La amplia labor para la Paz y el Entendimiento
Variadas reacciones provocó el anuncio realizada por el Presidente Gabriel Boric, realizado en el Día de los Pueblos Originarios, respecto de la creación de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, una instancia que tendrá una enorme tarea y que ya desde su nombre define su fin último, no dando cabida a resultados distintos a esa definición.
Se trata de una instancia que había sido anunciada por el Mandatario el pasado mes de noviembre y que tiene como objetivo sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche contribuyendo, a su vez, a una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
El mandato presidencial para el organismo es muy específico, así como también el plazo para trabajar. Se debe determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos de reparación. En ese sentido, el trabajo de sus integrantes estará enfocado en proponer al país una solución de Estado a la demanda de tierras, por una vía institucional que cuente con el apoyo de un amplio espectro político, social y empresarial.
Las ocho personas que conforman la comisión fueron seleccionadas por diversos criterios y -dos de ellas fueron propuestas por el Gobierno Regional de Biobío y de La Araucanía, según informó el propio Gobierno. Así, a nivel regional se cuenta con dos representantes, que son Gloria Callupe Rain, trabajadora social y académica, además de encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío y Adolfo Millabur Ñancuil, exalcalde de Tirúa y exconvencional, de extensa experiencia como dirigente social y político en distintas organizaciones mapuches.
La comisión tiene como plazo de entrega de resultados fines del próximo año, para lo cual se trazó un exigente camino. Por ello, con el fin de ofrecer una base de conversación y garantías a los distintos actores, existirá un equipo de expertos y expertas en materia de tierras, derechos de los pueblos indígenas, realización de catastros y calificación de antecedentes ad hoc, que acompañará técnicamente la labor de comisionados. El grupo se constituirá a través del consenso de los propios comisionados y la secretaría ejecutiva.
Las tareas definidas son amplias y requerirán un intenso trabajo en el plazo otorgado para su funcionamiento, que en la práctica será alrededor de un año y medio de labor. Según lo informado, la comisión deberá sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuches, así como también revisar las experiencias internacionales buscando las mejores alternativas que puedan contribuir a su resolución en nuestro país.
En este punto, la reciente visita realizada por una comitiva del Gobierno Regional a Nueva Zelanda asoma como una de las acciones realizadas con este objetivo, ya que en el grupo de visitantes se encontraban tanto Gloria Callupe, como el exministro Alfredo Moreno, otro de los integrantes de la instancia.
La comisión también deberá establecer un canal de diálogo con los distintos actores involucrados en estas materias como gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades, gremios empresariales, agricultores, víctimas de la violencia y ciudadanía en general.
Además, elaborará una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existente, diversificando mecanismos de reparación, produciendo mejoras y modificaciones legislativas e institucionales necesarias para esa tarea.
Otro tarea será promover iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, una propuesta de reparación integral a todas las víctimas, como también la incorporación de elementos que mejoren la vida y el desarrollo de todos los habitantes de las zonas involucradas. Por último, y no menos importante, es que deberá establecer un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las comunidades mapuche que permita conciliar las expectativas que hoy se tienen en cuanto a reparación, con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer. Este acuerdo preliminar también debe ser dialogado con las distintas fuerzas de representación política y actores sociales regionales buscando un consenso transversal que haga viables las reformas necesarias.
Todo lo realizado será consolidado a través de un informe que se entregará al Presidente de la República y al Congreso, con el fin de avanzar en las modificaciones institucionales y de la legislación requeridas. Solo una vez aprobadas las reformas la comisión termina su cometido y comienza la etapa de la implementación de las medidas. En el inicio de esta tarea, la comisión enfrentará un trabajo arduo y complejo, que no sólo será seguido atentamenta por los distintos sectores políticos, sino que sin duda por la historia, que le dará cabida a sus resultados.
Las ocho personas que conforman la comisión fueron seleccionadas por diversos criterios y -dos de ellas fueron propuestas por el Gobierno Regional de Biobío y de La Araucanía, según informó el propio Gobierno.