Los nudos y preocupaciones en miras de la nueva Ley de Pesca
Luego de un proceso participativo con diferentes actores, el proyecto se encamina ahora a ser ingresado al Congreso. Hay un trabajo intersectorial y de afinamiento que es destacado por la Seremi de Economía.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
"Sabemos, y me imagino que ya a estas alturas en el Congreso nadie lo duda, que la actual Ley de Pesca está cuestionada por hechos comprobados y sancionados de corrupción y cohecho. En la cuenta pública del año pasado nos comprometimos en avanzar en una nueva Ley de Pesca limpia de todo atisbo de corrupción y fruto de un debate abierto y transparente".
Parte de la cuenta pública efectuada por el Presidente Gabriel Boric durante el 1 de junio pasado. En la oportunidad, el Mandatario anunció que como gobierno ingresarán este segundo semestre un proyecto de ley al Congreso para "cumplir nuestro compromiso de una distribución más equitativa de recursos, fortaleciendo la investigación científica, logrando condiciones mínimas de protección social para pescadoras y pescadores artesanales con reglas claras, justas y sostenibles para todos los actores involucrados".
Voces oficialistas precisan que la iniciativa será presentada -después de varias fechas incumplidas- no más allá de agosto. Hay otras, de la oposición, que ya perdieron la fe y creen que este gobierno no será capaz de sacar adelante un plan de estas características. Los cierto es que en el ambiente hay incertidumbre, algo que fue planteado por el propio Gobierno Regional durante la semana pasada luego de una reunión con parlamentarios. En la instancia, el gobernador Rodrigo Díaz dijo estar alerta por esta incertidumbre y que "hemos visto múltiples manifestaciones que nos preocupan. Sabemos que se está discutiendo una Ley de Pesca, pero no conocemos el texto de esa Ley de Pesca (…) Preocupación es lo que tenemos y, probablemente, vamos a converger en tener una conversación más amplia".
Con esto último, la autoridad hizo referencia a futuras reuniones con alcaldes de las comunas pesqueras del Biobío, a fin de definir en un cónclave qué hacer. "Vemos amenazas que podrían afectar el empleo en la Región del Biobío", aseguró Díaz.
Los avances y principios del proyecto
El seremi de Economía, Javier Sepúlveda, aborda la contingencia y advierte que en las últimas semanas el proyecto de ley ha estado pasando por una revisión intersectorial, dado que hay ámbitos de la norma que involucran a otros ministerios, como Desarrollo Social. Esa revisión previa se lleva a cabo en paralelo a un proceso de consolidación o armonización, según recalca, de tal manera de ingresarlo luego al Congreso.
"Lo importante es que este es un proyecto de ley que viene a reemplazar la actual Ley de Pesca, la cual tiene una gran connotación negativa producto de la deslegitimación que sufrió", plantea el secretario regional de la cartera, quien recuerda que la construcción de la nueva norma partió en septiembre de 2022 con talleres participativos que reunieron a todos los actores involucrados, "donde siempre mencionamos que el proyecto ya consideraba algunos principios básicos que nosotros entendemos como objetivos deseables por la sociedad".
El resguardo de los recursos marinos, la protección social de las personas dedicadas a la actividad pesquera artesanal, la promoción de una industria "pro alimentación humana", el fortalecimiento de los espacios democráticos para la toma de decisiones y el reconocimiento de la pesca artesanal son parte de estos principios.
En su análisis, Sepúlveda reconoce que el hecho de no haber cumplido con plazos comprometidos genera incertidumbre, "pero a mí no me parece cuando hay personas de la Región que especulan sin tener conocimiento respecto a los contenidos de un proyecto de ley. Se ha intentado instalar aquí en la Región que esta iniciativa viene a eliminar la industria o a perjudicarla a modo de revancha, pero eso no es cierto, porque sabemos que Biobío tiene un sector pesquero que históricamente ha funcionado a partir de la relación entre la industria y lo artesanal".
Análisis del gremio pesquero
Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, afirma que el objetivo de las empresas socias del gremio es continuar con su aporte a la dinámica económica regional, aunque para eso, indica, requieren certezas jurídicas de largo plazo que generen estabilidad y reglas claras, que fomenten el crecimiento y la inversión y, por ende, la creación de empleo y prosperidad en las zonas donde operan.
"Lo que sabemos hasta ahora es que el Ejecutivo busca promover un cambio profundo en el ordenamiento pesquero industrial, lo que por cierto nos genera incertidumbre. Nosotros estamos a favor de una nueva Ley de Pesca y que este cuerpo legal pueda mejorar las condiciones de muchos pescadores artesanales que viven en situaciones muy precarias, pero es importante entender que no se mejora al mundo artesanal desarmando a la pesca industrial y precarizando a quienes trabajamos en él", comenta.
A su juicio, parte de los puntos relevantes dice relación con que este proyecto respete las licencias de pesca, es decir, los contratos con el Estado, con una vigencia hasta 2033, los cuales están estrechamente ligados a los fraccionamientos. Agrega que alterar la institucionalidad o las "reglas del juego" generaría efectos en su sector y otras actividades económicas difíciles de prever.
Como último punto, dice que preocupa el que se quieran incorporar a la nueva normativa las licitaciones de cuotas industriales de pesca como una "innovación". "Desde el punto de vista técnico, la experiencia internacional indica que las licitaciones pesqueras donde se han utilizado -sin éxito- terminaron afectando la competitividad y la sustentabilidad de los recursos. Por ejemplo, en todos los países OCDE los derechos de pesca son asignados por historia y estos son indefinidos o periódicamente renovables. Las licitaciones sólo están reservadas para pesquerías nuevas", afirma Cepeda.
Desde el mismo ámbito industrial, el presidente del Sindicato Interempresas de Tripulantes del Biobío y representante del Personal Embarcado Industrial, Hugo Roa, expone que un punto esencial es la estabilidad laboral, "y eso sólo lo podría garantizar el fraccionamiento, algo que el ministro de Economía ha dejado entrever que podría moverse nuevamente en favor del sector artesanal, lo cual creemos que es un error".
En la otra vereda, Pablo Cofré, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales (Ferepa) Biobío, cree que este proyecto debe relevar el concepto de sustentabilidad y "defender la milla" para el pescador artesanal. A eso suma temas sociales, como un fondo de estabilización para crisis de sustentabilidad a causa de catástrofes naturales.
Otro aspecto, dice, es que los pescadores artesanales no son cotizantes y que al momento de jubilar reciben una pensión básica solidaria. Por lo mismo, piensa que se debe formular un mecanismo que permita que salgan de la indigencia, "siendo la reconversión directa y en labores necesarias para la pesca y la caleta la mejor alternativa para ellos".
Al igual que el sector industrial y el Gobierno Regional, Pablo Cofré siente que hay una gran desinformación sobre lo que será la iniciativa. "Ese es el gran punto que hay en estos momentos, y lo otro es si con esta ley la Región de Ñuble hará valer su territorio (...) La idea es que Biobío mantenga extendida su zona, o si no se creará un conflicto complicado", subraya el dirigente.