Piden restituir decreto de estado de excepción en comunas afectadas por últimos incendios
La alcaldesa de Santa Juana señaló que no sólo se perdieron recursos humanos y materiales, sino que también las compras públicas. La prioridad, dijo, es pasar el invierno.
El estado de excepción contitucional de catástrofe en las regiones del Biobío y Ñuble permitió otorgar una serie de recursos humanos y materiales para enfrentar los daños que dejaron los megaincendios forestales en febrero pasado. Fue declarado el pasado 3 de febrero, mediante el Decreto 50 del Ministerio del Interior, por un plazo de 30 días, y fue prorrogado bajo la misma modalidad hasta el 3 de junio.
El término de la vigencia implicó la pérdida de dichos recursos y de la posibilidad de acelerar las compras públicas relacionadas a la emergencia. La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, advirtió, por ejemplo, que no será posible atravesar la temporada más crítica de invierno sin dichas ayudas, por lo cual solicitarán la reposición de la excepción constitucional.
Desde la Delegación Presidencial Regional indicaron que el apoyo en la comuna se mantendrá, sin necesidad de restablecer la medida, pues además se encuentra vigente el Decreto 51 que coordina una serie de apoyos para las zonas afectadas por la catástrofe. No obstante, las medidas que se implementen dependerán de una coordinación con las máximas autoridades regionales, cuya fecha de concreción aún no está definida.
El levantamiento del estado de catástrofe implicó dos principales pérdidas para la comuna. Una supone recursos humanos y materiales. En concreto, apoyo militar y ocho personas de la Delegación que apoyaban en labores de traslado de alimentos y otros trabajos, así como camionetas para adentrarse en zonas complejas. También existe un factor administrativo, pues bajo esta excepción constitucional es posible acelerar ciertas compras públicas saltándose algunos procesos, como es el caso de una licitación.
Asimismo, la principal dificultad del municipio se concentra en la accesibilidad al agua, pues la geografía del terreno complejiza su distribución. "Estamos repartiendo agua en camiones aljibe, pero de aquí a tres meses más no tenemos los sistemas funcionando. Tenemos camiones, pero necesitamos camionetas", manifestó la jefa comunal.
Sumado a la llegada del invierno y las bajas temperaturas, entre los riesgos principales se consideran filtraciones de lluvia en viviendas y establecimientos educacionales, y deslizamientos del terreno por erosión tras los incendios forestales. "No hemos visto que se hayan mantenido los recursos que estaban cuando había estado de catástrofe. Necesitamos recursos que son mínimos, por lo menos hasta que pase el invierno", añadió.
Próximas gestiones
En ese sentido, se cumplirían los requisitos legales, tanto doctrinarios como jurídicos que permiten restituir la excepción constitucional. La alcaldesa señaló que "enviamos un oficio a la ministra de Defensa para pedir que nos mandara personal del Ejército, y pedimos también que mantuviera el estado de catástrofe. Estamos a la espera de la resolución de esa solicitud".
Esto, como parte de las gestiones que se están ejecutando en la comuna para solicitar apoyo.
Por su parte, la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, sostuvo que "luego de cuatro meses de estado de catástrofe hemos avanzado hacia una nueva etapa de superar la emergencia. Como gobierno tenemos las herramientas para hacer frente a este proceso a través de contratación de servicios y cobertura de ayudas tempranas comprometidas".
Cabe destacar que aún se encuentra vigente en la zona el Decreto 51, que declaró a Biobío y Ñuble como zonas afectadas por catástrofe, lo que permitiría dar curso a ciertos procesos administrativos y además ordena el apoyo de servicios públicos tras la emergencia forestal.
Pese a ello, las acciones que se tomen dependerán de lo que se coordine dentro de las próximas semanas con las autoridades, pues la alcaldesa de Santa Juana solicitará una reunión con la delegada presidencial y el gobernador regional Rodrigo Díaz para solicitar la reposición del estado de catástrofe, o bien llegar a un acuerdo conjunto que permita restituir las ayudas perdidas.