Mauricio Ávila Cárdenas

La abogada Javiera Toro tiene 35 años y es una de las pocas ministras menores que el Presidente Gabriel Boric en el gabinete. A cargo de la cartera de Bienes Nacionales, algunos de sus grandes desafíos son sacar adelante el plan de recuperación de terrenos que son fiscales y que están a cargo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, pero que están subutilizados o sin uso; o la Ley de usurpaciones, que está en su trámite final en el Congreso.

Respecto de la recuperación, la secretaria de Estado señala que "hemos iniciado desde nuestro Gobierno ya desde el año pasado un diálogo con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros con la idea de dar un mejor uso a terrenos fiscales que puedan estar subutilizados. O, derechamente, sin ningún uso".

Toro admite que "si bien no son las únicas instituciones en esa situación, sí son las que más terrenos en esas condiciones administran y, por lo tanto, la idea es poder darles esta administración más eficaz. Ese es un trabajo que estamos realizando a lo largo de todo Chile. Hay regiones o ciudades donde hay más terrenos de estas características y otros donde hay menos, pero ya hemos tenido algunos avances importantes. En la Región Metropolitana, por ejemplo, con el Regimiento Buin en Recoleta; o también en Lonquimay, en la Región de La Araucanía; o en Los Ríos, con el campo militar Valdivia; o en Punta Arenas, con parte del Regimiento Pudeto. Y seguimos en estas conversaciones, donde se están evaluando más de 20 terrenos con las distintas ramas y los que podríamos avanzar en los próximos meses", enfatiza.

-¿Cómo ha sido la disposición de las Fuerzas Armadas para esta entrega de terrenos?

-Hemos tenido un buen diálogo, un buen trabajo con las distintas ramas y especialmente con el Ejército, que es la rama que más terrenos administra y que también ha entendido que una administración eficaz de los terrenos fiscales, terrenos de todas y todos los chilenos, finalmente va al servicio de las necesidades de las personas. Esperamos poder continuar con esa disposición, porque todavía queda trabajo por delante.

-En algún momento se cuestionó el uso de terrenos para fines de lucro en las Fuerzas Armadas. ¿Eso ya quedó en el pasado?

-Comento una cosa un poco técnica, pero los terrenos de las Fuerzas Armadas se pueden administrar bajo distintos regímenes. Primero está el régimen general que se le aplica a cualquier institución pública, como el Regimiento Buin, donde el ministerio de Bienes Nacionales entrega un terreno inmueble bajo la condición de que se utilice en ciertos fines. Si ello no sucede, puede ser recuperado, ya sea a través de la puesta a disposición por parte de la respectiva institución o a través de una fiscalización del ministerio. Pero también hay otras situaciones como los patrimonios de afectación fiscal, que son patrimonios propios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y que, durante muchos años, proceso iniciado durante la dictadura militar, se traspasaron muchos terrenos del fisco. Esto ha sido cuestionado, investigado, porque fueron administrados como un patrimonio propio, y se realizaron de ventas de terrenos, en algunos casos muy emblemáticos y que hoy día está en manos privadas. Pero con el tiempo se ha ido limitando con dictámenes de la Contraloría y luego hemos puesto también algunas obligaciones de información a través de la Ley de Presupuesto 2023, que obliga a las ramas de las Fuerzas Armadas y a Carabineros a informar al ministerio para realizar alguna de estas compraventas. Esto no puede seguir como a ciegas y también nosotros hemos oficiado a todas las ramas durante este año para que informen al ministerio, que es el encargado de llevar el catastro y velar por el buen uso de los inmuebles fiscales. Estamos esperando esas respuestas.

-¿La idea es ocupar estos terrenos exclusivamente para viviendas sociales?

