamos en la etapa de participación para construir las alternativas de imagen objetivo. Una vez que la comunidad defina la imagen objetivo, conjuntamente con la aprobación de la Seremi de Medio Ambiente, irá al Consejo Municipal, pero habrá que sumar estos últimos eventos", plantea Montes.
Se espera que la imagen objetivo esté lista en septiembre de este año para luego pasar al Consejo. La meta es tener el plan regulador aprobado de aquí a noviembre de 2024.
La profesional del municipio explica que a través de este plan será posible establecer medidas de mitigación ante desastres. En el caso de las inundaciones, por ejemplo, si bien no sería posible prohibir la construcción de viviendas, sí podrían exigir condiciones en ciertas obras, como terraplenes o muros de contención o construcción en altura sobre palafitos, "de tal manera que las construcciones estén preparadas para resistir de mejor manera un desastre natural". Eso sí, puntualiza que en paralelo se requiere que la institucionalidad que hoy lidera la Senapred funcione, en el sentido de activar recursos que permitan a las administraciones comunales operativizar las unidades de gestión de riesgo de desastres que exige la ley, así como los planes de emergencia y de riesgo de desastres.
"Tenemos que disponer de personal, de sacarlos de otras funciones para poder destinarlos a hacer estos planes, pero en municipios medianos y pequeños eso, muchas veces, no es posible (...) También falta algún tipo de trabajo con los privados, en el sentido de que hoy hay mucho reclamo de las comunidades, que se quejan de que no hay coordinación con las centrales o represas para poder evacuar, o con las alertas SAE", cuestiona.
El alcalde de Santa Bárbara y presidente de la comisión de Emergencias y Riesgos de Desastres de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Daniel Salamanca, coincide con parte del análisis de Montes y advierte que la planificación territorial en áreas rurales se ve afectada debido a la proliferación de loteos en lugares por los que históricamente han pasado los cauces de los ríos, ya sea el Biobío o el Quillaileo.
"Las construcciones no están de acuerdo a la norma y, algunas veces, ni siquiera ingresan carpeta a la Dirección de Obras Municipales (...) Ahí el municipio debería demoler, pero esa una medida que no es nada de popular. Eso nos tiene metidos en este tremendo problema", precisa el jefe comunal, quien enfatiza que como municipio pequeño se ven atados de manos frente al boom de gente que arriba a su zona.
Salamanca explica que sólo tienen mapas de riesgo para la parte urbana de la comuna, asociados al plan regulador. Frente a la última emergencia, pide que el nivel central brinde más recursos para avanzar en planes de riesgo destinados a las áreas rurales y los cauces de los ríos, algo que, a su juicio, dependerá del nivel de coordinación que alcancen los diferentes organismos.
Al igual que estas comunas, Hualqui también fue afectada por las lluvias. El alcalde Jorge Constanzo cuenta que en su urbe hay un problema histórico que se remonta unos 70 años, cuando las primeras familias comenzaron a ocupar zonas inundables cercanas al río Biobío. A la fecha, precisa que son 448 casas ubicadas allí, distribuidas en tres poblaciones: 18 de Septiembre, Nuevo Hualqui y República de Hualqui. El edil reconoce que es imposible erradicar, por lo que pone sus fichas en la idea de instalar una vía elevada asociada al proyecto de costanera que se extiende hasta San Rosendo.
"Con esa vía elevada se subsanaría el tema de hacer una defensa de las poblaciones. Con eso saldrían de la zona inundable y serían urbanizadas", asegura Constanzo.
La autoridad también se refiere al problema de los lotes irregulares, algo que se observa en la zona más rural de Hualqui. Según dice, las subdivisiones prediales y estos mayores asentamientos se han generado en lugares que históricamente eran ocupados para siembras, "y eso muchas veces se hace con desconocimiento de cómo se comportan los suelos. En este temporal tuvimos muchos desplazamientos de terrenos".