-Buscamos ponerlos a disposición de las distintas necesidades sociales, o sea, un buen uso. Un uso eficaz e implica que terrenos que no están siendo utilizados, que están subutilizados o que pueden tener un mejor uso, sean destinados a esto, a estas necesidades. La emergencia habitacional es hoy día por supuesto una de las principales y por eso ha sido el foco, como los mencionados en Recoleta o Valdivia. Pero también puede haber otros usos. Por ejemplo, quisiera destacar que en Antofagasta nosotros modificamos una destinación del retén del cuartel La Providencia de Carabineros para entregar la concesión para el sitio de memoria que ahí funciona, porque fue un centro de detención y tortura. Algo similar ocurrió en el ex balneario Rocas de Santo Domingo, que era parte de un patrimonio de afectación fiscal del Ejército que también recuperamos y hemos entregado la administración a la organización que va a establecer ahí un sitio de memoria y una escuela de Derechos Humanos. Algo similar ocurrió en Cerro Chena, donde hay una destinación del Ejército, pero nosotros la modificamos para que el terreno, que es monumento histórico porque fue un sitio de detención y tortura, sea destinado a la construcción de un memorial. Por lo tanto, la prioridad hoy día es la emergencia habitacional, pero por supuesto los inmuebles fiscales tienen que estar a disposición de las diversas necesidades.

-¿Estamos hablando de algunos terrenos muy bien ubicados, que permitirían integración social en caso de construirse viviendas en ellos?

-Cuando nuestro gobierno se compromete a enfrentar el déficit habitacional de más de 650.000 viviendas, es un desafío muy ambicioso, gigantesco, pero también, y el Presidente lo ha señalado, somos transparentes. Nos encantaría poder decir que esto se va a resolver en un gobierno, pero no es así y por eso también nos hemos planteado una meta que es ambiciosa, pero necesaria, como es la construcción de 260.000 viviendas.

"no queremos guetos"

"Nuestro gobierno no solamente quiere cumplir con un número de viviendas, también quiere y está comprometido con la construcción de barrios, la construcción de ciudad. No queremos generar nuevos guetos con la construcción de viviendas sociales, sino generar integración social y por eso encontrar terrenos bien ubicados es fundamental", explica la ministra.

"Una de las principales razones del déficit habitacional tiene que ver con el alto valor del suelo, entonces es muy valioso cuando hay terrenos que son fiscales y que por lo tanto los transferimos gratuitamente a servir para la construcción de viviendas", agrega.

-El Estado es dueño de un gran porcentaje del territorio nacional. ¿Cuánto está en manos de personas que se han tomado esos espacios?

-Uno de los temas que nosotros constatamos cuando llegamos al ministerio es el alto número de ocupaciones ilegales e irregulares en terrenos fiscales a lo largo de todo Chile. Estamos hablando de cerca de 7.000 inmuebles que se encuentran ocupados, contabilizando alrededor de 20.000 ocupaciones individualmente consideradas. Me gustaría aclarar que son de diverso tipo. Hay una dimensión de este problema que se relaciona también con la emergencia habitacional y por supuesto que hay personas a las que el Estado no les ha respondido a tiempo y que quizá no han encontrado otra manera de satisfacer su demanda habitacional, que, sin legitimarlo, lo entendemos; y entendemos que hay que dar soluciones de fondo como es el plan de emergencia habitacional, como es la política de campamentos del Minvu. Ahí nosotros nos ponemos a disposición de ellos.

Pero también hay otras situaciones absolutamente inaceptables como segundas viviendas en el borde costero, las tomas VIP que las llamaron, u ocupaciones de verdaderas mafias que se toman terrenos, los demarcan y los venden, entre comillas, incluso por redes sociales. Ahí se producen todo tipo de delitos y también estafas, por ejemplo, a personas que creen que están comprando un terreno y no lo están haciendo. Este es un fenómeno que ha venido creciendo durante los últimos años. Nosotros evaluamos que también por una desidia que hubo de parte del Estado se fue instalando cierta impunidad. Yo he recorrido las regiones y en particular las regiones del norte del país, que es donde hay más extensión de terreno fiscal, se ven grandes extensiones que ya están loteadas, numeradas. Por lo tanto, nos hemos propuesto actuar a tiempo, recuperar terrenos, hemos realizado desalojos y no porque sí, sino para destinarlo a un buen uso. Por ejemplo, yo hace dos o tres semanas estuve en Arica, donde habíamos recuperado una extensión importante de terrenos en un sector que se llama Quebrada Encantada y luego estuvimos entregándole ese terreno al Servicio de Salud para la construcción de un Cesfam. O sea, cuando hablamos de terrenos fiscales, terrenos que son de todas y todos los chilenos, darle un buen uso es darle un uso justo que finalmente va en beneficio social.

-A ojos del ciudadano parece demasiado fácil apropiarse de terrenos fiscales. Las mismas mafias se apoderan de lotes y, si las echan, al poco tiempo de nuevo se instalan ahí. ¿No tiene músculo el Estado para detener esto?

-Durante mucho tiempo hubo un dejar hacer que también se fue instalando esta idea de que como no pasaba nada, hay personas que se los seguían tomando. Tenemos algunos antecedentes que hemos hecho llegar al Ministerio Público justamente de mafias que se toman un lugar lo venden y luego se van a otro lugar, lo lotean, lo venden. Hay ahí un Estado que durante mucho tiempo no se hizo cargo, no desalojó, no se presentaron denuncias. Por supuesto que esto fue instalando cierta sensación de impunidad, sumado también, y es importante reconocerlo, a la situación complicada que hubo durante la pandemia. Pero también, y lo que yo puedo dar cuenta al interior del ministerio de Bienes Nacionales, es que faltan capacidades del Estado para poder enfrentarlo. Cuando llegamos al ministerio encontramos una unidad de fiscalización muy debilitada y si uno no tiene ojos en todo el territorio, es imposible ir a la velocidad de esto.

-No debe ser fácil para este Gobierno decidir cuándo actuar si hay terrenos tomados por personas sin casa.

-Hay que hacerse cargo de los problemas de fondo, entonces. Si bien nosotros no legitimamos ninguna ocupación, sí nos hacemos cargo de la realidad y hay una realidad: el ministerio de Vivienda tiene catastrados más de 1.100 campamentos, hay una situación social de personas que no han encontrado otra manera de satisfacer su necesidad habitacional. Nadie vive en un campamento por gusto y, en ese sentido, si bien en algunos casos estos campamentos están instalados en bienes fiscales, nosotros entendemos que hay que ir a una política de fondo. El ministerio de Vivienda catastra los campamentos y toma una decisión considerando las características del territorio, si está en zona de riesgo, si tiene factibilidad de conexión a servicios, y ahí se decide si un campamento se va a radicar -es decir, es necesario normalizarlo en ese lugar- o si se va a erradicar. Nosotros colaboramos con ello cuando se trata de terrenos fiscales. Por supuesto que tenemos que priorizar dónde actuar y estamos actuando en aquellos casos que no tienen nada que ver con la necesidad y las ocupaciones incipientes para que no se consoliden.

-Durante la campaña presidencial se habló de que nunca se iba a desalojar una toma. ¿Pesan ahora esos dichos?

-Nuestro gobierno en eso ha sido claro y ahí no hay una línea distinta. Por un lado, están estas situaciones que responden a una necesidad social y ahí nosotros entendemos que la manera de responder a eso es con la política habitacional, pero también hemos constatado durante este año y medio de gobierno situaciones que no tienen nada que ver con la necesidad habitacional y no hemos tenido miedo en actuar, les hemos señalado claramente a quienes creen que pueden tener su segunda, su tercera vivienda, que pueden instalar negocios, que pueden lotear y estafar en terrenos fiscales, que eso no es aceptable.

-¿Hay regiones que están más complicadas?

-El 70% de las ocupaciones que nosotros tenemos que catastrar están en las tres primeras regiones del país.

-¿Tendrá un rol su ministerio en la recién conformada Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento?

-La comisión busca poder revisar toda la situación de la demanda de tierras, poder catastrar y proponer mecanismos tanto de restitución como de reparación, y ahí el ministerio de Bienes Nacionales tiene un trabajo hace mucho tiempo. En la restitución de terrenos a pueblos originarios, en nuestro periodo de gobierno nos ha tocado eso principalmente en el norte, con el pueblo aymara, por ejemplo, y también en la regularización de terrenos sobre todo en la zona en la zona sur, así como en la entrega de terrenos y sitios ceremoniales. Estuve esta misma semana en La Araucanía entregando un título de un sitio ceremonial, así que ese es un trabajo permanente, pero en la medida en que la comisión avance, el ministerio se pone a plena disposición tanto para entregar la información respecto de los títulos que en su momento ha dado el Estado como también de la implementación de las soluciones que se propongan.